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El nuevo gobierno de Trump promete mano dura contra la migración. Pero durante años, la economía bajo demanda ha estado impulsada por agencias de empleo sin escrúpulos que explotan a los trabajadores migrantes.
Durante los peores momentos de la pandemia, las ventas de Alo Yoga aumentaron a medida que su popularidad se disparaba en las redes sociales. Kendall Jenner apareció en Instagram luciendo los leggings de cintura alta de la marca. Alessandra Ambrosio y Jennifer Lopez también usaron prendas de Alo. En solo un año, el negocio casi se duplicó, superando los mil millones de dólares.
La empresa hermana de Alo, Bella+Canvas, mayorista de ropa básica, también alcanzó un hito, al vender directamente a los consumidores a través de su sitio web. Para mantener el ritmo, las dos empresas recurrieron a un nuevo y enorme almacén de distribución en Nevada.
Encontrar trabajadores para este tipo de instalaciones no es tarea fácil, pero las empresas estadounidenses suelen recurrir a una estrategia probada: contratar a agencias de empleo que les dan trabajos temporales a migrantes, incluidos algunos que entran de manera ilegal en el país y están desesperados por encontrar una labor.
Este año, la frontera sur de Estados Unidos volvió a ser un punto álgido en los comicios presidenciales, en los que el presidente electo, Donald Trump, prometió deportar a millones de personas de quienes dijo que estaban “envenenando la sangre” del país. A los pocos días de su reelección, anunció su intención de nombrar a funcionarios de línea dura en materia de migración.
A pesar de la dureza de esas declaraciones, la problemática frontera del país ha sido un salvavidas para la economía bajo demanda de Estados Unidos tanto en los gobiernos demócratas como republicanos, incluido el primer mandato de Trump, según descubrió una investigación de The New York Times. Miles de empresas han explotado su permeabilidad reclutando a trabajadores de las filas de migrantes no autorizados, a veces con impunidad.
Oculto a la vista del público está el papel de intermediario que a menudo desempeñan las agencias de empleo. Reclutan trabajadores para almacenes, fábricas y centros de distribución que producen miles de millones de dólares en mercancías a empresas de marca.
Una de las agencias más conocidas, BaronHR, trabajó con Alo Yoga y Bella+Canvas durante años, incluso en el almacén de Nevada. Los datos muestran que el fundador de la agencia, Luis E. Perez, se presentaba como un benefactor de los trabajadores migrantes, pero en muchos casos sus empresas los estafaban con sus salarios y les robaban el pago de sus impuestos.
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El papel de agencias como BaronHR
Aunque BaronHR les daba trabajo a los migrantes —y empleados a las empresas—, también participaba activamente en el lado más oscuro de la economía de la migración. Hasta la quiebra de la empresa a principios de este año, fue un agente de la explotación de trabajadores a menudo mal pagados y que trabajaban en condiciones inseguras, al tiempo que protegía a las marcas de su responsabilidad directa.
Para poder analizar este hermético mundo, el Times ha consultado miles de páginas de expedientes judiciales, documentos internos de la empresa y documentos reglamentarios, y ha entrevistado a 100 empleados migrantes, así como a reguladores y expertos del sector.
Perez ahora está en la cárcel a la espera de sentencia tras declararse culpable de delitos fiscales federales que implican casi 60 millones de dólares. Pero desde 2018, mientras su caso no se resolvía, los registros indican que BaronHR y sus firmas afiliadas celebraron contratos y cobraron más de 750 millones de dólares de socios corporativos, incluidos Alo Yoga y Bella+Canvas. Gran parte del negocio ocurrió incluso cuando Trump tomó medidas enérgicas contra la migración ilegal.
Los minoristas de ropa de propiedad privada no respondieron a las repetidas solicitudes de comentarios, incluida una lista detallada de hallazgos dirigida a sus fundadores y entregada de manera física en su sede de Beverly Hills. Un representante de Jenner, Ambrosio y Lopez declinó hacer comentarios.
En una declaración enviada desde la cárcel en Santa Ana, California, Perez dijo: “Hay limitaciones significativas en mi capacidad para poder colaborar con usted”, debido a su situación legal y lo que caracterizó como graves problemas de salud.
Dijo que, a menudo, BaronHR era un empleador “solo de nombre” porque “los clientes dictaban los términos y condiciones de empleo” y que desde 2018 había tenido una “participación restringida”. También declaró que algunos de sus detractores eran “exempleados descontentos, competidores y clientes menos que ideales”.
