Estos trabajadores extranjeros tienen algunos de los trabajos más duros de Idaho. ¿También son maltratados?

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Un pastor vasco trabajó durante casi una década en un rancho cercano a Mountain Home, bajo condiciones que él mismo describe en un reclamo como cercanas al encierro: prohibición de obtener licencia de manejo, imposibilidad de desplazarse a la ciudad para recibir atención médica o comprar comida, que su jefe, John Anchustegui, no le proporcionaba en cantidad suficiente. Durante casi una década, se le debieron cientos de miles de dólares de las nóminas del salario mínimo que ganaba trabajando como pastor de ovejas y peón agrícola, según los reclamos.

Cerca del río Snake, en el extremo norte del condado de Owyhee, Anchustegui manejó su hacienda de ovejas durante más de 40 años. Importaba a la mayoría de sus trabajadores agrícolas migrantes a través del programa federal de visas H-2A, que permite a los extranjeros trabajar temporalmente en EE. UU. Desde principios de la década de 2000, el Departamento de Trabajo de Idaho conocía las quejas de los trabajadores de Anchustegui, dos de los cuales escaparon a casa de un vecino, hambrientos y pidiendo ayuda, según las denuncias presentadas ante el departamento.

Los funcionarios de trabajo también conocían el trato que Anchustegui daba a los empleados del Estado que inspeccionaban las viviendas de sus trabajadores, con años de historias documentadas de amenazas e intimidaciones que dieron lugar a una advertencia permanente de que los inspectores nunca fueran solos a su propiedad.

Pero a pesar de los años de maltrato persistente y documentado, el Departamento de Trabajo de Idaho — encargado de proteger por ley federal a los trabajadores vulnerables— siguió ayudando a Anchustegui a conseguir más trabajadores agrícolas inmigrantes.

Anchustegui fue uno de los seis ganaderos de ovejas que se enfrentaron a denuncias de trabajadores en Idaho en la última década. Cuatro de ellos fueron sancionados con multas tras las investigaciones. Sólo uno dejó de recibir ayuda del departamento de trabajo del estado para conseguir más trabajadores. Los defensores afirman que las denuncias muestran un patrón persistente de explotación en una industria, con supervisión limitada, que emplea a algunos de los trabajadores más vulnerables del país: trabajadores aislados, sin redes sociales, que a menudo no hablan inglés.

“Si te quejas, puedes volver a Perú”, dijo un pastor de ovejas entrevistado por el Idaho Statesman bajo condición de anonimato, “y no vas a poder regresar”.

Los registros detallan las denuncias de malos tratos a los trabajadores

Más de 600 pastores cuidan ovejas para ganaderos de todo Idaho en entornos que los hacen casi invisibles para gran parte del público: trabajan solos o en parejas, acampados en las lejanas laderas de algunas de las tierras públicas más remotas del estado. La mayoría proceden de Perú, México u otros países sudamericanos.

El Departamento de Trabajo de Idaho ayuda a los ganaderos del estado a contratar trabajadores extranjeros para labores que los estadounidenses no solicitan, como el pastoreo de ovejas. Eso significa que ayudan a los ganaderos con las ofertas de empleo.

También se espera que la agencia ayude a hacer cumplir las leyes de protección de los trabajadores inspeccionando sus viviendas y aceptando quejas, a menudo traducidas del español, en nombre de los trabajadores. Estas quejas suelen remitirse a la División de Salarios y Horas Laborales del Departamento de Trabajo federal, una agencia de seguridad que lleva a cabo investigaciones para determinar los hechos. Si los patrones muestran una pauta de abusos o una falta de voluntad para cooperar, se les puede revocar la posibilidad de contratar a los trabajadores.

En el caso de Anchustegui, las denuncias se acumularon. Las quejas afirmaban que la entrega de alimentos a los pastores se retrasaba hasta un mes. A veces, la carne se echaba a perder en la parte trasera de una camioneta o cuando finalmente llegaba se la había comido parcialmente un perro que viajaba en el platón de la camioneta, según los registros obtenidos por el Statesman. El estado recopiló más de 100 páginas de quejas de correspondencia entre empleados del departamento estatal de trabajo y otras personas, que el Statesman obtuvo a través de Erik Johnson, abogado de trabajadores agrícolas migrantes de los Servicios de Ayuda Legal de Idaho.

