Trabajadores al aire libre mueren por el calor extremo. Tenemos la solución para salvarles la vida

A finales de junio, Eugene Gates se desplomó y murió mientras entregaba nuestro correo en medio de un calor de 115 grados. Felipe Pascual corrió la misma suerte en julio mientras mejoraba las carreteras en Texas. Efraín López García murió mientras recolectaba fruta tropical en la Florida.

Los datos de los CDC indican que se han triplicado las muertes laborales relacionadas con el calor en algunos estados del suroeste, y que las lesiones laborales anuales debidas al calor podrían estar subestimadas en 20,000 personas al año. Mientras las temperaturas récord abrasan gran parte de Estados Unidos, las personas que nos alimentan, transportan y alojan –y que no tienen más remedio que trabajar al aire libre– pagan cada vez más el precio máximo.

Sin embargo, aunque existen directrices al respecto, la protección jurídica a los trabajadores en condiciones de calor extremo es difícil de negociar, más difícil de aprobar y –como hemos visto en el creciente número de casos de trabajos forzados y abusos laborales en la agricultura– rara vez se aplica.

En los estados que carecen de normativa –que son la mayoría–, un puñado de ciudades ha establecido estándares eficaces, como pausas obligatorias para descansar e hidratarse. Pero algunas están viendo cómo se anula su capacidad para hacerlo mediante iniciativas como la Ley de Coherencia Normativa de Texas del gobernador Greg Abbott, que prevalece sobre las leyes municipales y locales. Los requisitos de prevención de las enfermedades causadas por el calor han estado ausentes a nivel federal, y la OSHA solo está considerando ahora una posible regulación. Si se aprueba, faltan años para su aplicación.

Es necesaria la protección jurídica y su consiguiente aplicación. Pero el calor extremo no disminuirá mientras esperamos a que se llegue a acuerdos, se revise la normativa y se pongan en marcha mecanismos de aplicación. Está en juego la vida de los trabajadores.

Hay una solución escondida a plena vista en las granjas de las cadenas de suministro de las grandes empresas que participan en el Fair Food Program (Programa de Alimentos Justos), una asociación impulsada por los trabajadores y legalmente vinculante entre trabajadores agrícolas, cultivadores y grandes empresas compradoras.

Los trabajadores del Fair Food Program han desarrollado estándares y protocolos contra el calor que ya se aplican en plantaciones desde la Florida hasta Nueva Jersey, pasando por Tennessee, Colorado y California. Estas plantaciones son proveedoras de cadenas internacionales de supermercados, de la mayoría de las grandes cadenas de comida rápida y de empresas de servicios alimentarios. Al comprar productos únicamente a proveedores que cumplen los estándares del Fair Food Program, Walmart, McDonald’s, Whole Foods, Yum! Brands y otras cadenas nacionales y mundiales ponen su poder de compra corporativo al servicio de la aplicación del código de conducta del programa para garantizar los derechos humanos y la seguridad de los trabajadores en sus cadenas de suministro y proteger así sus marcas.

El Fair Food Program ha sido reconocido por el Departamento del Trabajo, el Departamento de Justicia y el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, así como a escala internacional por Naciones Unidas, como el único programa eficaz para prevenir los abusos habituales en las cadenas de suministro de las empresas. A través de estándares obligatorios, educación de los trabajadores, supervisión las 24 horas del día, los siete días de la semana y consecuencias inmediatas para el mercado en caso de infracción, se atribuye al programa la eliminación de las condiciones de trabajo inseguras, el robo de salarios, las palizas, las violaciones y el trabajo forzado de decenas de miles de trabajadores agrícolas cada año en las granjas estadounidenses participantes.

En agosto de 2021, tras una prolongada racha de reportes sobre “el año más caluroso del que se tiene constancia”, el Fair Food Program estableció nuevos estándares de seguridad frente al calor, basándose en los requisitos existentes del programa para la provisión de sombra, agua y pausas de trabajo optativas en los campos. Los nuevos estándares incluyen la supervisión, identificación y planes de tratamiento del estrés térmico; pausas de descanso para refrescarse cada dos horas, y capacitación trilingüe (español, inglés y criollo haitiano) para supervisores, jefes de cuadrilla y trabajadores sobre las señales y síntomas de las enfermedades causadas por el calor y la respuesta adecuada a tales acontecimientos.

Como consumidores –que compramos los alimentos, vivimos en las casas y viajamos por las carreteras cosechadas y construidas por los trabajadores más afectados por las temperaturas extremas– tenemos el poder del dinero. Las empresas –cadenas de supermercados y restaurantes, grandes urbanizadores de viviendas y edificios de oficinas– controlan a los productores de sus cadenas de suministro y a los trabajadores que trabajan en ellas.

Los consumidores, los periodistas y los legisladores deben exigir a estas empresas que rindan cuentas por los trabajadores que sostienen sus negocios. Los estándares de prevención de enfermedades causadas por el calor del Fair Food Program ya han demostrado su eficacia. Los trabajadores se mantienen hidratados y seguros. Como dijo un trabajador agrícola: “Podemos hacer algo más que mejorar las condiciones cotidianas de salud y seguridad. Podemos evitar que un padre o una madre, una hija o un hijo, pierdan la vida”.

Susan L. Marquis es profesora visitante y conferencista en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton. Es autora de I Am Not A Tractor: How Florida Farmworkers Took on the Fast-Food Giants and Won!