Trump resiste: planea nombrar a una controvertida abogada como fiscal especial para investigar el supuesto fraude

LA NACION
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WASHINGTON.- El presidente Donald Trumpconsidera nombrar a la abogada Sidney Powell como fiscal especial para que investigue las acusaciones de fraude electoral en su intento desesperado para mantenerse en la Casa Blanca.

Durante una reunión el viernes en la Casa Blanca, Trump incluso habló de entregar la acreditación de seguridad a Powell, según dos personas cercanas al encuentro que solicitaron el anonimato para hacer declaraciones sobre lo tratado a nivel privado.

Powell fue cesada de la unidad jurídica del equipo de campaña del mandatario por insistir en teorías de la conspiración infundadas.

Que Trump considere instalar a Powell subraya las acciones cada vez más desesperadas que sopesa en su intento para revertir los resultados de las elecciones del 3 de noviembre, que perdió frente al demócrata Joe Biden.

Trump considera teorías de la conspiración y planes descabellados en su intento para permanecer en el cargo, alentado por aliados como el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn y el ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, abogado personal del presidente.

Se desconoce si Trump tiene intención de proceder a la instalación de Powell. De acuerdo con la ley federal, el secretario de Justicia del país, no el presidente, es el responsable de nombrar a los fiscales especiales.

Y numerosos republicanos, desde el secretario de Justicia saliente, William Barr, hasta gobernadores y funcionarios electorales estatales, han dicho una y otra vez que no hay pruebas de fraude electoral a gran escala como Trump ha argumentado de manera infundada durante semanas tras su derrota.

The New York Times fue el primer medio en informar de la reunión del viernes.

Además de perder el voto popular por más de siete millones de sufragios, Trump perdió en la votación del Colegio Electoral por 306 votos electorales contra 232.

El equipo de campaña de Trump y los aliados del presidente han presentado unas 50 demandas en las que alegan fraude electoral generalizado y casi todas fueron desechadas o retiradas. Trump ha enfrentado reveses ante jueces de ambos partidos, incluidos algunos que nombró, y algunas de las derrotas judiciales más enérgicas se las han propinado republicanos conservadores.

La Corte Suprema también se ha rehusado a examinar dos casos, decisiones que Trump ha ridiculizado.

Sin más recursos legales sostenibles, Trump ha manifestado su disgusto y pedido a aliados opciones ante su negativa a aceptar la derrota.

Esto incluye a Giuliani, quien durante la reunión del viernes insistió a Trump que decomisaran las máquinas de votación en la búsqueda de pruebas del fraude. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional dejó claro que no tenía la autoridad para hacerlo y se desconoce que se habría logrado con esa acción.

Agencia AP

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