En 2008, un inspector informó de que en las viviendas que Anchustegui proporcionaba a los trabajadores faltaban baldosas de piso en varias habitaciones, había hoyos en el techo de un dormitorio, grietas, faltaban focos, había metal oxidado en la entrada de una ducha, un inodoro roto y un botiquín vacío. Los tres vagones inspeccionados estaban “sucios” y tenían excrementos de ratón. Los colchones del interior estaban destrozados y no había botiquines de primeros auxilios.

En 2012, un asistente del sheriff local acudió un miércoles a una barraca del rancho de Anchustegui tras la denuncia de un trabajador, según un relato incluido en correos electrónicos del departamento de Trabajo. Parte de la queja se refería a la escasez de alimentos, pero cuando el ayudante del sheriff y el inspector llegaron, Anchustegui mostró una despensa bien surtida.

Delante del asistente del sheriff y del empleado estatal, Anchustegui le preguntó enojado a su trabajador por qué se había quejado de la comida, según el relato. El inspector tradujo para el trabajador, que respondió: “Acabas de traer esa comida el lunes”. Anchustegui llamó a otro trabajador que estaba en el jardín para preguntarle si había comida suficiente. “El trabajador pareció sobresaltado, nos miró fijamente y asintió con la cabeza”, relató. Unos minutos después, el asistente del sheriff se marchó al considerar que había comida suficiente, según el informe.

El trabajador que se había quejado se negó a quedarse en la barraca esa noche por miedo a lo que Anchustegui pudiera hacerle, según el relato, y días después se fue del país.

A lo largo de 16 años, funcionarios del Departamento de Trabajo del Estado denunciaron en correos electrónicos que Anchustegui maltrataba a sus trabajadores, que era “peligroso” y poco colaborador, y que intentaba bloquear las inspecciones adecuadas o la posibilidad de que los inspectores hablaran con sus trabajadores. Sin embargo, todos los años, según los datos laborales disponibles desde 2008 hasta la actualidad, el gobierno aprobó las solicitudes de Anchustegui para contratar trabajadores con la ayuda del departamento estatal de trabajo.

Durante un periodo de 20 años, Anchustegui fue objeto de al menos cuatro investigaciones federales —la última en 2014— y multado con 7.800 dólares en total por incumplimientos salariales y laborales.

Anchustegui falleció en junio. Su viuda, contactada por teléfono, declinó hacer comentarios.

“El Estado debería suspender los servicios a los ganaderos que violan repetidamente la ley”, declaró Johnson al Statesman. “Creo que el Departamento de Trabajo no quiere adoptar una postura tan controvertida en un estado que depende en gran medida de la agricultura. Creo que son sensibles al aspecto político al respecto”.

Las condiciones descritas de los trabajadores de Anchustegui no eran únicas y, hoy en día, algunos pastores siguen luchando por lograr satisfacer sus necesidades básicas.

En las entrevistas con cuatro pastores, que el Statesman ha decidido no identificar por temor a las represalias de sus empleadores, el Statesman observó al menos tres circunstancias que un importante funcionario del departamento federal de trabajo dijo que eran probables violaciones de la ley de empleo. Las entrevistas con los pastores se realizaron en español con la ayuda de un intérprete.

Los ganaderos no pueden “permitirse manejar este negocio sin mano de obra extranjera cautiva”, dijo Johnson. “No pueden pagar un salario justo y proporcionar una vivienda y condiciones de vida decentes y obtener ganancias”.

Dos de los trabajadores entrevistados por el Statesman no tenían botiquín. Uno dijo que antes tenían uno, pero que el jefe “no quiere gastar dinero en eso”. Les traen comida una vez a la semana, y dijeron que les pueden traer medicinas si las piden.

Pero si se enferman entretanto, tienen que esperar a la siguiente entrega. Los pastores dicen que pueden pedir verduras frescas a su jefe, pero no tienen forma de almacenarlas. No tienen nevera, dijeron al Statesman en un día casi despejado que superaba los 80 grados antes del mediodía.

Ambos pastores dijeron que temen entrar en discusiones con su jefe sobre las condiciones de trabajo, lo que podría poner en peligro su acceso a un empleo y a unos salarios que superan con creces los que se pagan en su país de origen. Si no se les renueva el contrato, estos trabajadores regresan a Perú, donde la economía atraviesa dificultades en medio de un importante malestar político.

