Nueva urbanización alcanzará alturas vertiginosas y eliminará un parque de casas móviles

Carol Hatchet, de 61 años, estaba afuera de la pequeña oficina del Miami Soar Mobile Home Park en una calurosa tarde de sábado, entre otros 100 residentes. Una persona conocida, el ex director del parque Steve Carroll, se paró encima de un depósito de agua y empezó a contar a los sudorosos vecinos una historia conocida: la de una nueva visión para su antiguo barrio.

Esa nueva visión para su parque de casas móviles, atravesado por la 82 calle del Northwest, entre Miami Court y First Place, prevé un enorme complejo residencial, de oficinas, comercial y hotelero cuya pieza central sería una torre de 50 pisos, mucho más alta que todo lo que hay actualmente en las inmediaciones. Destruirá su comunidad, formada por hileras de pequeñas casas móviles de color pastel envejecidas, antiguo refugio de jubilados, inmigrantes y familias con niños pequeños.

“El parque no se cierra mañana. No entren en pánico. No los van a echar”, dijo Carroll a los asistentes.

Todavía no. Pero será pronto.

Arrasados

Reliquias de otra época, los parques de casas móviles del sur de la Florida han sido comprados y cerrados durante décadas, dejando a sus ocupantes a la deriva. A medida que el mercado inmobiliario se ha ido calentando, la presión para reconvertir el terreno que ocupaban se ha hecho implacable.

Ocurrió en Little Farm, a una milla de distancia, en El Portal. Y en Pembroke Park Mobile Home Park. Ocurrió en el sitio de acampada municipal Florida City. Y en el Sunny Gardens Mobile Home Park en Hialeah. Biscayne Breeze, un parque de casas móviles más pequeño situado detrás de un club de striptease de Biscayne Boulevard, también está amenazado con el cierre.

Desde 2011, al menos 183 parques de casas móviles de la Florida han cerrado, según lo que son datos autoreportados y probablemente incompletos de la Corporación de Reubicación de Casas Móviles de la Florida y el Departamento de Regulación Comercial y Profesional.

Ser desplazado nunca es fácil, pero que ocurra hoy es particularmente brutal. Los alquileres se han disparado, las viviendas asequibles escasean y las listas de espera para los cupones de vivienda federales son largas.

No es que no haya problemas en Miami Soar. Hay problemas de delincuencia, ruido, basura y el elevado costo ($50 al mes) del estacionamiento. Los terrenos se inundan cuando llueve, con el agua que fluye desde 82 calle.

Un complejo comercial y residencial anclado en una torre de 50 pisos aumentaría sin duda los ingresos fiscales y elevaría el valor de las propiedades.

En una carta dirigida al director de recursos reguladores y económicos del condado se afirma que la propuesta “aportará un nuevo centro de actividad a una parte del condado insuficientemente atendida” y “ayudará a estimular la renovación y rehabilitación tanto dentro como en los alrededores del distrito”.

Pero el progreso también trae dolor.

‘Desamparados y sin esperanza’

Es fácil pasar por alto a los habitantes de Miami Soar. Los transeúntes que se dirigen a la Interestatal 95 pasan a toda velocidad por 82nd Street, una popular alternativa a la 79 calle. Desde afuera, la zona parece sombría y arruinada.

Pero allí hay vida. Una tarde reciente, dentro del parque, una niña de 12 años y una amiga trenzaban el pelo de un niño de seis, y una madre con su bebé a la espalda lavaba platos en un fregadero exterior. Un par de filas más allá, dos niños empujaban un carrito de la compra con dos perros, y otro grupo de niños jugaba con Barbies. Otro niño daba patadas a un balón de fútbol en la calle.

