Yahoo Noticias Surgen detalles sobre los trabajadores de la ONU acusados de ayudar en el ataque del 7 de octubre de Hamas
JERUSALÉN.- Uno está acusado de secuestrar a una mujer. Se dice que otro repartió municiones. Se describió que un tercero participó en la masacre en un kibutz donde murieron 97 personas. Y se decía que todos eran empleados de la agencia de ayuda de las Naciones Unidas que educa, alberga y alimenta a cientos de miles de palestinos en la Franja de Gaza.
Las acusaciones están contenidas en un expediente proporcionado al gobierno de Estados Unidos que detalla los reclamos de Israel contra una docena de empleados de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas que, según dice, desempeñaron un papel en los ataques del grupo terrorista Hamas contra Israel el 7 de octubre o en sus secuelas.
La ONU dijo el viernes que había despedido a varios empleados después de haber sido informada sobre las acusaciones. Pero se sabía poco sobre las acusaciones hasta que The New York Times revisó el expediente el domingo.
Las acusaciones son las que llevaron a ocho países, incluido Estados Unidos, a suspender algunos pagos de ayuda a la UNRWA, como se conoce a la agencia, incluso cuando la guerra sume a los palestinos en Gaza en una situación desesperada. Más de 26.000 personas han muerto allí y casi dos millones han sido desplazadas, según funcionarios de Gaza y de la ONU.
Los trabajadores de la UNRWA han sido acusados de ayudar a Hamas a organizar el ataque que desencadenó la guerra en Gaza, o de ayudarlo en los días posteriores. Unas 1200 personas en Israel fueron asesinadas ese día, dicen funcionarios israelíes, y unas 240 fueron secuestradas y llevadas a Gaza.
El domingo, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, se describió como “horrorizado por estas acusaciones” y señaló que nueve de los 12 empleados acusados habían sido despedidos. Pero Guterres imploró a aquellas naciones que habían suspendido sus pagos de ayuda que lo reconsideraran. La UNRWA es uno de los mayores empleadores de Gaza, con 13.000 personas, en su mayoría palestinos, en su plantilla.
Cuando se le preguntó el domingo sobre las acusaciones de Israel, la UNRWA dijo que dos de los 12 empleados estaban muertos, pero que no podía proporcionar más información mientras la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU todavía estaba investigando.
Dos funcionarios occidentales confirmaron bajo condición de anonimato que habían sido informados sobre el contenido del expediente en los últimos días, pero dijeron que no habían podido verificar los detalles. Aunque Estados Unidos todavía tiene que corroborar las afirmaciones israelíes, los funcionarios estadounidenses dicen que las encontraron lo suficientemente creíbles como para justificar la suspensión de la ayuda.
The New York Times verificó la identidad de uno de los 12 empleados, un gerente de almacén, cuyo perfil en las redes sociales lo enumera como empleado de la UNRWA y lo muestra vistiendo ropa con la marca de la ONU.
El expediente israelí, presentado a funcionarios estadounidenses el viernes, enumera los nombres y puestos de trabajo de los empleados de la UNRWA y las acusaciones contra ellos.
El documento decía que oficiales de inteligencia israelíes habían establecido los movimientos de seis de los hombres dentro de Israel el 7 de octubre basándose en sus teléfonos; otros habían sido monitoreados mientras hacían llamadas telefónicas dentro de Gaza durante las cuales, según los israelíes, discutieron su participación en el ataque de Hamas.
Otros tres recibieron mensajes de texto ordenándoles que se presentaran en los puntos de reunión el 7 de octubre, y a uno se le dijo que trajera granadas propulsadas por cohetes almacenadas en su casa, según el expediente.
Los israelíes describieron a 10 de los empleados como miembros de Hamas, el grupo terrorista que controlaba Gaza en el momento del ataque del 7 de octubre. Se decía que otro estaba afiliado a otro grupo militante, la Jihad Islámica.