“Si nos quejamos demasiado, no conseguiremos un nuevo contrato”, dijo un pastor entrevistado por el Statesman.

En un comunicado, la directora del Departamento de Trabajo de Idaho, Jani Revier, dijo que 12 empleados supervisan las condiciones de los trabajadores agrícolas y “se aseguran de que los agricultores cumplan con sus obligaciones de proporcionar agua potable y un ambiente de trabajo seguro e higiénico.” Ella dijo que esos empleados a veces ayudan a los trabajadores agrícolas a presentar quejas, y que la agencia sigue las reglas federales cuando una agencia de seguridad judicial determina que los jefes violaron las leyes de empleo, que requieren que el departamento inicie el proceso de cese de ayuda para conseguir más trabajadores.

La agencia ha dejado de prestar servicios a dos empleadores agrícolas desde 2019, aunque ninguno de ellos era ganadero de ovejas, dijo la portavoz Georgia Smith.

El departamento se negó a hacer comentarios sobre las reiteradas investigaciones de Anchustegui.

Las asociaciones de ganaderos ayudan a conseguir trabajadores

Los ganaderos también deben solicitar trabajadores a varias agencias federales, como los Servicios de Ciudadanía e Inmigración y el Departamento de Estado. Las asociaciones sin ánimo de lucro de Mountain West —una de las mayores tiene su sede en Idaho— ayudan a los ganaderos a sortear la burocracia cobrando una cuota y actuando como sus agentes.

Aunque el gobierno estatal no denegó las solicitudes de trabajadores de Anchustegui, Mountain Plains Agricultural Services, una asociación con sede en Wyoming, siguió ayudándole a solicitar nuevos trabajadores, a pesar de saber que tenía un historial de denuncias. La fuerza laboral de Anchustegui llegó a tener hasta cinco trabajadores H-2A a principios de la década de 2010, bajó a uno y volvió a subir a tres desde 2019 hasta este año.

En 2004, la directora de Mountain Plains envió un fax al Departamento de Trabajo estatal. El fax de la entonces directora, Oralia Mercado, hacía dos observaciones: Anchustegui había descontado ilegalmente más de 2.000 dólares de la nómina de un trabajador y no pagaba mensualmente a sus trabajadores como es obligatorio. Mountain Plains siguió haciendo negocios con Anchustegui durante los 18 años siguientes. Mercado no respondió a una solicitud de comentarios.

En una entrevista, la directora del grupo, Kelli Griffith, dijo que la junta de Mountain Plains ha dejado de trabajar en el pasado con ciertos ganaderos basándose en los hallazgos de una investigación gubernamental. Griffith comenzó a trabajar en la asociación en 2011 y dijo que los archivos de Anchustegui “no indican ningún hallazgo de abuso o maltrato.”

Griffith dijo que Anchustegui pidió ayuda a la asociación para presentar documentación durante una investigación federal en 2014. La investigación en última instancia resultó en $4,000 en multas, pero Griffith dijo al Statesman que no estaba al tanto del resultado.

¿Quién va a vigilar a las ovejas?

El testimonio de primera mano de los pastores puede ser difícil de obtener, ya que los trabajadores temen las represalias y pueden ser vigilados de cerca por sus empleadores. Un empleado del Departamento de Trabajo de Idaho escribió en un informe de 2008 sobre el rancho de Anchustegui que, durante una inspección de alojamientos, el ganadero estaba siempre al lado del inspector, “sin permitirle jamás hablar con los trabajadores ni hacerles preguntas, ni a solas ni con el empleador presente”. El mismo informe también decía que Anchustegui restringía “el acceso de personas ajenas a estos trabajadores, y estos nunca van a ningún sitio a menos que estén acompañados por el empresario o sus capataces.”

No fue hasta que una empresa de asistencia jurídica del Estado demandó a Anchustegui que se airearon públicamente las acusaciones de primera mano contra él.

Sabino Leibar, uno de los empleados de Anchustegui, lo demandó en 2017 con acusaciones que iban más allá de las ya detalladas en las investigaciones federales. Incluían la retención de 264.000 dólares en salarios durante años e impedir a Leibar buscar atención médica.