Un par de semanas después de aquella sofocante tarde en que Carol Hatchet se enteró del proyecto, estaba sentada en su casa móvil con su pareja, Freddie Gatlin, de 74, rumiando lo que sería de ellos. Gatlin es un veterano militar originario de Georgia que de joven se encorvó y sudó en los campos de tabaco y maíz. Hatchet llegó a Estados Unidos desde Haití en 1989 por “esa mentira que cuentan del sueño americano y la leche y la miel”. Trabajó como auxiliar de enfermería, pero se jubiló cuando se lesionó mientras ayudaba a mover a un paciente anciano para que una compañera pudiera cambiarle las sábanas.

“Cuando trabajábamos pagábamos estos impuestos, y nos enseñaron a creer que esto nos mantendría en nuestra vejez”, dijo Gatlin. Y aquí están. La pareja vive de los $1,066 que Hatchet percibe por incapacidad y de los $872 que Gatlin recibe del Seguro Social.

“Desamparados y sin esperanza”, no tienen ni idea de lo que harán si les cierran el parque, dijo Hatchet.

Ya lo vivieron antes. Los dos rememoraron la vida en Little Farm, cuya propiedad sigue en gran parte sin urbanizar años después de que fueran expulsados.

Aunque se construyó junto a las vías del tren, Little Farm formaba parte de El Portal, una comunidad creciente y arbolada. Miami Soar es menos idílica, pero sigue siendo un hogar. El interior de la casa móvil de Hatchet está ordenado y cuenta con una cocina compacta, una sala de estar donde ella y Gatlin ven la televisión, un pequeño dormitorio y un cuarto de baño.

En el exterior, Hatchet cultiva plantas medicinales como la moringa y la hierba perenne “hoja de la vida”, que usa para hacer tratamientos para cuando Gatlin está enfermo.

‘El lugar más bonito en Miami’

Lo que ahora es Miami Soar abrió por primera vez en la década de 1950, según Carroll, quien dirigió el parque durante 10 años. Pasó por varias iteraciones, y más recientemente, en 2019, fue vendido por Sunnyland and Trinidad Court a Miami Soar Management Corp. La mayoría de los habitantes son propietarios de sus casas móviles, pero pagan alquiler por los lotes en los que descansan esos remolques, además de tarifas mensuales por servicios públicos y estacionamiento. Alrededor del momento de la compra de 2019, los alquileres se elevaron más del 50%, en algunos casos a alrededor de $750, según reportes noticiosos de entonces.

Legal Services of Greater Miami ha combatido estos cambios, y los habitantes dicen que como resultado del litigio obtendrán cuatro meses de alquiler gratis. Pero no está claro cuándo y cómo sucederá.

David Mordekhay, uno de los nuevos propietarios del parque, dice que cree que en realidad los habitantes están pagando de menos, teniendo en cuenta que algunos alquilan habitaciones para ganar dinero extra.

Dice que ha invertido más de $1 millón en el parque, para arreglar los problemas eléctricos y de alcantarillado y limpiar la basura. Desde que los nuevos propietarios se hicieron cargo, también han presentado 161 notificaciones de desalojo.

Mordekhay, cuyos socios son Tom Grinberg y Gary Otto, dijo que su principal objetivo es “construir el lugar más hermoso en Miami desde cero”.

La propuesta, que requerirá una modificación del Plan Maestro de Desarrollo Integral del condado, es gigantesca en comparación con el resto del barrio: casi 4,000 unidades multifamiliares, 250,000 pies cuadrados de locales comerciales, además de oficinas y cientos de habitaciones de hotel. Se incluyen estacionamientos y zonas verdes.

De un modo u otro, habrá compensaciones para los habitantes a cambio de allanar el camino.

Según la ley de la Florida, si una casa móvil no puede reubicarse intacta, como suele ser el caso, los propietarios de una casa móvil sencilla podrán recibir $1,375, y $2,750 los de una casa móvil doble. Para ello hay que entregar el título de propiedad y comprometerse a no demandar. La cantidad es más o menos un mes de alquiler en Miami. El dinero procede de un fondo fiduciario alimentado con dinero estatal y pagos directos de los propietarios que cierran el parque.

Si quieren reubicar sus casas móvil y las unidades son lo suficientemente resistentes como para sobrevivir al traslado, los propietarios de remolques pueden obtener $3,000 por una sección individual y $6,000 por una doble.