En un día cualquiera, las agencias de Perez contaban con más de 8000 trabajadores en sedes asociadas, según una declaración de 2021 de un antiguo alto ejecutivo. Durante más de una década, proporcionaron personal a unas 800 empresas grandes y pequeñas, cotizadas en bolsa y privadas, según muestran las listas de clientes y otros registros obtenidos por el Times. Además de Alo Yoga y Bella+Canvas, entre las empresas figuraban gigantes tan conocidos como TJX —empresa matriz de TJ Maxx, HomeGoods y Marshalls— y Keurig Dr Pepper, el fabricante de bebidas.
Empresas de personal que "contratan a cualquiera"
Esos registros no identifican el estatus legal de los trabajadores, pero Stacy Mohler, una exgerente de BaronHR, dijo que algunas compañías se mostraban inflexibles a la hora de investigar a los trabajadores, mientras que otras solo querían contratar a cualquier persona, aunque no tuviera las capacidades necesarias para el cargo. Otro exdirectivo dijo que se corre la voz rápidamente sobre las empresas de personal que “contratan a cualquiera”.
Las agencias de personal figuraban entre los principales empleadores de trabajadores no autorizados en los centros inspeccionados por infracciones de las normas migratorias en la última década, según los datos recogidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Los registros indican que al menos 160 empresas de dotación de personal, la mayoría de ellas identificadas durante el gobierno de Trump, emplearon a personas con documentos sospechosos o sin evidencia de autorización.
Los expertos en migración dicen que este patrón de contratación refleja un fenómeno mucho más amplio que también fue detectado en los gobiernos de Joe Biden y Barack Obama, pero las agencias de personal contactadas por el Times disputaron la exactitud de los datos o sugirieron que los trabajadores habían tergiversado su estatus.
El grupo de la industria que representa a las empresas de personal dice que los socios a veces las utilizan como chivos expiatorios.
“Los clientes intentan constantemente trasladarnos la responsabilidad”, dijo Ed Lenz, consejero principal de la American Staffing Association. (BaronHR no era miembro.) “Y es una vieja pelea que tenemos con los clientes porque están tratando de liberarse de toda la responsabilidad que puedan”.
Decenas de agencias de colocación han sido acusadas de cometer infracciones en los centros de trabajo de sus empresas asociadas, como acoso sexual, discriminación racial, robo de salarios o fallos de seguridad que provocaron amputaciones, aplastamiento de partes del cuerpo y muertes.
Investigaciones en curso
Los organismos reguladores federales, estatales y locales han realizado al menos 80 investigaciones de agencias por posibles infracciones relacionadas con migrantes, y muchos de ellos están de manera ilegal en Estados Unidos, según los registros del Departamento de Seguridad Nacional obtenidos a través de solicitudes de registros públicos. Fueron recopilados durante el gobierno de Biden, pero documentan acusaciones que se remontan al menos hasta la era Trump. No indican el estado de las investigaciones, y un vocero del departamento no proporcionó más información.
Por ejemplo, tres empresas de contratación de personal están siendo investigadas por el Departamento de Trabajo de Illinois por problemas relacionados con una formación inadecuada en Ferrara Candy, fabricante de SweeTarts y Jelly Belly.
La empresa de golosinas también está siendo investigada, según los registros. En un comunicado, describió la investigación como “frívola” y dijo que “todos los trabajadores temporales y a tiempo completo entienden los peligros y las medidas de seguridad apropiadas de su función asignada”.
Entrevistas y registros regulatorios muestran que BaronHR y sus afiliadas han sido objeto de al menos tres investigaciones relacionadas con la discriminación o la falta de pago a los trabajadores asignados en decenas de lugares de trabajo, incluyendo en TJX.
En un comunicado, TJX dijo que exige a los socios de dotación de personal que proporcionen trabajadores autorizados. “Dado que estas personas son empleados de Baron”, dijo la compañía, “sería inapropiado que nosotros hiciéramos comentarios sobre las prácticas comerciales de BaronHR”.
Perez, el fundador de BaronHR, describió a “la gran mayoría” de sus trabajadores como empleados “rollover” que habían sido contratados por otra agencia o que ya trabajaban para la empresa asociada.
En todo el país, BaronHR se hizo conocida por emitir cheques de pago con salarios inferiores o sin fondos suficientes. El Times obtuvo correos electrónicos de BaronHR, entrevistó a empleados y revisó demandas que describían más de una década de problemas de pago.