Anchustegui llevó a su empleado a un médico de Mountain Home —a 32 millas del rancho— en 2010 por “artrosis severa”, hipertensión y colesterol, según la demanda. El médico le recetó medicación y le aconsejó que volviera periódicamente para un tratamiento de seguimiento. Pero después de eso, Anchustegui “se negó a transportar” al pastor para que recibiera atención médica o a permitirle salir por su cuenta, según la demanda.

Durante los años que el empleado trabajó para Anchustegui, tres compañeros murieron “por falta de acceso a atención médica o en un intento de alejarse a pie del rancho”, según la denuncia. Según el relato de Leibar, un hombre intentó ir a pie a la ciudad en invierno y murió congelado, mientras que otros dos murieron por afecciones cardiacas no tratadas. El Statesman no pudo verificar las tres muertes, cuyos detalles siguen siendo escasos, con la Oficina del Forense del Condado de Elmore.

Los sueldos de Leibar terminaron en 2009, una vez que empezó a cobrar las prestaciones de jubilación de la Seguridad Social, según la denuncia, aunque Anchustegui no pagó los impuestos de la Seguridad Social adeudados por el trabajo de su empleado.

Cuando un empleado del Estado le preguntó por la falta de pago de los salarios, Anchustegui lo negó y afirmó que siempre pagaba a sus trabajadores “lo que querían cobrar”, según un relato de 2008 en el que se detallaban las acusaciones contra él. “Se entiende que les retiene el dinero hasta que lo necesiten... o lo quieran”, escribió el empleado estatal. “El Sr. Anchustegui comentó que a los trabajadores no les gusta tener todo ese dinero encima”.

En 2017, Anchustegui negó todas las acusaciones en su contra en presentaciones judiciales, incluyendo que no había pagado los salarios correctamente o impedido que sus trabajadores obtuvieran atención médica. Anchustegui dijo que, de 2009 a 2017, Leibar a menudo solo trabajaba en su “jardín privado”.

Anchustegui dijo a Associated Press en 2017 que el caso era una “calumnia ficticia”. Afirmó que Leibar era “el único que se ha quejado de algo así”. Anchustegui también presentó una contrademanda contra él, solicitando daños y perjuicios.

Johnson señaló al Statesman que el pleito terminó con el pago de una indemnización al pastor. No quiso revelar la cantidad, pero dijo que el resultado era “satisfactorio” para Leibar. La reconvención fue desestimada. No fue posible contactar a Leibar.

El portavoz del Departamento de Trabajo de EE.UU., Michael Petersen, dijo que las investigaciones de la División de Salarios y Horas Laborales sobre Anchustegui descubrieron que no se proporcionaban contratos de trabajo “completos y precisos” ni declaraciones salariales completas, que los salarios se pagaban con menos frecuencia de la requerida y, en una investigación, que se habían cometido infracciones de seguridad y salud en la vivienda y una infracción salarial.

La División de Salarios y Horas Laborales está facultada para inhabilitar a los empresarios que hayan infringido “sustancialmente” las leyes laborales, lo que les impide obtener trabajadores H-2A durante tres años. En el caso de Anchustegui, dijo Petersen, “el alcance y la gravedad de las violaciones encontradas en los casos anteriores no llegaron al nivel de inhabilitación.” Pero añadió que, durante la investigación de 2014, que incluyó violaciones salariales y de seguridad en la vivienda, la división “consideró la posibilidad de inhabilitación”. El empleador, sin embargo, dio garantías creíbles y específicas de que estas violaciones no se producirían en el futuro.”

Grupos de asistencia jurídica de estados como Idaho y Colorado representan a los pastores y afirmaron en entrevistas que a menudo tienen conocimiento de casos de retención de salarios, denegación de atención médica o insuficiencia de alimentos o agua para los trabajadores.

“Escuchamos hablar mucho de problemas estomacales, o simplemente de gripe, problemas dentales que simplemente no reciben tratamiento”, dijo Jenifer Rodríguez, abogada gerente de la División de Trabajadores Agrícolas Migrantes de los Servicios Legales de Colorado. “Sus empleadores se niegan a llevarlos a recibir tratamiento para eso porque, ‘¿quién va a cuidar a las ovejas’”?

