La UNAM abre expediente a médico acusado de violación; señala que las sanciones por estos casos dependen de cada facultad

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UNAM investiga a médico acusado de violación
UNAM investiga a médico acusado de violación

Aunque en un primer momento desestimó el caso, la Defensoría de los derechos universitarios, igualdad y atención de la violencia de género de la UNAM recientemente abrió un expediente para investigar a un profesor adjunto y subjefe de la especialidad en Traumatología y Ortopedia quien fue denunciado penalmente por violación contra una de las residentes del programa académico

El 8 de julio pasado, la denuncia penal, interpuesta por Michelle, fue desestimada por el juez Edgar Agustín Rodríguez Baeza. El juzgador argumentó que el presunto agresor fungía como su profesor adjunto pero no era su jefe directo, que la joven había intercambiado mensajes “joviales” con él, que ella no recurrió al código de emergencia que había acordado con una de sus amigas y que denunció hasta meses después. 

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Aunque por ahora no es posible abundar en los detalles —pues el caso está en proceso de investigación al interior de la universidad—, la Defensoría ha virado a dar una atención puntual a Michelle, incluso con acercamiento a autoridades de la Facultad de Medicina, quienes serían, en última instancia, las únicas que podrían definir alguna medida hacia el profesor adjunto, si llegan a la conclusión de que tuvo responsabilidad en los hechos. 

La Defensoría, explica Lorena Orozco, integrante del organismo, atiende de manera específica los casos de violencia de género en la UNAM desde agosto de 2020. Sin embargo, no está facultada para sancionar. “Esas facultades de sanción las tienen únicamente los directores de las entidades académicas. Lo que sí solicitamos en algunos casos son medidas precautorias, para prever que no se siga causando un daño a la persona”, asegura. 

Desde que Michelle denunció penalmente, no solo ha tenido que enfrentarse a un ambiente académico adverso, donde muchas personas —por miedo o convicción— le creyeron a él, sino también a una audiencia donde la defensa se dedicó a descalificar sus reacciones como víctima, a un juez que no le creyó y a una dinámica diaria en la que la necesidad de terminar sus estudios implica que cualquier día y en cualquier momento puede toparse con su presunto agresor. 

Aunque sus abogados impugnaron la resolución del juez de no vincular a proceso al presunto agresor, su otra esperanza radica en el proceso que sigue la UNAM para investigar hechos de violencia sucedidos en el contexto de sus programas académicos. Cuando estos implican a trabajadores administrativos o personal académico, la queja se remite al director de la entidad académica a la que pertenecen y su resolución tiene una duración de 20 días hábiles.

En ese proceso, se llevan a cabo las audiencias necesarias para que la autoridad académica determine una de tres sanciones en caso de encontrarlos responsables: una amonestación, una suspensión hasta por ocho días o una rescisión de su contrato individual de trabajo, explica Orozco.

Durante su primer periodo de trabajo en asuntos de violencia de género, de agosto de 2020 a agosto de 2021, la Defensoría reportó haber atendido 2 mil 858 orientaciones, 171 quejas, 52 remisiones y 189 quejas en trámite al inicio del periodo, la mayor parte de ellas vía correo electrónico. De las 245 quejas iniciadas después del 14 de agosto por violencia de género, 119 —es decir, el 48.5%— corresponden a facultades en el nivel de licenciatura. 

Orozco explicó que, en los casos de programas académicos de la Facultad de Medicina que se desarrollan en hospitales o instalaciones externas, si la persona señalada es integrante de la comunidad universitaria, la Defensoría de la UNAM puede y debe iniciar un procedimiento sin ningún obstáculo; en caso contrario, se asiste a la denunciante con la elaboración de algún escrito o queja para ser presentada ante el Órgano Interno de Control de la institución a la que esté adscrito el presunto agresor. 

“También le notificamos a la facultad, en este caso de Medicina, qué está pasando, y ellos son los que nos dicen si es integrante de la comunidad o no; eso es hasta donde nosotros podemos intervenir, solamente podemos sancionar a aquellas personas que son integrantes de la comunidad universitaria”, expuso Orozco.

En el caso de los ayudantes de profesor —conocidos como profesores adjuntos—, especificó, si están adscritos a la UNAM, se sanciona de la misma manera, pues lo importante no es su “calidad” de académicos, sino la gravedad de los hechos cometidos. En el caso de quienes no están formalmente registrados como ayudantes de profesor ante la UNAM, se tendría que actuar contra el académico responsable.

“Si se detecta esta situación, hemos tenido casos de otras entidades, no de Medicina, por ejemplo, de un servicio social u otro, llega la persona y, desde un inicio, nos dice que (a quien denuncia) no está adscrita y la están dejando entrar a la clase, de esa forma manejamos la queja: que no tiene relación con la universidad y solicitamos a la autoridad que se inicie procedimiento contra el académico o académica titular que permitió que esta persona estuviera dando clases o entrando a aulas. Tendremos unos dos o tres asuntos que desde el inicio se ha identificado esta cuestión”, aseguró Orozco.

De acuerdo con la estadística de la Defensoría, el 48.5% de las quejas iniciadas corresponde a relaciones académicas, el 10.2% a personales, el 7.35% a laborales, el 19.59% a personal académico y el 0.82% a personal laboral. Dentro de ellas, respecto del tipo de violencia —puede haber más de uno en cada queja—, el organismo reporta que la mayoría se trata de violencia psicológica (43.4%), violencia sexual (28.4%) y discriminación (12.5%).

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