Un trabajador de Colombia dijo que incluso las operaciones de cambio de cheques que eran populares entre los migrantes indocumentados a menudo lo rechazaban. “Era siempre un dolor de cabeza”, dijo el hombre, quien trabajó en el almacén de Alo Yoga y Bella+Canvas en Nevada.
Los minoristas fueron algunas de las muchas empresas que recurrieron a los servicios de Perez después de que él y sus empresas sufrieron redadas del gobierno, detenciones, quiebras, imputados y demandas, según las entrevistas, los registros de clientes de BaronHR y los expedientes judiciales.
Las relaciones son un ejemplo de cómo las empresas pueden beneficiarse de la migración ilegal y eludir su responsabilidad en la explotación de los trabajadores.
En una declaración jurada realizada en mayo, el director de operaciones y seguridad de almacén de los dos minoristas dijo que habían trasladado a los trabajadores de BaronHR en California y Nevada a nuevas agencias de empleo y que habían pagado los salarios que faltaban. La intervención se produjo tras un paro laboral realizado en el almacén de Nevada en enero.
El juego de los empleos
El año pasado, unos 13 millones de personas trabajaron en empleos temporales, y más de un tercio se desempeñaron en almacenes, centros de distribución y otros entornos industriales, según la American Staffing Association.
Para muchos migrantes no autorizados, las empresas de trabajo temporal son una manera de encaminarse. En las entrevistas, algunos contaron que su primer trabajo en BaronHR les había parecido un regalo del cielo.
Un salvadoreño ganaba 40 dólares al día vendiendo naranjas en Los Ángeles. Cuando más tarde llegó a Nevada, BaronHR lo envió al almacén de Alo Yoga y Bella+Canvas por 17 dólares la hora.
Una mujer que había huido de la violencia en Sudamérica trabajó para dos agencias de empleo en Nueva Jersey antes de que BaronHR la enviara a Pensilvania. Allí, dijo, descargó maniquíes, ropa y decoración de tiendas para un centro propiedad de TJX por 18 dólares la hora.
Elizeth Peláez, migrante de México, ganaba 400 dólares semanales como empleada doméstica en Florida, antes de conseguir trabajo con BaronHR en Nevada. Al principio, empaquetaba papas fritas y vitaminas por 10 dólares la hora y soldaba cables para máquinas de casino por 11. Finalmente, dijo, condujo una carretilla elevadora por 18 dólares la hora.
Pero sus cheques de BaronHR rebotaban tan a menudo que no podía pagar el alquiler. Dormía en una oficina de un edificio que limpiaba por su cuenta.
“Tienes que hacer lo que te piden”, dijo,“porque sino te quedas con cero”.
Para encontrar a esos trabajadores, BaronHR recurrió a plataformas de redes sociales, como LinkedIn, y al boca a boca. Publicó folletos en lavanderías y tiendas y abrió oficinas en barrios de migrantes.
Durante años, Perez también aprovechó sus conexiones culturales.
Nacido en México y criado en el condado californiano de Orange, centró el reclutamiento en la población hispana del sur de California. En su declaración, hizo hincapié en sus orígenes humildes. “Estoy muy familiarizado con la experiencia de los migrantes que luchan por llegar a fin de mes”, dijo, “porque yo fui uno de ellos”.
En 2003, su primera empresa, entonces llamada Checkmate Staffing, produjo cientos de millones de dólares al año en negocios, dijo Perez a los investigadores del gobierno, según los registros judiciales. Otras revelaciones mostraron que los trabajadores de Checkmate trabajaban para más de 1200 empresas.
Las agencias de empleo ganan dinero cobrando a las empresas un “margen de beneficio” sobre los salarios por hora. Algunas encuentran formas turbias de obtener una ventaja competitiva. Perez podía permitirse pequeños márgenes porque recortaba gastos obligatorios, como el pago de indemnizaciones a los trabajadores y los impuestos sobre las nóminas, según las entrevistas y las dos décadas de causas penales abiertas en su contra.
Sin proporcionar detalles, Perez dijo en su declaración que BaronHR se basó en contratistas de terceros que “engañó” a la agencia de personal sobre la cobertura de compensación de trabajadores o retuvo los salarios cuando “los clientes no pagaron a tiempo”.
