La suspensión de la sedición subraya la represión de voces críticas en India

Nueva Delhi, 30 may (EFE).- La suspensión por el Tribunal Supremo de la India de una centenaria ley que regula el delito de sedición ha sido bien recibida por organizaciones pro derechos humanos, aunque no deja de despertar escepticismo entre los que denuncian el amplio arsenal a manos del Gobierno para acallar las voces críticas.

La sección 124 A del Código Penal sobre sedición, que data de la época colonial británica, quedó en suspenso el pasado 11 de mayo por orden del máximo órgano judicial del país asiático, al menos hasta que el Gobierno indio la revise.

UN PASO ADELANTE

Amnistía Internacional (AI), una organización que se enfrentó en 2016 a este mismo delito y cuyo caso no se cerró hasta tres años más tarde, calificó la decisión del Supremo de "bienvenida".

"Durante demasiado tiempo, las autoridades han abusado de la ley de sedición para perseguir e intimidar a defensores de los derechos humanos, activistas, periodistas, estudiantes, directores de cine, cantantes, actores y escritores por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión", dijo el director de AI en la India, Aakar Patel, en un comunicado.

Su uso para acallar a las voces críticas con las autoridades no es exclusivo del actual Gobierno del partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP), aunque la organización ha criticado el creciente celo con el que se ha utilizado esta disposición y otras herramientas legales.

Según datos oficiales, entre 2014 y 2019 se registraron 326 casos de sedición y tan solo seis condenas.

ESCASO OPTIMISMO

La suspensión temporal ordenada por el Supremo se limita a pedir al Gobierno que no registre más casos bajo el delito de sedición, un "paso en la buena dirección" para AI, aunque aquellos afectados directamente se muestran menos optimistas.

La estudiante y activista Natasha Narwal pasó de participar en 2020 en las manifestaciones de Nueva Delhi contra una ley de ciudadanía para naturalizar a inmigrantes irregulares de la región pero que excluía a los musulmanes, a estar más de un año en prisión tras la violencia entre la mayoría hindú y esta comunidad minoritaria que dejaron unos 50 muertos y 200 heridos en la capital.

Acusada de instigar los choques junto con otros activistas, el cargo de sedición es tan solo uno al que se enfrenta la joven, y que incluyen también la controvertida Ley de prevención de actividades ilegales (UAPA, en inglés), de ámbito antiterrorista y tachada de draconiana.

"El poder judicial ha reenviado la pelota al Gobierno, que está acusado de utilizar la ley contra las voces críticas. Para mí, eso no suena demasiado optimista", explicó Narwal a Efe.

El problema, del que la activista es un ejemplo entre decenas, es que las autoridades multiplican los cargos bajo las legislaciones más severas del país como la UAPA o la Ley de seguridad nacional, que imponen duras condiciones a la obtención de la libertad bajo fianza, sin contar con las normativas específicas a varias regiones.

"Aunque se puede pedir la libertad bajo fianza, las condiciones son tan restrictivas que es casi imposible obtenerlo antes de al menos cuatro o cinco años", según la joven, que considera "un milagro" que ella y su compañera Devangana Kalita pasasen trece meses en prisión.

CASOS CONTRA ACTIVISTAS Y PERIODISTAS

Narwal y Kalita son dos jóvenes que se enfrentan todavía al delito de sedición entre otros cargos, pero la lista de casos en los últimos años va más allá.

La activista india Disha Ravi, miembro del movimiento medioambiental "Fridays for Future" iniciado por la sueca Greta Thunberg, fue encarcelada a principios del año pasado por participar en la elaboración de un documento en apoyo a unas protestas campesinas bajo el delito de sedición.

Un tribunal de Nueva Delhi criticó la "escasa e incompleta investigación" y otorgó la libertad bajo fianza a Ravi, que entonces tenía 22 años.

La ley también ha sido aplicada contra periodistas y editores por sus coberturas y comentarios durante las protestas campesinas contra tres leyes que pretendían liberalizar el mercado, e incluso la celebración de algunos indios, en su mayoría musulmanes, de la derrota del equipo de críquet ante el archienemigo Pakistán motivó arrestos y graves acusaciones de sedición.

Narwal repite un mantra que se ha convertido en habitual entre los críticos con el Gobierno del primer ministro, Narendra Modi: "el proceso es el castigo".

"Mi vida ahora gira en torno a las fechas del tribunal, voy casi cinco o seis veces en un mes. Así que incluso después de salir de la cárcel, no soy realmente libre en ese sentido", dijo.

LAS "TRAMPAS" DEL GOBIERNO INDIO

Si los casos sobre sedición se encuentran ahora en un segundo plano desde la decisión del Supremo, el "estigma de enemigo del Estado" queda, dijo a Efe el abogado indio Mehmood Pracha.

Pracha es crítico con la actitud del Gobierno indio ante el delito de sedición.

"No es justo que el Gobierno haga tramas con los tribunales", explicó, ya que inicialmente las autoridades indias defendieron la ley de sedición y "cuando sintieron que la corte podría ir contra ellos" cambiaron de tono para ganar tiempo.

El Gobierno afirmó que había decidido examinar la ley de sedición, un proceso que lleva en marcha desde 2018 como dijo entonces el Ministerio del Interior ante el Parlamento, pero no era favorable de ponerla en suspenso.

En el fondo, lo que inquieta a Pracha no es una ley de hace 150 años o el resto de legislaciones restrictivas, sino la actitud del Gobierno ante las voces críticas.

"No es que las leyes sean malas, lo es su uso equivocado y pernicioso", zanjó.

David Asta Alares

(c) Agencia EFE