ÉL NOS NECESITA’ para conseguir sus trabajadores

Años de correos electrónicos e informes escritos demostraron que los presuntos malos tratos de Anchustegui no sólo iban dirigidos a los propios trabajadores, sino que se extendían a su conducta con los empleados del Estado. Un inspector relató que Anchustegui es “muy intimidante” y que se decía que los inspectores nunca fueran solos a su propiedad. El mismo inspector dijo que Anchustegui “le gritó” cuando abrió un armario para ver si proporcionaba vajilla a sus empleados. Cuando el inspector pidió al empresario que limpiara un cuarto de baño, “dijo groseramente que no lo haría”.

“Este empresario ha maltratado a lo largo de los años a sus trabajadores y a nuestro personal”, decía un correo electrónico de 2017 de un empleado del Departamento de Trabajo. “De hecho, lo considero peligroso (hay muchas historias sobre él, agitando una pistola o amenazando con disparar a los trabajadores). ... Me sorprende que nuestro departamento exponga a nuestro personal a este tipo de trato”. El empresario quiere participar en el programa y ÉL NOS necesita para realizar la inspección de la vivienda a fin de conseguir sus trabajadores.”

El funcionario sugirió enviarle una carta de advertencia antes de las inspecciones para facilitar el proceso a los empleados del Departamento de Trabajo, y la agencia estatal así lo hizo. El empleado aconsejó que la carta le dijera que tenía que cooperar y “tratar a nuestro personal con respeto y cortesía”, señalando que “sin nuestra ayuda no puede participar en el programa.”

Una carta de 2008 del Estado al Departamento de Trabajo de EE. UU. adjuntaba una serie de alegaciones que decían lo siguiente: “Dado que a lo largo de los años ha habido un patrón de aparentes violaciones contra este empleador, este departamento está particularmente interesado en el resultado de su investigación”. Esa y otra investigación dieron lugar a una multa de 3.000 dólares. Otra investigación, seis años más tarde, se saldó con 4.000 dólares de multa.

Los cuatro hacendados con vínculos en Idaho que fueron multados por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos también incluyeron a Forrest Arthur, de Paul, quien dio lugar a un comunicado de prensa que señaló que no había reembolsado a los trabajadores por su viaje desde Perú —lo cual es requerido para los trabajadores H-2A—, retuvo salarios y no cumplió con las normas de seguridad de alojamiento y transporte. Se le ordenó pagar 8.387 dólares en salarios atrasados a 14 trabajadores y 12.105 dólares de multas en 2019. Arthur no respondió a una solicitud de comentarios.

Una denuncia de 2017 contra un ganadero de Utah, Royce Larsen, decía que un pastor “no había cobrado en cinco meses y no tenía comida ni agua.” El personal laboral del estado visitó el lugar y encontró que el trabajador tenía jarras de agua vacías y una caja parcial de agua embotellada. El ganadero fue multado posteriormente con más de 4.000 dólares. Larsen no pudo ser localizado para hacer comentarios.

De los cuatro ganaderos sancionados, el Departamento de Trabajo de Idaho sólo dejó de prestar servicios a una hacienda, propiedad de Jim y Carrie Marek, de White Bird. Una investigación descubrió que los hacendados no pagaban a sus trabajadores los salarios que les correspondían y no habían cooperado con la investigación de la agencia estatal, no respondieron a las repetidas llamadas e intentaron solicitar más trabajadores bajo un nombre comercial diferente.

Jim Marek se negó a hacer comentarios. Carrie Marek no pudo ser localizada.

Dado que el programa H-2A está diseñado para no restarles oportunidades a los trabajadores estadounidenses, los trabajos de pastoreo deben ofrecerse anualmente en un sitio web estatal antes de que el Departamento de Trabajo permita a los ganaderos buscar trabajadores fuera del país. Durante décadas, el número de trabajadores estadounidenses dispuestos a convertirse en pastores de ovejas y asumir las largas jornadas, los bajos salarios y el aislamiento, ha sido escaso o nulo.

Johnson dijo que presentó otro caso ante el Departamento de Trabajo de EE. UU. a principios de este año, y está involucrado en casos con 14 pastores, incluyendo tres casos de tráfico de mano de obra para los ganaderos en Idaho, Nevada y Arizona. Idaho Legal Aid recibe de dos a cuatro llamadas al año relacionadas con cuestiones laborales de pastores de ovejas. Johnson dijo que, si bien las quejas son graves, a menudo se necesita una situación severa para que un trabajador presente una queja en primer lugar.