David Weil, exadministrador de la división de salarios y horas del Departamento de Trabajo estadounidense, dijo que los operadores como Perez entran “y salen del negocio bajo múltiples nombres”, eludiendo la responsabilidad mediante la creación de un “juego de Whac-a-Mole”.
Y añadió: “Si creas un entorno en el que esencialmente permites que algunas empresas compitan sobre la base del robo de salarios, empieza a bajar el listón”.
Lenz, de la Staffing Association, dijo que las empresas que respetan la ley se sienten “profundamente frustradas” porque “están siendo machacadas en el mercado”.
BaronHR y sus filiales florecieron, llegando a expandirse por unos 15 estados. “Hacíamos cientos de colocaciones cada hora”, dijo Becky Romero, exvicepresidenta ejecutiva de BaronHR, quien interpuso una demanda por acoso sexual y despido improcedente contra la empresa.
‘Nada se está arreglando’
Las prácticas de BaronHR no eran un secreto en el sector.
Desde hace más de una década, ha habido demandas, quejas de derechos civiles y otras acciones públicas contra la empresa. Y en múltiples ocasiones, ejecutivos de una agencia de empleo rival enviaron correos electrónicos a clientes de BaronHR sobre los problemas. Una persona familiarizada con los correos electrónicos dijo que fueron a más de 120 empresas asociadas no reveladas.
Un ejecutivo de la competencia, Partners Personnel, escribió en marzo de 2021 que los roces de Perez con la ley tenían el “potencial de interrumpir significativamente sus operaciones” y “manchar la industria de la dotación de personal”.
Algunos clientes de BaronHR dejaron de usar sus servicios cuando los problemas de la agencia se hicieron más conocidos, pero cientos la siguieron usando.
Cuando Keurig Dr Pepper firmó un nuevo contrato con BaronHR en 2019 para dotar de personal a una instalación en California, Perez y dos de sus ejecutivos se enfrentaban a cargos estatales por fraude fiscal y de primas de compensación de trabajadores.
Más tarde ese año, cuando los fiscales federales anunciaron una acusación que imputaba a Perez no pagar millones en impuestos sobre la nómina, Keurig Dr Pepper amplió la asociación para incluir más almacenes.
Los socios profundizaron su relación con un contrato nacional, según una demanda por despido improcedente presentada por un antiguo empleado de BaronHR.
Los registros de la agencia muestran que los trabajadores fueron enviados a ubicaciones de Keurig Dr Pepper en todo el país, incluidos los sitios de fabricación y almacenamiento en Florida e Illinois. Al igual que los otros registros de BaronHR revisados por el Times, estos no indican el estatus migratorio de los trabajadores.
En un comunicado, Keurig Dr Pepper no hizo comentarios sobre las prórrogas de los contratos, pero dijo que había terminado su relación con BaronHR porque la empresa era “incapaz de cumplir con los estándares esperados en nuestros procesos internos de proveedores”.
La empresa añadió que exige a todos los proveedores que cumplan la ley y sus normas éticas, incluida la comprobación del estatus migratorio de los solicitantes. También dijo que “no observó ninguna conducta” contraria a sus normas.
Del mismo modo, las filiales alimentarias de CJ Group mantuvieron una relación con BaronHR mientras ellas y la empresa de dotación de personal se enfrentaban a demandas de trabajadores, según muestran los registros.
El Times se puso en contacto con Schwan’s, que el año pasado se fusionó con las filiales de alimentos y produce productos con Red Baron, Bibigo y otras marcas. En un comunicado, un portavoz de Schwan’s reconoció que había habido “un puñado de situaciones” en las que “BaronHR no pagó a los trabajadores”, pero dijo que “siempre pagamos a BaronHR por el trabajo realizado”, y “esperamos que las empresas con las que trabajamos cumplan todas las leyes”.
En las entrevistas, varios exempleados de las oficinas de BaronHR describieron a trabajadores de diversos sitios, entre ellos Alo Yoga y Bella+Canvas, quejándose de salarios faltantes y cheques de pago sin fondos. En algunos casos, respondían a llamadas de empresas asociadas para preguntar por qué los trabajadores no cobraban.
A menudo, dijeron, ofrecían promesas vacías. Uno recordó haber dicho a las empresas: “Nada se está arreglando”.
En su declaración, Perez dijo que aceptaba la “responsabilidad última” de sus problemas fiscales, al tiempo que repartía culpas entre los demás.
“Mi percance fue contratar a personas con formación y experiencia limitadas para dirigir el negocio”, dijo, “y retener a profesionales que me dieron muy malos consejos”.
