En vísperas de la publicación del “plan B”, 2 mil 175 plazas del INE están por desaparecer: funcionarios temen por su futuro

La reforma al sistema electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador dará un golpe a la estructura organizacional del Instituto Nacional Electoral (INE), al eliminar plazas de las 32 Juntas Locales Ejecutivas y las 300 Juntas Distritales Ejecutivas, órganos encargados del desarrollo de los procesos electorales en el país.

Según estimaciones de consejeros del INE, el también conocido como “plan B” suprimirá el 85% de las plazas adscritas al Servicio Profesional Electoral Nacional; es decir, de las 2 mil 571 plazas del SPEN, se estarán perdiendo 2 mil 175.

La reforma aprobada por el Congreso —que será impugnada por el INE ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)— elimina las 300 Juntas Distritales, conformadas actualmente con cinco vocalías cada una: Ejecutiva, Secretarial, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Organización Electoral y Registro Federal de Electores. 

Y, en lugar de esos 300 cuerpos colegiados, se propone que exista una Oficina Auxiliar ocupada por una sola persona (vocalía operativa), que tendría bajo su responsabilidad las tareas de las cinco vocalías actuales.

En cuanto a las 32 Juntas Locales Ejecutivas, estas se compactan de cinco a tres vocalías, eliminando 262 plazas, 96 de ellas del SPEN.

Estas juntas son las encargadas de implementar los programas del INE y desarrollar las diversas actividades previas a la jornada electoral. Se responsabilizan de la actualización del padrón, el diseño de la cartografía y la logística electoral, fomentan la educación cívica, monitorean las pautas en los medios de comunicación, revisan el padrón de personas afiliadas a partidos, emiten la certificación de sus asambleas constitutivas, hacen registro de candidaturas y cómputos distritales, y procesan las quejas en temas como fiscalización y violencia política contra las mujeres en razón de género.

Entrevistados sobre esta reforma, vocales distritales del INE alertan sobre la imposibilidad para el instituto de implementar los programas, atender las demandas ciudadanas y desarrollar los comicios. 

Esta caída en la calidad de los procedimientos —señalan— se traduciría en impugnaciones masivas en los procesos electorales, causales de nulidad y conflictos políticos. Finalmente, advierten que, en caso de ser despedidos, interpondrán juicios de amparo contra el “plan B”, por la violación de sus derechos laborales.

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Jesús Marín: el vocal que encaró a AMLO

Jesús Marín se sentía presionado porque sabía que el domingo 6 de junio de 2021 confrontaría al hombre más poderoso de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Consejo Distrital 12, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc, le asignaron la encomienda más delicada del arranque de la jornada del proceso federal electoral 2021: lograr que López Obrador usara cubrebocas al emitir su sufragio.

Días antes, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, solicitó a la Junta Distrital 12 acudir a la casilla que se ubicaría en el Museo de la Secretaría de Hacienda (SHCP), antes conocido como el Antiguo Palacio del Arzobispado, para instrumentar personalmente los protocolos de seguridad sanitaria diseñados por el INE para las elecciones, y asegurarse de que el primer mandatario los siguiera fielmente.

Los funcionarios electorales temían que el desdén del presidente hacia los protocolos sanitarios fuera replicado por sus simpatizantes, en medio de la pandemia de COVID-19.

La calle de la Moneda, en el Centro de la CDMX, estaba cerrada al tráfico vehicular la mañana del 6 de junio de 2021. Los vecinos esperaban, uno detrás de otro, para emitir su sufragio en la casilla instalada, que solo abriría hasta la llegada de López Obrador. 

Una hora más tarde, a las 9:00 horas, López Obrador apareció acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müeller, en la puerta gigante de madera del museo, cuando Jesús Marín, aún con nervios, le obstruyó el paso y se le plantó de frente, cara a cara, y le condicionó la entrada a la casilla: solo le permitiría el paso si portaba cubrebocas, y le ofreció tres, de distintos colores.

López Obrador acató la orden. Sin emitir queja, abrió su saco negro y del bolsillo tomó una mascarilla azul. Un acto inusual, debido a que el presidente se había negado a usar cubrebocas durante toda la pandemia, salvo cuando viajaba en avión. 