“Lo habitual es que los pastores soporten muchas cosas”, afirma Johnson, que señala lo difícil que es la economía en Perú. “Un pastor no se quejará hasta que las cosas se pongan muy, muy mal. Intentará aguantar”.

A veces, los pastores abandonan su empleo para trabajar en la construcción o en restaurantes, donde los salarios mínimos de algunos estados prometen pagar varias veces superiores a los ingresos de un pastor. Como la visa H-2A está vinculada a un trabajo concreto, esos trabajadores se convierten en indocumentados si cambian de profesión.

En el pasado, la Asociación de Idaho Woolgrowers ha presionado para impedir que los trabajadores se marchen, aprobando legislación. En 2013, la asociación y un ganadero de ovejas, el exsenador estatal Jeff Siddoway, respaldaron un proyecto de ley que habría tipificado como delito menor que los pastores abandonan su puesto de trabajo sin notificarlo a su empleador. Los delitos menores en Idaho se castigan con una multa de 1.000 dólares y hasta seis meses de cárcel.

Los legisladores nunca realizaron la audiencia del proyecto de ley. Pero en una entrevista con el Statesman, Siddoway dijo que todavía apoya que sea un delito menor para los pastores de ovejas que abandonen el trabajo porque los ganaderos gastan mucho dinero para traer a los trabajadores a los EE. UU., incluyendo sus gastos de viaje.

Dice que dos de sus 16 pastores han dejado su trabajo este año, y que a veces son hasta seis los que se marchan para trabajar en lecherías cercanas o en la construcción. Afirma que los ganaderos suelen invertir unos 3.000 dólares en los pastores para traerlos a EE. UU., y que, si se marchan sin avisar, un rebaño de ovejas —con un valor de 500.000 dólares o más— podría separarse. Ovejas, perros y caballos podrían quedar desatendidos en las montañas durante días.

“Si alguien se larga así no más, nos deja realmente en un lío”, dijo Siddoway. “Tienes millones y millones de dólares en cosas fuera de aquí, tienes que tener a alguien con ellos allá fuera todo el tiempo”.

Conseguir un pastor de reemplazo puede llevar de tres a seis meses, lo que deja al ganadero luchando por cuidar de su rebaño mientras tanto, explica.

Siddoway dijo que el propósito de la legislación era incitar a los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. —más conocido como ICE— a comprometerse en la persecución de los ganaderos que se marchen. Los funcionarios del ICE habían dicho a los ganaderos que no deportarían ni detendrían a los inmigrantes sin antecedentes penales, dijo Siddoway al Statesman. Lograr que los pastores que abandonan el trabajo se enfrenten a un delito menor les daría antecedentes, dijo.

“Por aquel entonces, el ICE nos decía que no iban a hacer cumplir ninguno de los problemas de inmigración a menos que la persona tuviera algún tipo de antecedente”, explicó. “Ese era el objetivo del programa. Si pudiéramos conseguir un delito menor contra ellos, entonces ICE podría ir y decir que este tipo tiene una infracción, por lo cual lo podemos recoger”.

Como la información viaja rápidamente entre los pastores, dijo Siddoway, pensó que una ley de este tipo tendría un impacto rápido.

“De ahí en adelante no volveríamos a tener ese problema” dijo, “porque les dirían que si te largas, te van a llevar preso”.

El vicegobernador Scott Bedke, que era presidente de la Cámara cuando se propuso la ley, dijo que el Estado no tenía por qué regular este tipo de disputas entre empresarios y empleados.

“Si mañana no vas a trabajar, no creo que seas culpable de un delito menor”, declaró el al Statesman.

No se cumplen las normas

La tienda de campaña de los pastores se encontraba a kilómetros de la ruta en las montañas de Idaho, en una ladera de artemisa con un amplio valle en frente. Pero los pastores y sus 2.000 ovejas no aparecían por ninguna parte.

Para los pastores de Idaho, las distancias montañosas forman parte del trabajo cotidiano. Los pastores entrevistados por el Statesman se despiertan al amanecer y a veces recorren kilómetros para llegar hasta sus ovejas, con las que pasan la mañana antes de regresar a su tienda de lona para almorzar al mediodía. Tras un descanso de entre 30 minutos y una hora, vuelven al trabajo, a caballo acompañados por una jauría de perros pastores. A menudo no regresan al campamento hasta el anochecer.