‘USA Strong’
Alo Yoga y Bella+Canvas —que se promociona como “USA Strong” por crear empleo estadounidense— fueron socios constantes de BaronHR. Son propiedad de Color Image Apparel, una empresa privada con sede en Beverly Hills, fundada por Danny Harris y Marco DeGeorge.
La relación con BaronHR se remonta aproximadamente a una década, cuando la empresa de dotación de personal empezó a suministrarles trabajadores en los suburbios de Los Ángeles, según muestran los registros y las entrevistas. También indican que BaronHR y los minoristas estaban en estrecha comunicación cuando surgieron problemas en el almacén de Nevada. BaronHR y otras firmas proveedoras de personal tenían representantes apostados en el comedor, según trabajadores y empleados corporativos de BaronHR.
En septiembre de 2022, un nuevo contrato entre Bella+Canvas y BaronHR establecía la responsabilidad de la agencia en la selección, contratación y pago de los trabajadores. En los tres años anteriores, al menos cuatro trabajadores habían demandado tanto a BaronHR como a Bella+Canvas por salarios y otras reclamaciones. Tres de ellos llegaron a un acuerdo y uno, que también presentó una denuncia por discriminación ante la agencia de derechos civiles de California, tiene una demanda pendiente.
El Times entrevistó a más de 20 personas que BaronHR había contratado para trabajar para Alo Yoga, Bella+Canvas, Color Image o sus contratistas. Todos ellos estaban indocumentados durante su empleo, y algunos compartieron textos, correos electrónicos, talones de pago y otros documentos.
Muchos de los trabajadores describieron cómo los bancos rechazaban sus cheques de pago por falta de fondos. Dijeron que, en otoño pasado, BaronHR a menudo los mandaba a empresas específicas de cambio de cheques que cobraban altas comisiones.
“La compañía no debería decirme, haz con tu dinero esto, porque es mi dinero”, dijo un trabajador, Eduardo Olmos.
Las empresas designadas cambiaban con regularidad y, a última hora del día, a veces rechazaban a los trabajadores. Algunos trabajadores fichaban a mitad de turno para cobrar. Con tanta prisa, María Acuña, antigua supervisora en Nevada, dijo que una vez ella y unos compañeros evitaron por poco un accidente de coche.
“Nos bajamos del carro corriendo”, dijo.
Otra trabajadora estuvo una vez en una “sección VIP”, empaquetando artículos de Alo Yoga para famosos y personas influyentes en las redes sociales. La empleada era madre soltera e indocumentada y dijo que se había retrasado en el pago del alquiler debido a los cheques sin fondos y le preocupaba la alimentación y el vestido de sus hijos.
Algunos dijeron que se habían quejado a directivos de Alo Yoga y Bella+Canvas. Los correos electrónicos documentan algunos de los intercambios.
En un correo, una trabajadora se quejó el año pasado a un directivo de Bella+Canvas de que su banco rechazaba repetidamente sus cheques. Su intercambio de correos electrónicos se prolongó durante más de tres meses e involucró a la agencia de personal.
Mientras los trabajadores luchaban por cobrar, Alo Yoga promocionaba grandes descuentos navideños y, en Instagram, envíos rápidos gratuitos en “atuendos de fiesta” y “listas de deseos de invierno”.
Muchos trabajadores que hablaron con el Times se habían comprometido a trabajar seis días a la semana para satisfacer la demanda. A cambio, BaronHR prometió bonificaciones, pero muchos de esos cheques también rebotaron.
Tras pasar apuros para cobrar durante las fiestas de fin de año, los trabajadores de Nevada ocuparon la cafetería y se negaron a trabajar. A los pocos días, Alo Yoga y Bella+Canvas cambiaron a los trabajadores de BaronHR por otras agencias que proveían de personal a sus almacenes.
En mayo, Delfino Barragan, el gerente de operaciones de almacén y seguridad de las marcas de ropa, reconoció en una presentación judicial que, durante cuatro semanas a partir de diciembre pasado, BaronHR había “dejado de pagarle a su personal”.
Dijo que las marcas habían pagado unos 425.000 dólares a las otras agencias para cubrir “costos laborales que BaronHR no pagó”, y achacó a los “incumplimientos” de la empresa de personal otros posibles costos.
