¿Usó un comisionado la aplicación del código como arma para perjudicar a negocios de La Pequeña Habana? El juicio empieza el lunes

Si hemos de creer a Bill Fuller, la decisión que tomó hace seis años de apoyar a un asistente legislativo relativamente poco conocido que enfrentaba a Joe Carollo provocó tal enojo en el veterano comisionado de Miami que ordenó a los investigadores de la aplicación del código de la ciudad que “persiguieran”, penalizaran y cerraran los negocios de Fuller.

Según Fuller, las represalias de Carollo acabaron costándole $27.9 millones a cuatro empresas en las que tenía intereses. La demanda contra el comisionado reclama $2.5 millones, así como daños punitivos.

“La expectativa es que sea tan escalofriante para él o para cualquier legislador que, en última instancia, nadie querrá volver a hacerlo”, dijo Fuller.

En una demanda civil prevista para comenzar a ventilarse el lunes, los abogados de Fuller argumentarán que el comisionado emprendió un ataque desquiciado para destruirlo después que el empresario apoyara a Alfredo “Alfie” León una noche en el popular club nocturno de Fuller en La Pequeña Habana, Ball & Chain. León —socio de un bufete de abogados y ex asesor político del hermano menor de Carollo, Frank Carollo, cuando era comisionado de Miami— perdió las elecciones en una segunda vuelta.

La demanda de Fuller y su socio Martín Pinilla afirma que, incluso en la victoria, Joe Carollo no lo dejó pasar. Y el ex administrador de la ciudad de Miami los respalda. En una declaración jurada tomada hace dos años pero presentada ante el tribunal como evidencia en octubre de 2022, Emilio González dijo que poco después de ser contratado, Carollo lo convenció para que diera un paseo a medianoche por el distrito comercial de La Pequeña Habana, donde rápidamente se centró intensamente en los negocios propiedad de Fuller, el mayor propietario del barrio.

González dijo que a Carollo no le gustaban los murales ni las obras de arte. Algunos negocios hacían demasiado ruido, se quejó, y los vecinos siempre se quejaban de la situación del estacionamiento. González también dijo que fue presionado por Carollo para instruir a la aplicación del código que investigara al club nocturno de Fuller.

“Era muy evidente que los señores Fuller y Pinilla estaban en el punto de mira del señor Carollo”, dijo González en la declaración. González dimitió bajo fuego en 2020, llamando a Carollo y al resto de la comisión “un circo”.

El juicio del lunes viene de lejos. Fuller presentó la demanda en 2018. Tres años después, el juez federal Rodney Smith falló que el caso podía ir a juicio porque Carollo, como funcionario electo, no debería haber estado dirigiendo las operaciones de aplicación del código. Carollo recurrió entonces al Tribunal Federal de Apelaciones, argumentando que tenía derecho a un privilegio especial conocido como “inmunidad calificada”, que protege a los funcionarios públicos de demandas cuando están haciendo su trabajo. El tribunal no concordó. Y la Corte Suprema federal se negó a escuchar el caso.

Carollo, que ha sido altisonante y franco en prácticamente todas las paradas de su tumultuosa carrera política, que dura ya cuatro décadas, se negó a hablar del caso con el Miami Herald en los días previos al juicio. León, su antiguo oponente en la Comisión municipal, también se negó a hacer declaraciones. El abogado de Carollo, citando la orden del juez Smith de limitar lo que se dice a los medios, dio una respuesta repetitiva a las preguntas sobre el caso.

“Él [Carollo] está deseando que empiece el juicio el lunes y tener por fin su día en los tribunales”, dijo el abogado Ben Kuehne. “La presentación ante el tribunal refleja que el comisionado niega las acusaciones y confía en que esta postura se mantenga”.

La demanda denuncia una ola de ataques

La demanda de 48 páginas de Fuller incluye una larga lista de acusaciones a Carollo de intentar dañar el nombre y la reputación del empresario. Califica la supuesta venganza del comisionado de “represalia sin control y venganza política” a una escala que “llevaría a Estados Unidos por el camino de Cuba y Venezuela en la actualidad”.

Según Fuller:

▪ Una semana después de la victoria de Carollo en la segunda vuelta electoral de 2017 sobre León, el comisionado ordenó a la Policía, los bomberos y los funcionarios de Construcción que allanaran el Sanguich de Miami en La Pequeña Habana, donde Fuller y Pinilla eran propietarios e inversionistas.

▪ Un mes más tarde, trató de suspender la fiesta de Navidad de Fuller en el club nocturno Ball & Chain, exigiendo que la aplicación del código lo cerrara por falta de un permiso especial.