Esas largas horas diarias, llenas sólo de sol, viento, zumbidos de insectos y el aullido de los perros que corretean, se compensan con unas de las tarifas más bajas de todos los trabajadores de Estados Unidos.

La inusual vida de los pastores hace que las circunstancias sean una lucha por cumplir las expectativas laborales de los trabajadores inmigrantes.

El verano para los pastores de Idaho es un largo viaje de acampada, en el que los trabajadores viven en carromatos o tiendas de campaña a lo largo de caminos sin pavimento o laderas de montaña. No tienen agua corriente, baños ni duchas. No tienen más cocinas que los hornillos de propano para acampar. No tienen refrigeración. No tienen electricidad, salvo un cargador de teléfono solar si su empleador se los proporciona.

Dos pastores entrevistados vivían en una tienda de lona llena de hoyos que, según dijeron, filtraba agua cuando llovía. Los alojamientos de pastoreo, como se llaman estos sitios, son menos estrictos en materia de seguridad y salud que los de los demás trabajadores.

“No obstante, con cierta frecuencia constatamos que incluso esas normas flexibles no se cumplen”, afirma Daniel Chapman, asesor principal de política de la División de Salarios y Horas Laborales del Departamento de Trabajo de EE. UU.

Los pastores de ovejas también están exentos del salario mínimo federal, y en su lugar se les paga una tarifa para “ocupaciones del campo” que ronda por los 1.900 dólares al mes. Teniendo en cuenta las jornadas de 12 horas o más que los pastores trabajan, siete días a la semana, eso equivale a 5 ó 6 dólares la hora. Aunque algunos estados han aumentado el salario mínimo de los pastores, hasta 3.850 dólares en California y 2.423 dólares en Colorado, Idaho no lo ha hecho.

Este conjunto de circunstancias --que los partidarios califican de idilio pastoral y los críticos de terreno propicio para el abuso de los trabajadores-- ha provocado frecuentes conflictos entre los defensores de los trabajadores y los ganaderos en los últimos años.

En un día de julio a 85 grados, dos pastores entrevistados dicen que no les traen suficiente agua potable y que dependen de un arroyo cercano. Aunque han pedido a su empleador que les facilite un sistema de tratamiento o filtrado del agua para evitar enfermedades, no se les ha proporcionado dicha protección. Los pastores mostraron al Statesman un paño de cocina que utilizan para filtrar el agua potable.

Richard Longo, administrador regional adjunto de la División de Salarios y Horas Laborales en el Departamento Federal de Trabajo, dijo al Statesman que los ganaderos que no proporcionan agua potable limpia probablemente están violando las leyes laborales “pase lo que pase”. Pero podrían ser infracciones más o menos graves si los investigadores analizaran el agua en busca de posibles patógenos.

Longo señaló que el estado ruinoso de las viviendas y la falta de botiquín de primeros auxilios con que se topó el Statesman eran también probables infracciones de la legislación laboral.

Es habitual que no se proporcione agua potable a los pastores, en gran parte porque sería poco práctico: los trabajadores se encuentran a veces a kilómetros de distancia de carreteras o caminos. A menudo, eso significa que los empleadores son los únicos que saben dónde están sus trabajadores, lo que obliga a los investigadores a ponerse en contacto con los ganaderos antes de realizar inspecciones in situ.

Y aunque Longo dijo que los investigadores seguirían adelante con las investigaciones si tuvieran conocimiento de ellas, el gobierno cuenta con pocos investigadores laborales de tiempo completo en Idaho. Y ningún mecanismo exige que las fuentes naturales de agua sean analizadas antes de su uso, a pesar de que la práctica de beber agua de los arroyos es habitual en el sector ovino. Mientras trabajan en las montañas, los pastores podrían estar recogiendo agua de innumerables fuentes a medida que se desplazan por el paisaje.

En 2016, Johnson representó a un pastor de ovejas que enfermó gravemente con fiebre, convulsiones y una afección que finalmente le dejó sin poder mover las manos ni hablar. Se pensó que la enfermedad se había originado en el agua que el pastor había estado bebiendo, y Johnson dijo que obtuvo registros hospitalarios sobre lo sucedido. Pero una compañía de seguros denegó la indemnización por accidente laboral al no poder demostrar la causalidad directa, con lo que el pastor tuvo que hacer frente por su cuenta a elevadas facturas médicas.