El presidente entró a la casilla, emitió su sufragio y, al salir, gritó “¡Viva la democracia!” y mostró a los medios de comunicación el pulgar ensombrecido con tinta negra.

Esta es solo una de las innumerables labores que Jesús Marín ha realizado dentro del INE durante los últimos 10 años. Actualmente, se desempeña como vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta Distrital Ejecutiva del Distrito Electoral 12, que corresponde a la alcaldía Cuauhtémoc e incluye la residencia del presidente.

En los últimos seis años, se ha dedicado a capacitar a la ciudadanía y organizar los procesos electorales en una de las demarcaciones más complicadas del país. La alcaldía Cuauhtémoc es una zona urbana dedicada principalmente al comercio, en la que la mayor parte de sus habitantes rechaza la oportunidad de participar en las jornadas electorales en su día de descanso laboral; además, tiene una alta demanda de solicitudes de información al padrón electoral por parte de las instituciones del Poder Judicial, que tienen sus oficinas en dicha demarcación. 

En el proceso electoral de 2021, se instalaron en el distrito 524 casillas, pero ahora con la redistritación posiblemente se incrementen hasta 650.

“Su contexto social, económico, es muy variado. La zona del comercio a veces nos pone un poquito en dilema, en el sentido de que la gente tiene sus domicilios ahí, pero no viven. Ahí tenemos otras áreas que desde el fenómeno natural del 2017 han sido afectadas: Roma, Condesa, un poquito la Juárez, San Rafael, en las cuales todavía tenemos gente que tiene su domicilio ahí, pero ya no están en los edificios o condominios”, describe.

Este distrito electoral también abarca colonias de alta incidencia delictiva, como Doctores, Centro, Guerrero y Buenos Aires, a las que el personal acude a realizar recorridos de verificación de domicilios, capacitar ciudadanos y promover actividades cívicas; también realiza estudios que permitan tener el “pulso” de la sociedad, como dice el vocal.

Para el próximo proceso electoral de 2023-2024 —en el que se realizarán comicios simultáneos: a nivel federal, con la renovación de la Presidencia y el Congreso, y a nivel estatal, con el cambio en la Jefatura de Gobierno, las 16 alcaldías y el Congreso local—, el órgano electoral arrancó los trabajos preparativos desde un año antes, detalla el capacitador.

Todas estas tareas solo tienen un fin común: que los ciudadanos elijan a sus representantes y gobernantes sin ningún incidente.

Desde la oficina ubicada en Fray Servando de Mier, en la colonia Centro, Jesús Marín ha participado en el desarrollo del proceso electoral federal 2017-2018, en el que López Obrador ganó la Presidencia; en el proceso electoral federal 2020-2021, en el que se renovó la Cámara de Diputados, y en la consulta popular de 2021 y la revocación de mandato de 2022.

El “plan B” de López Obrador tendrá repercusiones en el proceso electoral 2023-2024, el más grande de la historia.

“La estructura que tiene el instituto está debidamente establecida para recibir la votación de manera correcta, de manera apegada a los principios rectores del instituto y, si reducimos esto, es quitarle una pieza a esta maquinaria. La implicación es que no se tenga una elección como debe ser”, vaticina Jesús.

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El área de capacitación, de la que es responsable, actúa de manera directa una vez iniciado el proceso electoral, pero debe realizar varios trabajos previos, que van desde el diseño de los materiales para la capacitación hasta la visita a las miles de personas sorteadas conforme a la letra de su primer apellido y su mes de nacimiento.

“Si nada más dejan algún elemento en las Juntas Distritales, no se va a dar abasto para realizar todas las actividades, o definitivamente no se van a hacer; se trata de actividades que son importantes por mandato constitucional”, añade.

Otros riesgos que enlista el vocal son que las oficinas de órganos electorales se transferirán a áreas de gobierno y peligraría el resguardo de los datos personales de los ciudadanos.

María Castillo: de la resistencia al amparo

La oficina de la Junta Distrital Ejecutiva correspondiente al Distrito Electoral 21, ubicado en Ampliación Tepepan, Xochimilco, está en penumbra. La escasa luz que se filtra por las ventanas apenas deja al descubierto la mesa larga y vacía en la que ocasionalmente sesiona el consejo.

