El Supremo termina su curso con fallos que suscitan inquietud por el recorte de derechos

Washington, 30 jun (EFE).- El Tribunal Supremo de EE.UU., de mayoría conservadora, resolvió este viernes que un negocio puede rechazar atender a clientes del colectivo LGTBI, lo que junto a la cancelación de la deuda estudiantil -medida estrella de Joe Biden-, ha suscitado la inquietud de defensores de derechos y la Casa Blanca.

Desde que la supermayoría conservadora apuntalada por el exmandatario Donald Trump (2017-2021) acabara con la protección federal al aborto hace un año, todas las miradas estaban puestas en el Supremo y en qué derechos recortaría el tribunal.

Y pese a haber concedido alguna victoria a los progresistas durante este año, la máxima instancia judicial estadounidense asestó un golpe al colectivo LGTBI, blanco de los republicanos en EE.UU., al dar la razón a una diseñadora gráfica cristiana, Lorei Smith, que se niega a crear páginas web para bodas de parejas homosexuales.

El juez conservador Neil Gorsuch, encargado de redactar la decisión, escribió que la negativa de Smith está amparada por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que blinda la libertad de expresión y de religión.

Sin embargo, en una opinión de disentimiento, la magistrada progresista Sonia Sotomayor advirtió que por primera vez en la historia el tribunal está entregando a una empresa el derecho constitucional a "negarse a dar servicios a miembros de una minoría social".

BIDEN: EL FALLO ABRE LA PUERTA A LA DISCRIMINACIÓN

Como el presidente Joe Biden avisó tras la emisión del fallo: con esta decisión el Supremo ha abierto la puerta a la discriminación contra el colectivo LGTBI y "debilita" todas aquellas leyes que protegen a los estadounidenses de la discriminación, incluida aquella por razón de género, color o religión.

Más allá de esta resolución, la corte terminó este viernes con una de las medidas estrella del Gobierno de Biden, la cancelación de la deuda estudiantil, un fallo sobre el que expertos y organizaciones de estudiantes advirtieron este viernes que afectará especialmente a los alumnos con menores ingresos.

Estas dos decisiones vienen después de que en el jueves el Supremo respaldara eliminar la discriminación positiva por motivos raciales en las universidades, que cobró especial importancia en el país durante el movimiento de defensa de los derechos civiles de los afroamericanos y el fin de la segregación racial en las escuelas en la década de 1950.

En concreto los seis jueces conservadores del tribunal opinaron que Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, dos de las instituciones más longevas del país, violaron la Constitución al utilizar la raza como un factor en el proceso de admisiones, aunque dejaron espacio para considerar la experiencia de los estudiantes con el racismo de forma individual.

EL SUPREMO DA LA RAZÓN A LOS PROGRESITAS EN ASUNTOS ELECTORALES

A pesar de estos reveses, algunos de los fallos de mayor calado de este curso validaron las preocupaciones y los argumentos de activistas progresistas en asuntos electorales.

El caso más importante en este sentido, y cuyo fallo se anunció a comienzos de esta semana, amenazaba con oficializar una controvertida teoría constitucional que hubiera cambiado radicalmente la forma en que se llevan a cabo elecciones en el país.

En "Harper contra Moore", los legisladores republicanos de Carolina del Norte habían pedido a la corte que se pronunciara sobre los méritos de esta teoría, que sugiere que los parlamentos estatales tienen una autoridad absoluta para trazar mapas electorales, sin supervisión judicial.

El Supremo rechazó de forma tajante esta interpretación de la Constitución, fallando que "la cláusula electoral no aísla a los parlamentos estatales del ejercicio ordinario de la supervisión judicial".

En dos decisiones también sobre derechos electorales, la mayor instancia judicial del país ordenó a los estados de Alabama y Luisiana, ambos gobernados por conservadores, rediseñar sus mapas electorales para representar mejor a la ciudadanía afroamericana.

Finalmente, los jueces dieron la razón a Biden al determinar, la pasada semana, que los fiscales republicanos de Texas y Luisiana no podían demandar a la Administración para detener la aplicación de una norma migratoria que permite priorizar la deportación de ciudadanos que presentan una amenaza a la seguridad pública.

LOS DERECHOS RELIGIOSOS ANTE TODO

En la mayoría de casos, sin embargo, los jueces fallaron en contra de algunos de los pilares del Gobierno del demócrata o bien decidieron expandir los derechos religiosos en detrimento de las protecciones a las minorías -uno de los principales temores de los progresistas tras la sentencia del aborto.

Más allá del caso de la diseñadora de páginas web, el tribunal apoyó de forma unánime a un cartero cristiano que fue sancionado por el Servicio Postal de Estados Unidos por negarse a trabajar en domingo, fallando que los empleadores deben demostrar un perjuicio claro a su negocio para negarse a acomodar las peticiones de sus empleados por motivos religiosos.

Controversias jurídicas aparte, el curso ha estado marcado por la polémica despertada por las investigaciones del medio ProPublica, que revelaron que dos de los magistrados más de derechas del tribunal, Clarence Thomas y Samuel Alito, aceptaron regalos millonarios de donantes republicanos.

Además, los rumores de la posible jubilación de ambos jueces podrían marcar en los próximos meses la campaña electoral para las elecciones de 2024, ya que es el presidente estadounidense el encargado de nominar a los nuevos jueces de la corte.

(c) Agencia EFE