¿Sobrevivirá demanda de Disney alegando represalias del Estado? Juez dice que decidirá pronto

Un juez federal escuchó el martes los argumentos mientras Walt Disney Parks and Resorts intenta mantener viva una demanda alegando que el estado inconstitucionalmente tomó represalias contra el gigante del entretenimiento debido a la oposición de Disney a una controversial ley de educación.

El juez federal de distrito Allen Winsor está estudianto considerando las mociones de la administración del gobernador Ron DeSantis y el Distrito de Supervisión de Turismo del Centro de la Florida para desestimar la demanda, que se deriva de la revisión de un distrito fiscal especial que durante décadas esencialmente dio a Disney el poder de autogobierno sobre sus parques temáticos y sus alrededores.

DeSantis enfrentó a Disney después que líderes de la empresa se pronunciaron en 2022 contra una ley que restringía la instrucción sobre identidad sexual y orientación de género en las escuelas. Por indicación del gobernador, la Legislatura, controlada por los republicanos, sustituyó el Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek por el Distrito de Supervisión del Turismo del Centro de la Florida, cuyos miembros de la junta son nombrados por DeSantis.

La demanda de Disney alega que los cambios castigaron a la compañía por su discurso político y violaron la Primera Enmienda.

Pero los abogados del gobernador y de la junta del Distrito de Supervisión de Turismo del Centro de la Florida discreparon el martes.

“Estas leyes son, nominalmente y en sustancia, estipulaciones ordinarias, estándar y reglamentarias que regulan, ¿qué? Regulan distritos especiales. Ni siquiera regulan directamente a Disney”, dijo a Winsor el abogado Charles Cooper, que representa a la junta del Distrito de Supervisión del Turismo del Centro de la Florida. “Eso condena al fracaso su reclamo de libertad de expresión”.

La Legislatura y DeSantis aprobaron en 2022 una ley que pedía eliminar el distrito de Reedy Creek y otros cinco distritos especiales, con la disolución programada para entrar en vigencia en 2023. Pero en febrero, volvieron a examinar el asunto y sustituyeron Reedy Creek por el Distrito de Supervisión de Turismo del Centro de la Florida.

Las leyes no apuntaban a Disney, dijo Cooper.

“No tenemos una situación aquí donde estas leyes hayan señalado a este demandante en particular”, dijo. “Ninguna de las leyes que tenemos ante nosotros señala explícitamente a Disney”.

David Costello, abogado adjunto del estado, exhortó a Winsor a desestimar a DeSantis y al secretario del Departamento de Comercio de la Florida, Alex Kelly, como demandados en el caso.

Pero Daniel Petrocelli, que representa a Disney, dijo a Winsor que el gobernador está “al frente y en el centro” de las supuestas represalias contra Disney.

“¿Qué es lo que quieren que el gobernador no haga, que temen que pueda hacer?”, preguntó el juez a Petrocelli.

“Bueno, no queremos que haga más nombramientos”, respondió el abogado de Disney.

El tribunal también pudiera impedir que DeSantis diera instrucciones a la junta o emprendiera acciones para controlarla, añadió Petrocelli.

“De hecho, tiene el control de facto” de la junta, dijo Petrocelli.

Los nombramientos de la junta son “supuestamente ilegales”, argumentó Petrocelli, porque la ley que creó la nueva junta tenía como objetivo castigar a Disney.

Winsor también preguntó qué ocurriría si se disolviera la nueva junta.

“¿Se trata de un plan de reactivación estatutaria?”, preguntó el juez, refiriéndose a volver a leyes anteriores.

“Sí, porque el [nuevo] estatuto ... sería ineficaz”, dijo Petrocelli.

Según las leyes anteriores, la junta de Reedy Creek era elegida por Disney y un pequeño número de otros propietarios en el distrito.

“En la práctica, alguien tendrá que llenar el vacío”, dijo Petrocelli.

Winsor dijo que emitiría un fallo sobre las mociones en las “próximas semanas”.

DeSantis, que busca la nominación republicana a la presidencia en 2024, ha hecho de la batalla con Disney un tema de conversación frecuente mientras viaja por el país y se enfrenta a oponentes republicanos.

DeSantis apuntó a Reedy Creek después de que Disney emitiera una declaración prometiendo luchar contra la medida educativa de 2022, que los opositores llamaron la ley “no digas gay”.

“Nuestro objetivo como empresa es que esta ley sea derogada por la Legislatura o anulada en los tribunales, y seguimos comprometidos a apoyar a las organizaciones nacionales y estatales que trabajan para lograrlo”, dijo la compañía en una declaración de marzo de 2022.

Tras la sustitución de Reedy Creek, Disney presentó la demanda en abril y la revisó en septiembre.

Jonathan Hacker, otro abogado de Disney, dijo a Winsor durante la audiencia del martes que la ley tomaba represalias inconstitucionales contra Disney por expresar un punto de vista político.

“Este es el caso más claro de represalia contra una expresión protegida que jamás haya visto un tribunal”, dijo Hacker.

Pero Costello argumentó que Disney no recuperaría el control sobre el distrito especial si Winsor bloqueaba las leyes.

“Creo que la verdadera queja [de Disney] es que perdió su distrito anterior y ahora hay uno nuevo en su lugar”, dijo Costello, añadiendo que Disney está argumentando que está siendo perjudicada “por la mera existencia de la ley”.

Sin embargo, Winsor lo presionó al respecto, diciendo que Disney alega que la nueva junta está adoptando medidas que perjudican a la empresa.

“No es solo: ‘Estamos algo heridos’”, dijo el juez.

Costello dijo que Disney no ha detallado “daños específicos” y no puede vincular directamente a DeSantis con las acciones de la junta.

“No hay causalidad de facto”, dijo.