El ambiente es lúgubre, como si la incertidumbre hubiera trastocado la cotidianidad. Los trabajadores del INE se mantienen ocupados en sus labores, algunos teclean en sus computadoras y otros más salen a presentar notificaciones. A los trabajadores les preocupa perder su empleo con la puesta en marcha de la nueva reforma electoral.

En los pasillos, se asoma María Castillo. Inquieta, camina de una oficina a otra, mientras sostiene una hoja blanca. La vocal secretaria de la Junta Distrital Ejecutiva es otra de las personas del servicio profesional del INE que podrían quedarse sin empleo.

En los últimos 35 años de su vida, se ha especializado en el desarrollo de procesos electorales y en la operación de instituciones públicas; ahora, con 55 años de edad y un título como maestra en Instituciones y Procesos Electorales emitido por la Universidad Autónoma de Nuevo León, se le escapa la oportunidad de jubilarse como servidora electoral. 

Cree que difícilmente podrá insertarse en el mercado laboral porque no podría aplicar sus conocimientos en la iniciativa privada. Ante la incertidumbre que le ha ocasionado este cambio legislativo, la también abogada prevé interponer un amparo.

“Encontrar un empleo a esta edad, en estas condiciones, es difícil. Para mí, la reestructuración sí genera que yo tenga que salir (del INE); además, las condiciones en las que nos encontramos a nivel del país son muy complicadas. No hay certeza jurídica en la materia laboral y eso eminentemente genera un estrés laboral. Yo veía de mis compañeros que se están enfermando por la falta de certeza en el sentido de ¿qué va a pasar con cada uno de nosotros?”, plantea.

La lista de actividades que realiza el personal adscrito a la Junta Distrital Ejecutiva de Xochimilco es vasta, desde la actualización de la cartografía electoral, interponer juicios en contra de partidos por afiliación indebida de ciudadanos, celebración de sesiones en el consejo y el desarrollo de procesos electorales.

La geografía del Distrito Electoral 21 es complicada, incluye la zona urbana de la delegación Xochimilco y la semiurbana de Milpa Alta. Los altos índices delictivos, en algunas ocasiones, han dificultado las labores que realizan los trabajadores; sin embargo, su extensión, como uno de los distritos más grandes en la CDMX, posiblemente acumulará 358 casillas en el próximo proceso electoral.

A María Castillo le parece imposible que este cúmulo de responsabilidades que realizan alrededor de 30 personas ahora puedan ser atendidas por dos, el vocal operativo y su auxiliar.

Menciona que el personal adscrito al INE realiza cada tarea apegada a normas y reglamentos. Así, la calidad de dichas actividades podría verse demeritada ante la excesiva carga laboral que asumirá un reducido grupo de personas.

Laura Campos: “las disputas electorales podrían alcanzar hasta los balazos”

A Laura Campos le preocupa que el sistema electoral falle con la implementación del “plan B”. Ha imaginado escenarios que estaban casi desterrados en el desarrollo de los procesos electorales: que las casillas se coloquen en sitios no autorizados, que los funcionarios de casilla no estén capacitados, que el padrón electoral tenga errores. 

Y que estos casos deriven en impugnaciones interpuestas por los candidatos que no reconocen los resultados de la jornada electoral y que, finalmente, recurran a los balazos para dirimir esas diferencias.

Esta escena catastrófica mencionada por la vocal de Capacitación Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva, correspondiente al Distrito Electoral 1, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, tiene antecedentes en México. Y la reforma electoral promovida por el presidente podría ser el detonante para repetir dicha circunstancia.

“Si (el sistema) electoral falla, pueden pasar ‘n’ cantidad de cosas que ya hemos vivido, que lamentablemente ya han pasado, que las cosas se resuelven a balazos. A mí me preocupa eso porque yo amo profundamente a este país, independientemente si me quedo con trabajo o no. ¿Y luego qué va a pasar con la estabilidad política y económica de este país? Porque eso tiene mucho que ver. Y si hay una desestabilidad política, hay una desestabilidad económica”, alerta. 

La funcionaria electoral recuerda que el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) —ahora INE— nació en 1990 con la intención de restituir la confianza ciudadana en los comicios y, por eso, implicó crear un sistema en el que los ciudadanos cuentan los votos de sus vecinos. 

Laura Campos teme que la imparcialidad del árbitro electoral se pierda y las nuevas oficinas de los órganos locales y auxiliares se localicen en edificios de la administración pública federal o estatal.