▪ Luego Carollo forzó el cierre de otra fiesta de Fuller, la del aniversario de la cervecería artesanal Union Beer. Fuller y Pinilla son propietarios y socios de la empresa.

▪ Después de eso, según la demanda, Carollo empezó a acosar al negocio principal de Fuller, el Ball & Chain, que tiene con dos amigos. Fuller dice que Carollo afirmó estar participando en una “investigación oficial” cuando lo vieron fotografiando autos en el estacionamiento del valet. Después, según Fuller, convenció a los vecinos para que presentaran quejas por ruidos.

También dio órdenes de cerrar la Domino Plaza, donde Viernes Culturales celebra su festival mensual, que preside Fuller. Al final creó su propia agencia para arrebatar el control de los eventos a la iniciativa cultural del barrio.

La demanda contiene incluso una declaración jurada del ex asistente de Carollo Steve Miró, quien dijo que su antiguo jefe le presionó para que mintiera a los investigadores éticos sobre los problemas del código. Miró dijo a los investigadores que Carollo quería que dijera que había quejas anónimas sobre el código, aunque no las hubiera.

Carollo ha negado todas esas afirmaciones.

Selección del jurado

El lunes comienza la selección del jurado en el nuevo tribunal federal de Fort Lauderdale ante el juez Rodney Smith. El primero de una lista de testigos que asciende a más de dos decenas pudiera ser llamado esa tarde.

La lista incluye un quién es quién de oponentes políticos con los que Carollo ha luchado a lo largo de su carrera.

Está Art Acevedo, ex jefe de Policía de Miami, una contratación de alto nivel procedente de Houston que fue expulsado de su cargo después de solo seis meses por un grupo de comisionados liderados por Carollo, por no manejar con destreza la singular cultura cubana de Miami. A su salida, Acevedo pidió al FBI que investigara las supuestas fechorías de la ciudad y presentó una demanda ante un tribunal federal alegando que se habían infringido sus derechos de la Primera Enmienda y que había sido objeto de represalias ilegales por denunciar lo que él describe como una mezcla tóxica de corrupción y malas prácticas en el Ayuntamiento.

También está en la lista Ken Russell, ex comisionado del Distrito 2 de Miami quien dimitió tras una infructuosa candidatura a un escaño en el Congreso. Los dos se enfrentaron a menudo. Pero Carollo pareció elevar las fricciones el año pasado cuando insinuó que Russell y sus intereses empresariales estaban detrás de un intento fallido de destitución del comisionado.

También está González, el ex administrador que dimitió en 2020 antes que enfrentar la posibilidad de una destitución por parte de los comisionados municipales. En su declaración, González dijo que la relación entre Carollo y la administración se deterioró porque Carollo “pensó que estábamos obstaculizando sus esfuerzos para sacar al Sr. Fuller del negocio”.

Y está Richie Blom, un viejo conocido en los círculos policiales de Miami que pasó a jefe de la Policía de Doral en 2013 por insistencia del administrador de la ciudad en ese momento: Joe Carollo. En 2018, Blom regresó al Ayuntamiento de Miami como jefe de personal del comisionado Carollo.

Pero su relación se agrió rápidamente y se separaron un año después. Blom dijo en un par de cartas que circularon por el Ayuntamiento que Carollo a menudo se ponía a “despotricar cargado de blasfemias” y regañaba a los empleados en público. Blom también dijo a su salida que se sentía incómodo y a menudo se negó a investigar propiedades de Fuller, que según él era el responsable de gran parte de la ira de Carollo.

Para Carollo, hay mucho en juego y pudiera salirle caro si un jurado falla a favor de Fuller. También es probable que proporcione abundante material fresco para los críticos del Ayuntamiento. Y aunque la ciudad no figura como demandada en el pleito, está financiando la defensa del comisionado.

Horacio Aguirre, durante mucho tiempo presidente de la Comisión del Río Miami y quien también es presidente de un Comité de Acción Política para recaudar dinero para una postulación de Tomás Regalado a la alcaldía de Miami dentro de dos años, calificó las vergüenzas pasadas, como la humillante y muy pública expulsión de Acevedo en 2021, “de un juego de niños” en comparación con los cargos que se están presentando ahora contra Carollo.

“Desde fuera del Ayuntamiento parece horrible y todos lo saben”, dijo. “Esto da miedo. Los pagos a Stormy Daniels son graciosos y humorísticos comparados con lo que está pasando aquí. Aquí sí que se están destruyendo negocios”.