CARACAS.- El Estado venezolano intensificó su aparato represivo y reactivó “una modalidad más dura y violenta” contra opositores o disidentes tras las elecciones presidenciales de julio, dijo la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones de derechos humanos, en un informe divulgado el martes.

La misión dijo en el documento que las autoridades venezolanas llevaron de manera “consciente y planificada” acciones para desarticular y desmovilizar a la oposición, para inhibir la difusión de información independiente, las opiniones críticas, así como para impedir las protestas pacíficas.

“Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, citada en un comunicado de prensa.

Las autoridades electorales y el máximo tribunal de Venezuela dijeron que el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones, sin divulgar la totalidad de las actas de votación. Mientras, la oposición dijo que sus recuentos muestran una victoria de Edmundo González, quien este mes solicitó asilo político en España, luego de la emisión de un orden de captura en su contra.

Después de las elecciones se registraron protestas en las que hubo 25 fallecidos, según organizaciones no gubernamentales y 2400 detenidos, de acuerdo con voceros oficiales.

Además, la Misión obtuvo información sobre la detención de 158 menores (130 niños y 28 niñas) después de las protestas, que fueron acusados de graves delitos como terrorismo. Según la información recibida, algunos tienen discapacidades- y algunas niñas que fueron sometidas a “vejaciones sexuales durante su presidio”.

“La protesta contra los resultados electorales anunciados por las autoridades y la respuesta represiva del Estado marcaron un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho. Los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo”, dijo la misión independiente de Naciones Unidas.

El informe señaló que la “represión” a las manifestaciones ha generado “un clima de miedo generalizado en la población” y además forma parte de una política para “silenciar, desalentar y anular la oposición”.

Además, se intensificaron las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo violencia sexual y de género.

El gobierno de Maduro ha culpado a la oposición de las muertes en las protestas y ha calificado a los manifestantes de “extremistas” y “fascistas”.

La misión dijo que 24 de las 25 muertes fueron causadas por heridas de arma de fuego, la mayoría en el cuello.

Mencionó que las detenciones en el marco de una operación denominada “Tun Tun” -que toca las puertas de las casas de opositores o disidentes- afectaron a ciudadanos comunes de los barrios pobres.

Según el informe, aumentaron las alegaciones de “desapariciones forzadas” no observadas desde 2019, así como las denuncias de tratos crueles y torturas.

Torturas y violaciones

“Los métodos de tortura utilizados en los casos investigados incluyeron puñetazos; golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, y descargas eléctricas, incluidos en los genitales. Otros métodos registrados fueron la asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación de sueño a través de iluminación y/o música con volumen alto las 24 horas del día”, leyó Patricia Tappatá, una de las integrantes de la Misión.

El reporte recomendó al gobierno a investigar sobre el “uso abusivo” de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados en las protestas.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la misión de investigación sobre Venezuela en 2019, cuyo mandato se extendió hasta septiembre de este año. Los tres integrantes son Patricia Tappatá, experta argentina, Marta Valiñas, presidenta de la Misión, y Francisco Cox, experto chileno.

La misión concluyó que algunas de las violaciones investigadas podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Agencias AP, AFP y Reuters