Algunos trabajadores seguían calculando sus pérdidas meses después. Cuando el hombre salvadoreño, que antes vendía naranjas, trató de declarar sus impuestos este año, se enteró de que BaronHR no había reportado sus ingresos, a pesar de que había deducido los impuestos federales de sus cheques de pago, según dijo en una entrevista. De hecho, el Servicio de Impuestos Internos le dijo que no tenía constancia de su empleo en el almacén de Nevada.
‘Esa gente necesitaba el trabajo’
El empleo de migrantes indocumentados era fundamental para el negocio de BaronHR.
Una empresa que se asoció con la firma determinó que dos tercios de sus trabajadores de la agencia de personal eran indocumentados, según una demanda de 2019 de un exejecutivo de BaronHR.
El ejecutivo, Michael Morris, quien también formó parte de la junta corporativa, instó a Perez a despedir a los gerentes “que contrataron empleados indocumentados porque esa práctica no es ética y es ilegal”, dijo la demanda, y planteó preocupaciones de que los trabajadores “estaban siendo explotados por BaronHR y sus clientes”.
Morris pronto fue degradado, dice la demanda, y más tarde despedido. Los registros judiciales muestran que BaronHR acordó pagarle 250.000 dólares en un acuerdo que incluía una cláusula de confidencialidad.
A principios de este año, cuando las tres agencias laborales federales y estatales notificaron al Departamento de Seguridad Nacional que se estaba investigando a BaronHR, las infracciones laborales afectaban a trabajadores no autorizados destinados a decenas de empresas, según las entrevistas y los documentos financieros.
Entre ellas figuran una empresa de aperitivos propiedad en aquel momento de Utz, el hotel de Las Vegas Circus Circus, y Alo Yoga y Bella+Canvas. Ninguna de esas empresas respondió a las solicitudes de comentarios.
Varios exempleados de BaronHR dijeron que la empresa tenía como objetivo a los migrantes indocumentados porque era menos probable que renunciaran o hablaran si eran maltratados.
“Esa gente necesitaba el trabajo”, dijo Yesenia Murillo, representante de ventas en la oficina de BaronHR en Chula Vista, California, en 2017 y 2018, y agregó que la agencia y sus clientes habían aprovechado la desesperación de los trabajadores para colocarlos en trabajos “peligrosos, arriesgados e inhumanos”
En 2017, cuando el gobierno de Trump intensificó las inspecciones en los lugares de trabajo para trabajadores indocumentados, las agencias de dotación de personal de todo el país recibieron avisos de que agentes federales las visitarían.
Por esa época, el gerente de una sucursal de BaronHR en Chula Vista ordenó a los empleados que tiraran cientos de documentos de verificación de empleo conocidos como I-9, según las demandas presentadas por Murillo y otros dos exempleados.
Al año siguiente, los empleados de la misma oficina fueron instruidos por un auditor de cumplimiento para blanquear partes de I-9, hacer copias borrosas de los formularios alterados, triturar formularios y falsificar firmas en los formularios sin firmar, dijeron las demandas. Las denuncias citaban un correo electrónico de Joseph Martínez, jefe de ventas y operaciones de BaronHR, en el que expresaba su frustración por el reiterado incumplimiento de la ley por parte de la empresa.
“Es evidente que se está produciendo un fraude”, escribió. Y añadió: “No podemos estar falsificando documentos gubernamentales”. Según el abogado de los empleados, Josh Gruenberg, todas las demandas se resolvieron.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas inspeccionó posteriormente la documentación de Chula Vista y emitió un aviso de advertencia, según consta en los registros, lo que significa que encontró infracciones que debían ser subsanadas.
BaronHR no fue multada, según los registros. Pero fue denunciada al Departamento de Seguridad Nacional en virtud de un programa del gobierno de Biden que ofrece algunas protecciones a los trabajadores no autorizados y a los trabajadores temporalmente autorizados que denuncian infracciones laborales.
Hasta ahora, al menos otras 75 agencias de empleo de 17 estados han sido investigadas, según los documentos. El Departamento de Seguridad Nacional no quiso aclarar el estado de las investigaciones.
Solo un grupo de trabajadores, Arriba Las Vegas, ha recogido pruebas de maltrato de más de 1000 personas que trabajaron para BaronHR o sus filiales en California, Florida, Illinois, Nueva Jersey, Texas o Nevada, dijo Bliss Requa-Trautz, directora ejecutiva de la organización. Casi todos ellos no habían sido autorizados a trabajar en Estados Unidos, y algunos habían trabajado para BaronHR en épocas que se remontaban a los gobiernos de Trump y Obama.
