Tópicos y mantras sobre la universidad española

Estatua de Fray Luis de León en el Patio de Escuelas de la Universidad de Salamanca. <a href="https://www.shutterstock.com/es/image-photo/salamanca-spain-january-14-2022-university-2233034589" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shutterstock / JJFarq" class="link ">Shutterstock / JJFarq</a>
Estatua de Fray Luis de León en el Patio de Escuelas de la Universidad de Salamanca. Shutterstock / JJFarq

La tramitación parlamentaria de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en el Congreso de los Diputados ha vuelto a poner de actualidad la situación de la universidad española y la posibilidad –o no– de que esta nueva norma contribuya a la mejora del sistema universitario.

En general, buena parte de los análisis son críticos, advierten sobre el riesgo que pueden suponer las derivas populistas en cualquier texto normativo –más en uno como la LOSU– y dibujan una Universidad que no va a mejorar sustancialmente con la nueva Ley.

Los expertos en educación superior tienen todo el derecho a poner en duda la eficacia de la LOSU, pero creo que algunos de ellos distorsionan la realidad al cuestionar el desempeño de la universidad pública española y su gobernanza recurriendo a tópicos y mantras no del todo rigurosos y no debidamente contextualizados. Quizá sea oportuno repetir algunos mensajes que, por entender que son sabidos, ya no se dicen. Y, por callarlos, parece que se olvidan.

El sistema universitario público español es satisfactorio en su desempeño, aunque siempre mejorable, y para demostrarlo es necesario abordar con objetividad algunas de las afirmaciones lanzadas en diferentes foros, incluyendo medios de comunicación.

La calidad de las enseñanzas

Uno de los argumentos utilizados para criticar a la universidad pública es que esta pierde matricula, mientras la ganan las privadas, para hablar a continuación de la merma de competitividad de la universidad pública y de su caída de estudiantes; como si esto fuera consecuencia de lo anterior. Se liga, sin ningún rigor, pérdida de matrícula con competitividad.

Habrá que recordar que eso no es lo que dicen hechos y cifras recogidos en rankings tan reconocidos como el de Shanghái (ARWU). Si se observan los resultados y evolución de las universidades españolas, podemos ver que mientras que en 2018 solo figuraban 33 universidades españolas (32 públicas y 1 privada) en su Top 1000, actualmente son ya 40 (39 públicas) las que han escalado hasta ese tramo del 5% de las mejores a nivel mundial. Igualmente, es obligado destacar que, según este ranking, el 81% de las 48 universidades públicas que ofertan grados se podrían denominar de calidad internacional reconocida (aunque no sobresalientes).

Conviene matizar, también, que la matrícula de las universidades privadas crece más porque no se ha creado ninguna pública de 1999 a 2022, mientras que se han autorizado más de una veintena de privadas. A esto hay que sumar que las universidades públicas han tenido limitada su oferta de estudios en Medicina, Veterinaria, Enfermería o Educación –entre otros– y que, cuando los estudiantes no obtienen las notas de acceso requeridas en los grados demandados, quienes económicamente pueden permitírselo buscan plaza en otras universidades (privadas) donde sí pueden ingresar.

Y en este punto es obligado subrayar que actualmente contamos con un núcleo de universidades privadas que han alcanzado una calidad internacional reconocida y aparecen en algunos de los mejores rankings internacionales universitarios (THE y QS).

El conjunto del sistema universitario español atrae a buenos estudiantes y el hecho de que la matrícula de las universidades públicas haya experimentado un menor crecimiento en los últimos años no se debe a ningún demérito en su desempeño.

El mercado laboral y los titulados: exportamos talento

Otro de los recurrentes argumentos contra la universidad pública es el de la empleabilidad de sus egresados. Una vez más, se hace hincapié en que, si bien estos tienen una mejor tasa que los no titulados, su nivel de empleo es mucho menor que en otros países europeos.

Nada que objetar a esa afirmación, excepto que la empleabilidad no es responsabilidad de las universidades públicas, sino del precario mercado laboral español. Según refleja el último informe de la universidad española en cifras, publicado por Crue Universidades Españolas, es sorprendente que, a la vez que se constata un claro y preocupante déficit de titulados en disciplinas como las ingenierías, un 12% de nuestros titulados en esta rama de estudios en el curso 2013/14 trabajaban fuera de España en 2019. Si el desempeño de nuestras universidades fuera pésimo, no exportaríamos talento. Nuestros universitarios se van porque aquí no encuentran ni el sueldo ni el reconocimiento necesario.

Cantidad y calidad

Los tópicos usados contra la universidad pública vemos que son variados. Ahora bien, como miembro de la comunidad universitaria, hay uno especialmente lacerante. De ningún modo se puede sostener, al hablar de la producción científica española, que en cantidad está en el lugar que le corresponde, para luego afirmar que no es así en cuanto a su calidad. Mantra que hace tiempo se viene repitiendo machaconamente desde alguna organización, pese a ser tan injusto como incorrecto.

España se gasta en I+D –en porcentaje de su PIB– el 50% de la media de gasto de la OCDE y el 60% de la UE 27 y, pese a ello, representa el 3,3% de la producción científica mundial, con un PIB que es tan solo del orden del 1,5% del mundial. Esto confirma que, en cantidad, está bastante por encima del peso que le corresponde. Y si hablamos de calidad y recurrimos a una de las métricas que se utilizan habitualmente (las citas en WOS), bueno es recordar que nuestro índice de impacto normalizado es de 1,18; un 18% superior a la media mundial.

Cierto es que el de EEUU es de 1,22; por lo que, en comparación con la primera potencia científica mundial, nuestra producción está al nivel del 96 % de esta. Pero también es necesario señalar –y no callar– que, en gasto de I+D, estamos apenas al 30% del de ese país.

Finalmente, y con relación al cómputo del número de premios Nobel de un país como marchamo indiscutible de su notoriedad en investigación, reconocimiento internacional indiscutible que viene reforzado en los países más avanzados por el peso, poder e imagen de todo su sistema de ciencia y tecnología y de las empresas y asociaciones que lo conforman, simplemente añadir que no es el único indicador de la capacidad científica. De hecho, si hablamos de un indicador más normalizado y neutro, centrado exclusivamente en la producción científica, como los investigadores más altamente citados (lista HCR), España –décimo cuarta economía mundial por PIB– aparece la novena, según Clarivate Analytics.

Investigación de prestigio

En lugar de aseverar –erróneamente– que España es deficiente en investigación de calidad, sería más acertado hablar de una insuficiente capacidad de valorarla por parte de su tejido productivo, que muestra, en general, una escasa apuesta por la I+D. En el informe «The 2022 EU Industrial R&D Investment Scoreboard», muy pocas empresas españolas aparecen entre las de mayor inversión en I+D a nivel mundial. Tan solo 3 en el TOP 500 y 7 en el TOP 1000, lo que revela las dificultades para incrementar la transferencia de conocimiento de nuestras universidades, al contrario de lo que sucede en entornos científicos tecnológicos de primer nivel con compañías que lideran la inversión y gasto en I+D.

Afirmaba al principio de este texto que el sistema público universitario español es bueno y, como casi todo, mejorable. Y termino con una crítica constructiva al mismo que espero encuentre oídos en diputados y senadores en la fase final que la LOSU afronta en el Parlamento. Nuestra capacidad de atracción, captación y retención de talento sí es bastante débil y solo mejorará con una mayor dotación de recursos y un marco regulador más flexible y basado en una mayor autonomía y rendición de cuentas.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

Juan Francisco Juliá es miembro del comité permanente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).