“Siempre hay que procurar uno de los principios del INE, que es la imparcialidad, siempre hacer una distancia. Nosotros somos el árbitro, no podemos estar cerca de los jugadores porque, si la oficina de gobierno pertenece a un partido o pertenece a otro, pues obviamente el de enfrente se va a inconformar”, dice.

El Distrito Electoral 1 es uno de los más accidentados del país debido a que los habitantes viven en los cerros. Y, para trasladarse a la Junta Distrital Ejecutiva a realizar un trámite, como cambio de domicilio o el extravío de su identificación, solo tienen una ruta que les toma alrededor de 40 minutos a través de Cuautepec. 

Las personas que viven en la zona alta de la alcaldía Gustavo A. Madero demoran alrededor de 40 minutos de su casa a la junta. Esta es la oficina de representación que tiene el INE en esta demarcación. Con la implementación del “plan B”, si se sustituyeran las tres juntas distritales ejecutivas por una, significaría que el ciudadano desembolsara más dinero e invirtiera el doble del tiempo para realizar dicho trámite. O peor aún: tendría que viajar a otras representaciones del INE en el Estado de México, quizá hacia Ecatepec, Coacalco, Tultitlán o Tlanepantla, plantea Laura Campos.

La vocal considera que es imposible que el próximo vocal operativo atienda todas las necesidades del distrito, que van desde actualización de la cartografía y entrega de credenciales hasta la planeación de la logística y organización de los comicios.

Por ello, expresa que se debería repensar la reforma electoral para definir cuáles son los cambios que requiere el sistema electoral. 

“Hay que pensar bien qué otras cosas se deberían hacer. Porque se necesita una Junta Distrital por cada número de personas, necesitamos módulos de atención ciudadana, que les queden cerca a la población. Si se reduce el número de distritos, ¿cómo van a garantizar que todas las personas sean representadas de la misma manera? Todo eso hay que cuidarlo, yo creo que hay que cuidar los métodos, hay que cuidar la legitimidad que ha dado el INE”, señala. 

Jesús Robledo: los últimos comicios antes del “plan B”

La carga de trabajo asignada al personal del Consejo Distrital 4, ubicado en Saltillo, Coahuila, es extenuante. 

Los trabajadores del servicio profesional electoral nacional realizan diferentes tareas para organizar el actual proceso electoral estatal 2022-2023, en el que se renovarán la gubernatura del estado y 25 diputaciones en el Congreso local. 

Quizá estos sean los últimos comicios en los que se aplicarán las reglas del actual sistema debido al “plan B”.

La mayor carga laboral del Consejo Distrital se concentra en la organización de la elección: el personal visita los domicilios para verificar que cumplen con las características legales para la instalación de las casillas, como tener espacio suficiente para albergar a la mesa directiva, las mamparas y las urnas; además, realizan las gestiones necesarias con los propietarios para obtener los permisos. 

En medio de la polémica por estos cambios legislativos, los trabajadores del Consejo Distrital visitan a más de 40 mil ciudadanos, quienes salieron sorteados para fungir como funcionarios de casilla.

“Es un trabajo muy arduo que se realiza a través de un capacitador y supervisor. Para este proceso, se contrataron 113 personas capacitadoras, son las personas que la gente identifica con nuestros chalequitos en la calle”, detalla Robledo.

Simultáneamente, los vocales del Consejo Distrital atienden las denuncias que presentan los ciudadanos y partidos por posibles delitos electorales. Sin embargo, estas múltiples actividades que hoy realiza el personal del servicio profesional se verán afectadas con la implementación del “plan B” impulsado por el presidente López Obrador. 

En el futuro, alerta el vocal, las personas que se integren carecerán de preparación para el desarrollo de los comicios.

“Las personas que se lleguen a incorporar no tendrán la experiencia necesaria para poder realizar el proceso y eso puede traer consecuencias de delitos postelectorales producto del descontento de los resultados electorales. Además, existe también el riesgo de que no podamos cumplir adecuadamente con los tiempos establecidos en el proceso electoral, hay disposiciones que mandatan la reducción de tiempo en la capacitación electoral y la disminución de ciudadanos que nosotros tendríamos que visitar”, expone.