Sin embargo, también se dijo que siete de los acusados eran profesores de escuelas de la UNRWA, que enseñaban a los estudiantes materias como matemáticas y árabe. Otros dos trabajaron en las escuelas en otras capacidades. Los tres restantes fueron descritos como un empleado, un trabajador social y el encargado del almacén.
Las acusaciones más detalladas del expediente se refieren a un consejero escolar de Khan Yunis, en el sur de Gaza, acusado de trabajar con su hijo para secuestrar a una mujer de Israel.
Una trabajadora social de Nuseirat, en el centro de Gaza, está acusada de ayudar a trasladar el cuerpo de un soldado israelí muerto a Gaza, así como de distribuir municiones y coordinar vehículos el día del ataque.
Las acusaciones israelíes se producen en el contexto de fricciones de décadas con la UNRWA. Desde 1949, la agencia se ha ocupado de las familias de los palestinos que huyeron o fueron obligados a abandonar sus hogares durante las guerras que rodearon la creación del Estado de Israel.
La organización brinda ayuda vital a más de cinco millones de refugiados palestinos diseminados por todo el Medio Oriente, cuyo futuro y estatus nunca se han resuelto a pesar de años de negociaciones.
Pero para sus críticos, incluidos muchos israelíes, la agencia es un obstáculo para resolver el conflicto. Su mera existencia, dicen, impide que los refugiados palestinos se integren en nuevas comunidades y aviva sus sueños de regresar algún día a lo que hoy es Israel, un objetivo que Israel dice que nunca permitirá. Y en Gaza, argumenta Israel, la UNRWA ha caído bajo la influencia de Hamas, afirmación que la agencia rechaza.
Esta no es la primera vez que Estados Unidos corta el dinero a la agencia de la ONU. La administración del expresidente Donald Trump suspendió la ayuda como parte de sus esfuerzos por presionar a los líderes palestinos para que dejen de exigir que se permita a los refugiados regresar a Israel.
Pero la actual amenaza a su financiación se considera la más grave de su historia porque llega en un momento de crisis para Gaza.
En medio de advertencias de hambruna, el colapso del sistema de salud y el desplazamiento masivo de la población palestina, el trabajo de la UNRWA se considera más importante que nunca. Ayuda a coordinar la distribución de los suministros de ayuda (por escasos que sean) que llegan cada día al sur de Gaza, y sus escuelas brindan refugio a más de un millón de habitantes, según las estadísticas de la agencia.
Las suspensiones de financiación pueden sentirse rápidamente. A diferencia de otras agencias de la ONU, la UNRWA no tiene una reserva financiera estratégica. El domingo, Guterres dijo que tal vez sea necesario reducir los servicios a partir de febrero.
Un día antes, el comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, advirtió sobre una catástrofe inminente.
“Sería inmensamente irresponsable sancionar a una agencia y a toda una comunidad a la que sirve por acusaciones de actos criminales contra algunas personas, especialmente en tiempos de guerra, desplazamiento y crisis políticas en la región”, dijo.
“Las vidas de la gente de Gaza dependen de este apoyo, al igual que la estabilidad regional”, dijo Lazzarini.
El Departamento de Estado reconoció el viernes el papel humanitario fundamental desempeñado por la UNRWA, pero dijo que suspendería su financiación mientras evaluaba tanto las acusaciones como la respuesta de la agencia a ellas.
Los propios funcionarios israelíes estaban preocupados el domingo sobre si sus acusaciones podrían al final hacer su propia posición más difícil, según tres funcionarios involucrados en la discusión. Un colapso en la prestación de servicios a Gaza podría obligar a Israel a asumir un papel más importante en la gestión de la distribución de ayuda, un papel que no quiere.
Los informes sobre las acusaciones contra los trabajadores humanitarios llegaron el mismo día en que la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo provisional sobre las acusaciones de genocidio formuladas contra Israel por Sudáfrica. El tribunal ordenó a Israel que tomara medidas para impedir actos de genocidio por parte de sus fuerzas en Gaza y permitir la entrada de más ayuda al territorio.
Por Ronen Bergman y Patrick Kingsley