Un estudio sobre vivienda, exigido por ley y presentado como parte de la propuesta de urbanización, concluyó que no hay parques de casas móviles a los que los habitantes puedan trasladar sus casas y que no hay apartamentos en la comunidad circundante que los habitantes puedan alquilar.

Chris Klein, que trabaja para la empresa consultora contratada para realizar el estudio sobre vivienda, dijo que “no puede recordar cuántas veces se ha sentado en un parque de casas móviles con un anciano y una anciana y les ha ayudado a rellenar una solicitud de la Sección 8”.

El portal digital de viviendas de la Sección 8 de la ciudad de Miami, que forma parte de un programa de cupones financiado con fondos federales, “no acepta nuevas solicitudes”.

En su solicitud, los urbanizadores prometen reunirse con todos los habitantes de Miami Soar para ofrecerles “asesoramiento sobre reubicación”, remitirles a los proveedores de servicios sociales de atención sanitaria que necesiten y “guiarles” en la solicitud del programa de alquiler de emergencia del condado, que proporciona ayuda para el pago del alquiler durante un máximo de 18 meses.

Mordekhay dijo que espera que todos los habitantes del parque de casas móviles puedan vivir finalmente en las unidades menos caras del nuevo complejo. Pero en la solicitud presentada al condado no se hace ninguna promesa concreta de subvencionar los alquileres de los habitantes del parque de casas móviles en el nuevo complejo, ni se indica lo que pudieran costar mensualmente las unidades más baratas.

Nejia Calvo, una abogada que anteriormente representó a habitantes de parques de casas móviles en apuros similares mientras trabajaba para los Legal Services, se rió con tristeza ante la idea de que estos habitantes pudieran permitirse unidades en la nueva urbanización.

En última instancia, pudiera depender del Condado Miami-Dade imponer requisitos a los urbanizadores para garantizar que los habitantes sean indemnizados o realojados tras su desplazamiento.

En Little Farm, el ya clausurado parque de casas móviles de El Portal, los habitantes que se quedaron recibieron finalmente $8,000 por marcharse.

Little River

El proyecto, si se aprueba tal como se ha presentado, alteraría para siempre la fisonomía del área. Miami Soar está situado en el extremo norte del barrio conocido como Little River. La urbanización, más grande que el parque de casas móviles, está delimitada por 83rd Street al norte, 79th al sur, Miami Court al este y Northwest First Place al oeste.

Little River experimentó una inmigración de habitantes negros en la década de 1960, antes de que las comunidades de Miami-Dade fueran rígidamente segregadas, según el Dr. Paul George, historiador residente del HistoryMiami Museum.

Más tarde llegó una afluencia de haitianos, muchos de los cuales se asentaron en la zona cercana conocida ahora como Pequeño Haití, al sur del parque de casas móviles.

La población del parque es mayoritariamente haitiana e hispana, e incluye a personas como María Eva Núñez. Esta limpiadora de casas jubilada lleva 26 años viviendo en el parque de casas móviles. La mujer de 78 años cuida de sus plantas y de su pequeño perro, y hace todo lo posible por mantenerse fresca durante el sofocante verano a pesar de la falta de aire acondicionado. La vida es una lucha, ya que su alquiler ha subido mientras que su cheque mensual de $743 del Seguro Social no ha seguido el ritmo.

Núñez dice que paga $825 al mes por el lote y $49.50 por el agua y el alcantarillado. Como es más dinero del que ingresa, tiene que pedir ayuda a su hija, que también está pasando apuros.

Buscando un lugar asequible para vivir después de que a una de sus tres hijas le diagnosticaran epilepsia, Rosa Martínez pensó que había encontrado una respuesta cuando compró una casa móvil en el parque por $30,000, usando todos sus ahorros.

Fue un momento horrible. Un mes después de la compra llegó llorando a casa de sus vecinos, una pareja de ancianos de Nicaragua, tras enterarse de que el parque podría cerrar pronto.

