Vecinos autoconvocados en Recoleta denuncian que la militancia afecta la sanidad y seguridad del barrio

La intersección de las calles Uruguay y Juncal en Recoleta es, desde el último lunes, territorio marcado. Después de que el fiscal Diego Luciani pidiera para Cristina Kirchner una condena de doce años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la militancia se apostó frente al domicilio de “la jefa”. El reducto de cientos de personas instalado en el barrio porteño transformó la cotidianidad de los vecinos, que ahora se autoconvocaron para exigir una solución.

“Se siente una desprotección y un desamparo absoluto”. Así lo define Lucio, un abogado de 43 años quien solicitó preservar su apellido a LA NACION. Se trata de un vecino de la zona, quien esta mañana escribió una carta que describe la realidad que aqueja a vecinos y comerciantes desde hace más de 120 horas. La convocatoria se encendió en cadena al pasar las horas.

El objetivo, precisó Lucio, es la unión de muchos en bloque para ejecutar un reclamo. “El ritmo de vida y la seguridad en el barrio se han visto totalmente afectados”, describió en una misiva que difundió esta mañana, que ya logró la adhesión de media decena de comercios y docenas de vecinos en las manzanas.

“Son muchas las cosas que se viven a diario”, detalló el letrado, quien comenzó a enumerar: “El tráfico cortado durante gran parte del día, aun en momentos en los que la cantidad de gente allí reunida no lo amerita”.

Cuando el sol empezó a caer en Recoleta, el número de militantes comenzó a aumentar el viernes por la tarde. La escena parece haber evolucionado desde el lunes, con hasta la presencia de vendedores de merchandising con la cara y leyendas de la vicepresidenta. “A $1500 cada una”, ensalzó el vendedor, quien se enorgullece por haber vendido más de dos mil desde la asunción de Alberto Fernández a la presidencia.

“Los colectivos se ven obligados a cambiar su recorrido, los peatones no podemos caminar libremente y no es seguro circular entre los manifestantes con nuestros hijos menores o durante la noche”, siguió.

Así, Lucio también describió que gran parte de los manifestantes pasan horas sentados en las veredas comiendo y tomando. “Consumen alcohol -además de otras sustancias- y hacen sus necesidades en la calle”, protestó el hombre que denunció la inacción de autoridades en la materia.

En su charla con este medio, Lucio enfatizó que su reclamo no está vinculado al color político de la militancia. “Esto no es ni en contra ni a favor de Cristina Kirchner. Estamos acostumbrados a las movilizaciones”, aclaró, y siguió: “Pero nunca se extienden durante más de unas horas. Ahora somos rehenes”.

En el puñado de arterias que nacen de la intersección de Juncal y Uruguay se encuentran tres jardines maternales, tres colegios y al menos un geriátrico. Si bien la zona es conocida por su tranquilidad, se trata de un foco neurálgico de movimiento para las familias, especialmente durante el día.

“Se pone en riesgo la seguridad de los cientos de niños”, considera Lucio, quien enfatiza: “Los transportes escolares no pueden circular por la zona, lo que obliga a los chicos a atravesar a pie las manifestaciones”.

Según fuentes de la Policía de la Ciudad, muchos vecinos de la zona -no quisieron precisar un número- han reclamado a autoridades por algún tipo de intervención que les devuelva la normalidad. Al ser consultados por si hay algún plan de ejecución en mente, la respuesta fue categórica: “No hay nada seguro aún”.

En las últimas ahora, se sumó la presencia de funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control (AGN) de la Ciudad de Buenos Aires. Su rol, de acuerdo explicaron a este medio, es custodiar que no se instalen improvisadas parrillas en la zona, una postal repetida en las últimas noches. “La Policía es la que hace los desalojos”, se despega una agente.

Luchi, dueña de un comercio a pocos metros de lo de Cristina Kirchner, contó a LA NACION los padecimientos que ha sufrido. Según una estimación rápida, ya ha perdido unos 200.000 pesos en facturación, y a eso suma unos $10.000 de mercadería con vencimiento, como el pan.

“No son violentos, pero nadie quiere entrar a un comercio si la puerta está ocupada por gente echada”, señala la mujer, acompañada por su madre que lamenta las pérdidas del emprendimiento de su hija. “Pero tienen que entender que esto es una zona residencial, no el Congreso de la Nación ni la avenida 9 de julio”, enfatiza la comerciante.

En la esquina que atraviesa en diagonal al edificio donde vive Cristina Kirchner, un café trabaja sin parar. Sobre una barra charla un grupo de militantes peronistas, jóvenes y adultos mayores. “Vamos a bancar a Cristina Kirchner hasta que se haga Justicia”, aseguran. ¿Hasta cuándo se quedarán allí? “Hasta que sea necesario”, limitaron.

Según informó la militancia presente a este medio, este fin de semana está previsto un despliegue aun mayor, incluso de una feria de la economía popular. “Lo organizan todos los fines de semana, y este salió sorteado Recoleta”, dijo jocoso un militante.

En este contexto, los vecinos no visualizan el barrio liberado en el corto plazo. “Siempre fue un barrio que caracterizó por tener una tranquilidad muy particular, y ahora esta situación alteró de la noche a la mañana el estilo de vida y el ritmo”, observó Lucio. “Queremos que alguien haga algo por el bienestar de las familias que vivimos en el barrio y el interés económico de los negocios”, enfatizó.