Un audio de Whatsapp y presión social, elementos clave para saber la verdad del feminicidio de una joven de 16 años que estremece a Venezuela

El audio del llanto desesperado de una adolescente, las protestas de una comunidad y la decisión de un policía de filtrar una evidencia clave fueron determinantes para que los siete presuntos responsables del feminicidio de Ángela Aguirre se encuentren esperando el juicio tras las rejas.

La última vez que Ángel Aguirre y Yerlis Yaguare vieron a su hija Ángela viva fue el sábado 23 de marzo cuando la llevaron a celebrar el cumpleaños de su amigo José Alberto Cedeño en un club social de Puerto Ordaz, estado Bolívar, en el sur de Venezuela. Tenía 16 años y cursaba el último año de secundaria.

Que los jóvenes se diviertan en las riberas o islotes del río Caroní es habitual en una ciudad con una temperatura media de 33ºC . Lo extraño fue que cuando Ángel y Yerlis fueron a buscar a su hija, la niña no se presentó ni tampoco los llamó para dar ninguna excusa.

Lo que luego descubrieron los padres de Ángela fue que la celebración pasó de las instalaciones del Club Italo Venezolano a la lancha “El Kaki”, donde zarparon hacia la isla La Terecaya. Ángela Aguirre era la única menor de edad del grupo. José Alberto Cedeño estaba cumpliendo 18 años y era su novio. El dueño de la embarcación y otros 5 acompañantes eran adultos.

Todos regresaron a casa pasada la medianoche, luego de terminar la fiesta, menos Ángela. Los padres, preocupados, recibieron las primeras noticias de la madre de José Alberto, quien les avisó que la niña estaba desaparecida.

El martes 26 de marzo el cadáver de Ángela fue hallado con su bañador y su chaleco salvavidas, flotando boca abajo cerca de un popular balneario de la zona. Douglas Rico, director de la policía científica venezolana CICPC, declaró el caso como un homicidio.

La pista de la prensa

Los periodistas locales Marcos Valverde y Germán Dam siguieron paso a paso las investigaciones que iban complicando a medida en que avanzaban las semanas.

“La contradicción entre las dos autopsias levantó la indignación en Caroní. ¿Cómo un primer informe decía que hubo homicidio y el segundo, muerte accidental?”, relató Valverde en la publicación digital Monitor de Víctimas.

La abogada de los Aguirre, Yamileth Carvajal, dijo al portal Punto de Corte que la autopsia determinó que hubo golpes, ensañamiento, violación y que además el cadáver probablemente fue refrigerado antes de ser lanzado al mar dos días después del feminicidio.

Los familiares de Ángela y las fuentes policiales insistían en denunciar a la fiscal del caso Emily Hernández de “haber recibido sobornos para favorecer a los 7 detenidos”, dijo Valverde.

Los abogados de la familia Aguirre señalaron que los padres no pudieron reconocer a su hija en la medicatura forense y que la fiscalía les pidió que callaran, asegurando que la chica había muerto ahogada al caer de la parte de trasera de la lancha.

Dam fue el primer periodista que publicó las grabaciones de Ángela en su móvil y que denunció las presuntos hechos ilícitos de la fiscal Hernández, quien habría cobrado 100.000 dólares en monedas y oro a los familiares de los implicados para que salieran en libertad.

Tres semanas después de la muerte de Ángela, José Alberto Cedeño fue acusado por la muerte de la joven estudiante.

Los otros imputados también deberán esperar detenidos hasta el juicio por la gravedad de las acusaciones: cómplices necesarios y omisión de socorro.

Testigos presentes en la audiencia señalaron que los indiciados parecían seguros de que serían dejados en libertad, al compartir comentarios y risas durante el proceso judicial.

La defensa también intentó desprestigiar la reputación de la víctima, la de sus familiares y la de los periodistas que revelaron información clave del caso.

Setenta y dos organizaciones no gubernamentales y unos 300 ciudadanos exigieron justicia para Ángela Aguirre, en un documento en el que pidieron “una investigación imparcial y libre de sesgos y estereotipos de género a fin de esclarecer los hechos, que atienda a estándares internacionales de protección de derechos de las mujeres y a protocolos especializados, tales como el Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)”.