“Se supone que la hacienda suministra agua potable limpia, y no lo hacía, y el tipo se enfermó”, dijo Johnson. “Pero como no teníamos pruebas que analizaran el agua que bebió en ese momento, no pudimos demostrar la causalidad. Parece una locura para un profano, pero así funciona la ley de accidentes de trabajo”.

Mejor hacer ilegal la tenencia de ovejas

Los dos pastores entrevistados por el Statesman que vivían en una tienda de campaña dijeron que les gustaba su trabajo, que era en gran parte tranquilo y les recordaba a su hogar. Uno de los pastores dijo que le gustaba trabajar en la naturaleza y que establecía fuertes vínculos con sus perros.

El atractivo de los salarios estadounidenses --incluso muy inferiores a los de la mayoría de los demás empleos-- es poderoso para los pastores, muchos de los cuales pueden pagar la escolarización de sus hijos o comprar una granja en su país. Cientos, sino miles, de pastores han trabajado en Idaho para docenas de ganaderos en la última década, y sólo unos pocos han dado lugar a quejas formales.

Los ganaderos entrevistados por el Statesman dijeron que las afirmaciones de los defensores de los trabajadores son exageradas.

“Eso es contrario a la lógica”, dijo Bedke, un ganadero. “Si estoy en el negocio de las ovejas y confío mis ovejas a un pastor ovejero, tengo que estar por encima de eso. ... Una mano de obra buena y satisfecha es absolutamente esencial para el éxito de mi explotación ovina, y cualquier cosa que se aproveche o recorte gastos con respecto a la mano de obra, creo que no puede durar mucho”.

Siddoway afirma que es prácticamente imposible ofrecer más servicios o aplicar normas más estrictas: no puede haber refrigeración porque no hay electricidad, y las neveras no funcionan porque el hielo no duraría 10 días y las entregas de comida se hacen una vez cada 10 días. Llevar agua a los pastores, en lugar de depender de los arroyos, supondría cargar 800 libras en caballos de carga para cada viaje, lo que requeriría más caballos de los que tiene.

“Se pueden promulgar normas, leyes y reglamentos sin ningún sentido común y hacerlos cumplir, pero probablemente sería mejor ilegalizar la tenencia de ovejas en Estados Unidos”, dijo, y añadió que eso quitaría el trabajo a muchos pastores. “Se puede sobrecargar cualquier industria con normativas, si eso es lo que se pretende. Se puede presionar lo suficiente a la gente como para dejar sin trabajo a tipos como yo”.

El representante estatal Douglas Pickett, republicano de Oakley y ganadero, declaró al Statesman que le gustaría ver reformado el sistema H-2A para facilitar a los pastores la obtención de la residencia permanente en EE. UU. y permitir que sus cónyuges e hijos les visiten mientras trabajan en Idaho.

Algunos pastores de ovejas llevan décadas trabajando para el mismo rancho y, en algunos casos, los empresarios han ayudado a sus trabajadores a solicitar la residencia permanente en EE. UU. El agua que fluye en las altas cumbres de Idaho procede del deshielo, que según los ganaderos, es limpia.

“No tenemos ni idea de dónde provienen”, afirma Pickett. “No es posible, en nuestro estado de prosperidad, entender lo que significa no tener agua corriente o electricidad en tu residencia principal, por no hablar de la carreta de ovejas en algún lugar, o incluso un sistema séptico o cualquiera de esas cosas. ... Estas gentes viven de la tierra, y hacen trueque por lo que necesitan. Así que es una oportunidad para que puedan venir aquí y proporcionar algunos ingresos a sus familias”.

Pickett, cuya familia lleva 140 años criando ovejas en Idaho, dijo que, si se producen casos de negligencia o maltrato, los ganaderos deben ser sancionados.

“Hay que proporcionar una vivienda adecuada”, dijo. “Y si no es así, el proceso está ahí para solucionarlo, y sólo hay que seguirlo”.

Este informe ha sido posible en parte gracias al Fondo para el Periodismo Medioambiental de la Sociedad de Periodistas Medioambientales. (Fund for Environmental Journalism of the Society of Environmental Journalists). Mónica Carrillo-Casas se encargó de la interpretación al español y contribuyó a la elaboración del reportaje.