Yahoo Noticias Tribunal guatemalteco absuelve a exmilitares por masacre de campesinos en 1982
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un Tribunal guatemalteco absolvió a tres militares de un grupo élite del ejército acusados de participar en la masacre de unos 200 campesinos en la comunidad Dos Erres al norte del país, ocurrida en 1982.
Los absueltos son Alfonso Bulux, Gilberto Jordán y José Ortíz Morales. Los dos últimos huyeron de la justicia y vivieron como migrantes en Estados Unidos, de donde fueron deportados para que enfrentaran a la justicia de Guatemala.
Éste es el cuarto juicio que se lleva por el caso. Por lo menos otros cinco acusados, militares integrantes del mismo grupo élite conocido como Kaibiles, fueron condenados a más de 5.000 años de prisión por esas muertes. Sin embargo, la legislación guatemalteca solo permite que una persona cumpla 50 años en prisión.
La masacre ocurrió a finales de 1982, cuando en medio de la guerra entre ejército y la guerrilla izquierdista, un grupo de combatientes robó armas a los militares. En la búsqueda del armamento, los soldados llegaron a la comunidad Dos Erres, ubicada en el departamento de Petén y habitada por campesinos, a quienes acusaron de ayudar a la guerrilla.
Según la hipótesis de la fiscalía, al no encontrar las armas en el lugar, los uniformados se ensañaron contra la población, separando hombres, mujeres, niños y niñas, a quienes violaron, torturaron y asesinaron. Arrojaron sus cuerpos, algunos aún con vida, a un pozo que estaba en construcción.
El tribunal que absolvió a los tres militares dijo que no encontró responsabilidad de los acusados y que además hubo incoherencias en fechas de fallecimiento de las víctimas. También ordenó que los tres imputados queden en libertad de forma inmediata y que se destruya la prueba material presentada en el debate.
La Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), querellantes en el caso, condenó y rechazó el fallo del tribunal.
En un fallo en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado guatemalteco por no investigar el caso, mantenerlo en impunidad y no responder a las víctimas que esperaron más de 27 años para obtener por primera vez condenas en el caso.
