Tribunal ordena a la Secretaría de Seguridad publicar datos detallados sobre detenciones por narcomenudeo y narcotráfico

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) deberá poner a disposición pública un sistema de consulta que permita, mediante herramientas tecnológicas, visualizar las cifras desagregadas de detenciones por delitos de narcomenudeo en sus diversas modalidades, y narcotráfico en modalidades de producción y transporte, según determinó un Tribunal Colegiado de Circuito. 

Esto, como respuesta a un amparo promovido por la organización Elementa DDHH, a partir de la respuesta negativa a dos solicitudes de información en las que la dependencia argumentó no contar con los datos de administraciones anteriores. Para la asociación, esta es una muestra más de dos omisiones que caracterizan al actual gobierno federal en torno a la política de drogas: la producción de menos información y la opacidad con la que sí existe.

La relevancia de conocer las cifras desagregadas está directamente vinculada con dos aspectos centrales para analizar los resultados del prohibicionismo en torno al consumo de drogas: el tipo específico de delito por el que las personas están siendo mayormente detenidas, así como las poblaciones hacia las que se enfoca el punitivismo y la persecución que caracterizan a la política de drogas en el contexto actual, explica en entrevista Renata Demichelis, de Elementa. 

“Esto sienta un precedente para conocer más información sobre las consecuencias del prohibicionismo más allá de la militarización, sino en cuanto a detenciones y personas privadas de la libertad. Nos abre una puerta que seguiremos empujando para entrar lo más adentro posible”, señala Demichelis, pues los datos hasta ahora no permiten demostrar los impactos reales de la política prohibicionista y la nula estrategia de combate al crimen organizado.

Ambos factores han provocado una persecución al consumo sin trabajar en la prevención. Por ello, Elementa también ha llamado la atención sobre el tema de la posesión simple y la necesidad de despenalizarla. Tanto el artículo 477 de la Ley General de Salud como el 195 Bis del Código Penal Federal prevén este delito, para el que establecen penas de 10 meses a tres años de prisión y hasta 80 días de multa cuando la posesión no pueda considerarse destinada a comercio o suministro gratuito.  

De acuerdo con información recabada por Elementa en su informe Prisión por posesión, entre 2009 y 2020 se ejerció acción penal en contra de 8 mil 980 personas en el fuero federal por posesión simple. Los estados del norte son los que más remitieron casos. Sin embargo, la falta de desagregación impide saber a qué grupos se afectó, así como por cuáles sustancias y cantidades son consignadas las personas en aquellos casos en los que la autoridad no pudo comprobar que el destino fuera la comercialización o el suministro.

“La política de prohibición genera una persecución que, además, está atravesada por un nivel de punitivismo máximo, una persecución que implica cárcel para todas las personas que tengan que ver algo con las drogas. Nosotras podemos identificar que esa persecución afecta a grupos históricamente discriminados y que, estructuralmente, tienen falta de acceso a otros servicios y derechos, pero los datos no nos permiten comprobarlo”, dice Demichelis.

Esto se debe a que la información no está lo suficientemente desagregada para conocer no solamente detalles como sexo y edad, sino el tipo de delito. Las conductas de narcomenudeo y narcotráfico engloban varios, como posesión, posesión con ánimo de venta, comercialización, tráfico y otros. La diferencia es que, cuando se rebasa determinada cantidad, los delitos pasan del fuero local al fuero federal, y de considerarse narcomenudeo a narcotráfico. 

Lo que hasta ahora es visible sobre las poblaciones hacia las que se enfoca la persecución es que en su mayoría se trata de hombres jóvenes, racializados y atravesados por un tema de clase, añade Demichelis. Es decir, que viven en las zonas más pobres de la Ciudad de México u otra entidad. Sin embargo, no puede conocerse el tipo de delito que se les imputa, lo cual sería necesario para corroborar que se está criminalizando a un sector específico de la población que, adicionalmente, es de los que menos acceso tienen a la justicia. 