Miedo a hablar
Cuando José Tapia se desgarró los tendones del hombro en 2017 en un almacén en Carson, California, no fue llevado de urgencia a un hospital, sino a la sucursal de BaronHR para ser interrogado por un abogado, según entrevistas y alegaciones en una demanda.
Tapia aún no se ha sometido a la cirugía recomendada por su médico, dijo, porque la agencia de empleo no tenía el seguro obligatorio del estado que cubre ese tratamiento, y no puede pagarlo él mismo. Su abogado dijo que se había llegado a un acuerdo en su caso, pero sigue esperando el pago.
En los últimos 15 años, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional ha inspeccionado los centros de trabajo de BaronHR unas 65 veces, contabilizando casi 100 infracciones con multas por un total de al menos 335.000 dólares, según datos federales. En la mayoría de los incidentes, las empresas asociadas a BaronHR también fueron citadas.
Algunos trabajadores han dicho en demandas y denuncias de derechos civiles que fueron despedidos o dejaron de recibir asignaciones después de sufrir una lesión o informar de otros problemas de salud. Otros no recibieron indemnizaciones por accidentes laborales, según se desprende de los registros y las entrevistas. Recientes declaraciones de quiebra enumeran unos 300 casos sin resolver, con más de 2 millones de dólares adeudados a trabajadores lesionados, proveedores médicos y otros.
Las quejas de los trabajadores van más allá de los problemas de salud y seguridad. Según las denuncias recogidas en entrevistas, demandas y acciones reguladoras, BaronHR también creó un entorno permisivo para la discriminación por motivos de raza, sexo, orientación sexual y embarazo.
Martínez, el exejecutivo de BaronHR que expresó su preocupación por la falsificación de documentos de empleo, presentó una demanda por discriminación y acoso, en la que acusó a la empresa de dotación de personal de haber mantenido registros codificados que permitían a los socios elegir a los trabajadores en función de la raza y otros factores.
Un documento interno, decía la demanda, se refería a los solicitantes negros como “friendlys”, a las mujeres como “lights” y a los hombres como “heavys”.
Este año, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo resolvió una demanda por discriminación contra BaronHR y Radiant Services, una empresa de lavandería comercial, que planteaba cuestiones similares relacionadas con el género y la raza. BaronHR acordó pagar 2,2 millones de dólares, y Radiant 1,1 millones.
Volvía a querer esas cosas
Durante más de dos décadas, los investigadores estatales y federales centraron su atención en Perez, el fundador de BaronHR, por infracciones laborales y fiscales. Pero se escabullía y volvía a empezar.
En los primeros años, su riqueza atrajo una atención desmesurada y apareció en publicaciones financieras y de entretenimiento, donde alardeaba de poseer varias casas en el sur de California y una flota de coches de lujo, entre ellos un Lamborghini y un Bentley. Hablaba de sentarse junto a la cancha en los partidos de los Lakers y los Clippers, de asociarse con el actor Mario Lopez en una productora y de codearse con Andy Garcia y otros famosos de Hollywood. Su empresa de entonces, Checkmate, entró en la lista de los 100 empresarios de la revista Hispanic.
Contactada por el Times, una vocera de Garcia dijo que los dos hombres se conocieron “brevemente en un torneo de golf” pero que no tuvieron más relación. Una vocera de Lopez dijo que Perez “apenas era un conocido” y describió la asociación como “una completa invención”.
En otoño de 2003, la suerte de Perez dio un giro cuando los investigadores allanaron las oficinas de Checkmate. Se declaró en bancarrota, lo que reveló que Checkmate tenía deudas que superaban los 50 millones de dólares, incluidos 15 millones que debía al fisco. Poco después, Perez y varios de sus ayudantes fueron acusados en California de defraudar a las aseguradoras casi 40 millones de dólares en primas.
En una declaración de quiebra personal en 2010, afirmó que solo tenía 17 dólares en su cuenta corriente y que debía 8 millones en impuestos. También declaró una participación de 300 dólares en una nueva agencia: BaronHR.
En 2011, la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de San Bernardino abandonó el caso criminal contra Perez después de que una víctima, el Fondo Estatal de Seguro de Compensación, dijo a los fiscales que desmentiría sus propias auditorías del presunto fraude, según muestran los registros. El fiscal supervisor del caso, ahora jubilado, dijo al Times que se trataba de un cambio de postura muy inusual, y no pudo ofrecer ninguna explicación.
