Tribunal ordena restituir en su cargo al alcalde de la capital colombiana

BOGOTA (Reuters) - Un tribunal ordenó el martes restituir en su cargo al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a más tardar en 48 horas, en una decisión que abre un nuevo capítulo en el complejo proceso jurídico que mantiene en incertidumbre la gobernabilidad de la capital de Colombia. Los abogados de Petro informaron que el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al presidente Juan Manuel Santos acatar las medidas cautelares que le concedió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y reintegrarlo a sus funciones. "Esta vez Tribunal Superior de Bogotá protege derechos políticos, que son derechos humanos de la ciudadanía bogotana, de Bogotá y los míos", escribió Petro en su cuenta de Twitter. Petro, un líder de izquierda de 54 años que perteneció a la guerrilla, fue destituido hace más de un mes por Santos, al acoger una solicitud del procurador general, Alejandro Ordoñez, y rechazar una petición de la CIDH. El presidente dijo antes de que se conociera la decisión del tribunal -que de acuerdo con fuentes judiciales podría ser apelada ante una alta corte o revocada- que procedería a restituir en su cargo a Petro si un juez así se lo ordenaba. El regreso de Petro al cargo implica la salida de la alcaldesa María Mercedes Maldonado, nombrada en su remplazo, así como el posible aplazamiento de elecciones para elegir a un nuevo alcalde. La decisión podría reactivar la convocatoria a un referendo para que los habitantes de Bogotá determinen si mantienen a Petro o le revocan su cargo. El fallo del tribunal es independiente a otro proceso ante el Consejo de Estado, que también busca restituir al alcalde. La capital colombiana de más de ocho millones de habitantes, con un presupuesto anual de 7.000 millones de dólares, enfrenta problemas de inseguridad, caos en el tráfico vehicular, destrucción del pavimento de las calles y falta de planeación, a lo que se suma el desempleo y baja cobertura de salud pública. Además de solicitar la destitución de Petro, la Procuraduría, un organismo que se encarga de vigilar a los funcionarios del Estado y que impone sanciones administrativas pero no penales, lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años, bloqueando sus aspiraciones de llegar a la presidencia en el 2018. El procurador general destituyó en diciembre a Petro por irregularidades en el manejo de la recolección de basuras, pero el dirigente de izquierda interpuso cientos de recursos jurídicos para impedir su salida de la alcaldía. El entonces alcalde cambió en diciembre del 2012 el modelo de recolección de basuras, que estaba a cargo de operadores privados, y entregó esa función a la Empresa de Acueducto, lo que provocó que la ciudad terminara inundada de desperdicios. Pero la alcaldía volvió a contratar el servicio de algunos operadores privados después de la crisis que se registró en la capital colombiana. (Reporte de Luis Jaime Acosta.)