“Hemos detectado que se utiliza la posesión de sustancias para fincar otros delitos o extorsionar y decir ‘Te voy a sembrar droga’. ‘Te detuve porque te ves sospechoso’ y eso está claramente atravesado por un tema de raza y clase; se utilizan las drogas para extorsionar o para personas que están portando para consumo personal o microtráfico. Hay un debate que no estamos trayendo a la luz pública, que tiene que ver con el tema del microtráfico, pero son los eslabones más bajos de la cadena y a esos son a los que persigue esta fallida estrategia”, sostiene Demichelis. 

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Falta de generación de información y opacidad

La negativa de la SSPC para proporcionar los datos, y la falta de acción del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) —que primero solicitó hacer una nueva búsqueda pero, ante una segunda negativa de la dependencia, dio por cumplida la resolución— son parte de dos aspectos que las organizaciones han identificado en el actuar de la administración actual: la opacidad para entregar información ya existente, incluso bajo el argumento de seguridad nacional, y la no generación de información.

“En el tema de censos, encuestas, hay un montón que ya no se levantan, la de consumo, por ejemplo, es una de ellas. Hay un par que afectan el tema de política de drogas que dejaron de hacerse, y eso sí está pasando”, acusa Demichelis.

La experiencia en particular con la petición a la SSPC es que hay datos públicos disponibles en censos del Inegi sobre población penitenciaria, pero están englobados en conductas de narcotráfico y narcomenudeo, y a veces incluso en otras, que no permiten generar un análisis preciso de qué se está persiguiendo en el fondo y cuáles son las conductas específicas que se penalizan.

Esto está ligado al cuestionamiento de cuántos recursos públicos se están destinando a perseguir a personas consumidoras. La información existente hasta hoy está más orientada a generar datos para evaluar el sistema penitenciario, pero no permite analizar las dinámicas de persecución. Mientras eso no exista, tampoco será posible trazar nuevas rutas, asegura la activista. 

“Dentro de todos esos delitos, hay algunos que tendrían que salir con multas o no pasar por la cárcel, o que las penas sean muy bajas, y hay otros que ameritan penas muchísimo más altas. No podemos saber quiénes son ni por qué delito. Aparte está el perfil sociodemográfico: no hay datos desagregados que nos permitan conocer también temas de identidades sexuales, discapacidades, niveles escolares, un montón de datos que nos permitirían decir que, efectivamente, hay una persecución a un sector específico de la sociedad”, señala Demichelis.  

Desde noviembre de 2019, se publicaron los Lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación del Registro Nacional de Detenciones, que supuestamente tiene el objetivo de prevenir violaciones de derechos humanos, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes o desaparición forzada. Por eso, de acuerdo con Elementa, puede señalarse el incumplimiento de una obligación en el momento en que la SSPC sostiene que es incompetente y que no cuenta con la información.

A pesar de que el tema de la seguridad pública ha tenido transformaciones orgánicas en la administración pública federal, la ley señala que las facultades y obligaciones se transfieren, recuerda Demichelis. Por lo tanto, el INAI no debió dar por cumplida la resolución únicamente con una respuesta en el sentido de que la dependencia había buscado nuevamente la información y no la había encontrado. 

El Tribunal Colegiado que resolvió favorablemente el amparo no solo establece que la SSPC sí es competente y tiene la obligación de contar con la información, incluido el histórico, sino que también señala la necesidad de que la dependencia se allegue de herramientas tecnológicas para hacer una versión pública de los datos desagregados. 

“Hay un reto también en el cumplimiento de la sentencia por dos lados: uno, por la propia actitud que está teniendo la administración pública federal, de hacer lo que quieren sin importar la ley o si hay una obligación de cumplimiento, y por el otro, las propias deficiencias del sistema de justicia, que es muy lento; nosotras necesitamos estar al pendiente y seguiremos vigilando el cumplimiento de la sentencia, y que sea conforme se señala, adecuado, y no solamente de palomeo”, advierte Demichelis.

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