“Me dijeron que nos iban a echar. ¿Adónde vamos a ir? Todos nuestros ahorros desaparecieron”, dijo Martínez, que trabaja como cocinera en un hospital local.

Un hombre de 45 años lleva 20 viviendo en el parque de casas móviles. Y durante la mayor parte de esos años ha tenido mucho trabajo como techador. Pero una calurosa tarde de miércoles se quedó sin trabajo, sentado en una silla de jardín a la sombra, afuera de su casa móvil.

Originario de Honduras, dice que antes pagaba $250 al mes por el terreno donde está su caravana. Ahora le cuesta más del doble. El estacionamiento y los servicios son adicionales.

Sus dificultades se ven agravadas, dijo en español, por las medidas enérgicas de la Florida contra los trabajadores indocumentados como él. Ahora, dice, los jefes tienen miedo de que trabaje para ellos.

En la propuesta presentada al condado, los propietarios del parque dicen que el proyecto se llevaría a cabo en fases, y los habitantes en el lado norte del parque de casas móviles podrían trasladarse temporalmente al lado sur, donde los urbanizadores dicen que decenas de unidades se mantienen vacantes.

Escasez de viviendas baratas

En pocos lugares hay tanta escasez de viviendas asequibles como en Miami. Según un estudio de la Universidad de Miami, la zona tiene el mayor porcentaje de hogares de alquiler del país que gastan más de la mitad de sus ingresos en vivienda.

La carga de resolver la falta de viviendas asequibles ha recaído en ciudades, condados y gobiernos estatales, ya que la financiación federal ha disminuido desde finales de los años 70. Pero el impacto de los esfuerzos a nivel estatal y local ha sido limitado.

La Florida cuenta con financiación de préstamos para urbanizadores de viviendas asequibles y un fondo fiduciario, denominado Sadowski Housing Trust Fund. Pero una gran parte del dinero del fideicomiso se ha reasignado en los últimos años, según el Florida Policy Institute, una organización sin ánimo de lucro que aboga por la movilidad económica.

Una nueva ley en el estado pretende facilitar a los urbanizadores la construcción de viviendas asequibles. Pero los críticos dicen que no aborda las necesidades de las personas con ingresos más bajos, como quienes viven en Miami Soar. Financieramente, quizás estén un escalón por debajo de los que pueden permitirse una “vivienda asequible”.

Aunque el futuro se presenta nublado para los habitantes de Miami Soar, nada es inminente. Proyectos como este “pueden tardar meses, si no años”, en pasar de la fase de planificación a la de aprobación, según Peter Zalewski, experto en el mercado de condominios.

‘¿Adónde vamos a ir?’

Steve Carroll, el ex administrador del parque de casas móviles, mostró a los habitantes un fragmento de un noticiero televisivo en el que aparece una declaración de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, en la que habla en general de su apoyo a la vivienda asequible.

Debido a este video, algunos habitantes se quedaron con la impresión de que Levine Cava estaba trabajando directamente con los urbanizadores. Según su oficina, no es así. Está al tanto del proyecto y se asegurará de que se cumplan todas las leyes, pero no trabaja directamente con el urbanizador.

En cuanto a intentar defender a los habitantes del parque, Carroll dice: “No voy a perder el tiempo discutiendo con el urbanizador. Él va a ganar”.

Desde que el Miami Herald empezó a informar sobre esta historia, ha habido un cambio: Los urbanizadores contrataron a una empresa de relaciones públicas. Dice que los urbanizadores tienen muy presente el interés de los habitantes.

Algunos de los habitantes no están nada convencidos. Carol Hatchet dice que no tendrá adónde ir si se ve obligada a marcharse y que ella y su pareja, Gatlin, han estado tan estresados que a veces Gatlin no puede dormir por las noches.

“Ya han mostrado la propuesta de lo que quieren construir”, dijo, “¡pero nadie ha mostrado nada de dónde vamos a ir!”.