Suprema Corte valida la reforma de AMLO a la Ley de Hidrocarburos de 2021

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló por mayoría de votos la reforma a la Ley de Hidrocarburos propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2021.

Esta reforma, publicada el pasado 4 de mayo de 2021, endureció los requisitos para los permisos de empresas privadas en el sector energético y facultó al gobierno para suspenderlos y ocupar temporalmente sus instalaciones en casos de peligro inminente para la seguridad nacional, energética o económica.

La acción de inconstitucionalidad 91/2021, interpuesta por senadores, fue declarada infundada por el Pleno de la SCJN. Los ministros, por mayoría de ocho votos, consideraron que la reforma de la Ley de Hidrocarburos no va en contra de la Constitución.

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Tras la reforma, ¿qué pasará con bienes privados?

El proyecto que respalda esta decisión, elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, destaca que la suspensión de permisos no implica confiscación de bienes privados o seguridad jurídica, sino que constituye una paralización temporal de actividades mientras se resuelve la revocación del permiso.

Por su parte, la reforma otorga a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la facultad de suspender permisos cuando se prevea un riesgo para la seguridad nacional, energética o económica.

Suprema Corte valida la reforma de AMLO a la Ley de Hidrocarburos de 2021
Foto: Cuartoscuro.

Además, contempla la cancelación de concesiones en casos de adquisición ilícita de hidrocarburos o delitos como robo o contrabando de combustibles.

El artículo Cuarto transitorio establece que serán revocados los permisos que no cumplan con los requisitos de almacenamiento determinados por la Secretaría de Energía.

Esta medida, promovida por el presidente López Obrador, generó controversia en el sector energético y objeto de críticas y cuestionamientos, tanto de diversos actores políticos como de la industria privada.

Sin embargo, con la decisión del SCJN, que ratifica su validez legal, AMLO suma un punto en su agenda energética.