En ese momento, Perez anunció en un comunicado de prensa que había sido “exonerado”. Varios de sus clientes de Checkmate lo siguieron a BaronHR.
Su regreso como el ave fénix fue emblemático de la naturaleza del “Salvaje Oeste” del mundo de la contratación de personal, dijo Pollie Pent, exdetective de la división de fraude del Departamento de Seguros de California, quien ahora trabaja en el sector de los seguros. “Hay muy poca supervisión”.
En 2017, Perez volvió a estar en problemas y pasó dos mañanas en la oficina del fiscal general de Estados Unidos en Santa Ana, California, tratando de llegar a un acuerdo. Las notas de las reuniones revelan una visión poco habitual y sin tapujos del negocio.
Según Perez, el sector de la contratación de personal estaba repleto de personas que utilizaban los números de la seguridad social de los reclusos para contratar personal en sus centros de trabajo. Dijo que la constante apertura y cierre de empresas por los mismos propietarios indicaba que evadían impuestos.
Las agencias que eludían el pago de impuestos sobre el empleo podían hacer ofertas inferiores a las de la competencia, dijo Perez, quien se ofreció a dar nombres de empresas que estaban “infravalorando y desvalijando”. También se ofreció a identificar a las empresas colaboradoras que se ensuciaban las manos exigiendo comisiones ilegales.
En cuanto a sus propios problemas, desvió muchas transgresiones hacia subordinados y contables, pero admitió que había comprado coches, un barco y un avión mientras debía millones de dólares al fisco, y luego ocultó bienes para que no se los embargaran.
“Perez tenía muchas posesiones cuando operaba Checkmate, y quería esas cosas de nuevo”, escribió un agente de la oficina del fiscal estadounidense en las notas.
En marzo de 2018, Perez aceptó un acuerdo secreto de culpabilidad que implicaba admitir la evasión de impuestos y cooperar en una investigación más amplia de la industria.
Pero por separado, ese agosto, la Fiscalía del Condado de Orange le acusó a él y a dos de sus ejecutivos de fraude fiscal y al seguro de compensación de trabajadores.
Perez apenas se inmutó.
En diciembre, organizó una brillante gala en el hotel Beverly Hilton para celebrar una organización benéfica que había creado y reconocer el éxito de BaronHR. La fiesta incluyó música en directo, premios a los mejores vendedores y el anuncio del objetivo de duplicar la empresa en cinco años.
“Trabajando juntos”, dijo Perez vestido de esmoquin blanco, “podemos hacer cosas increíbles”.
A los pocos meses de la gala, se retractó de su declaración secreta. Un gran jurado federal le imputó. Incluso en libertad bajo fianza durante seis años, se mostró “fundamentalmente reacio a cumplir” la ley, dijeron los fiscales.
Esta primavera, a medida que se acercaba su juicio, lo denunciaron como “un defraudador fiscal en serie que ha construido su imperio de personal en torno al incumplimiento crónico del pago de los impuestos federales aplicables a las nóminas por parte de sus empresas”.
Para entonces, él y sus socios ya se habían reinventado, esta vez como StaffLab LLC. En septiembre, según muestra una lista de clientes, la nueva firma ya había contratado a empresas asociadas.
Hoy, el sitio web de la empresa es una página en blanco.
“Mi participación en la industria de la dotación de personal me dio un trozo del sueño americano”, dijo Perez en su declaración desde la cárcel, “y luego se convirtió en mi peor pesadilla”.
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Churchill Ndonwie, Natasha Rodriguez, Carson Kessler, Angélica Castro-Reyes, Robert Gebeloff y Orlando Mayorquín colaboraron con reportería. Julie Tate y Sheelagh McNeill colaboraron con investigación.
Steve Eder es periodista de investigación del Times desde hace más de una década. Más de Steve Eder
Danielle Ivory es periodista de investigación del Times. Ha reportado sobre diversos temas, como las muertes por arma de fuego, la pandemia de covid y la guerra de Ucrania. Más de Danielle Ivory
Marcela Valdés es escritora de la plantilla de The New York Times Magazine. Se especializa en escribir sobre política y cultura latina y latinoamericana. Más de Marcela Valdes
Churchill Ndonwie, Natasha Rodriguez, Carson Kessler, Angélica Castro-Reyes, Robert Gebeloff y Orlando Mayorquín colaboraron con reportería. Julie Tate y Sheelagh McNeill colaboraron con investigación.
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