¿Qué es la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados y por qué es un tema de debate?

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En los últimos días seguro habrás escuchado que, tras la elección del pasado 2 de junio, Morena y sus aliados de la coalición Sigamos Haciendo Historia (SHH), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), tendrán un gran número de diputadas y diputados en la próxima legislatura, y que incluso se habla de sobrerrepresentación.

Exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) como Ciro Murayama y Lorenzo Córdova han alertado del riesgo de que esto ocurra en la Cámara de Diputados, y se distorsione la composición del Congreso, asignándole al oficialismo un número mayor de curules del que les corresponde conforme al porcentaje de votación obtenido en las urnas.

A la par, la oposición ya anunció que impugnará la asignación de diputados de Representación Proporcional que haga el Instituto Nacional Electoral en el mes de agosto, en caso de que el oficialismo se haga con una sobrerrepresentación ilegal, como ya ocurrió en congresos locales, como la CDMX, Baja California Sur y Yucatán.

¿Pero qué significa sobrerrepresentación, y qué implica? Aquí te lo explicamos.

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¿Qué es la sobrerrepresentación?

La sobrerrepresentación se refiere a cuando una fuerza política tiene una proporción mayor de legisladores respecto de la votación que recibió durante las elecciones.

Por ejemplo, un partido puede ganar 40% de la votación, pero obtener 45% de las curules en la Cámara de Diputados.

Esto se debe a que para conformar dicha Cámara, 300 legisladores de Mayoría Relativa se eligen por votación directa en sus respectivos distritos; mientras que los otros 200 son de Representación Proporcional; es decir, se asignan a los partidos de acuerdo con el porcentaje de votación que hayan recibido.

Sin embargo, si una fuerza política tiene sobrerrepresentación esto implica necesariamente que otros grupos estarán subrepresentados, es decir, que recibirán un menor número de curules respecto de su porcentaje de votación.

Para evitar que esto lleve a una concentración desproporcionada de poder y se garantice la presencia de fuerzas minoritarias en el Congreso, desde 1996 se estableció un límite a la sobrerrepresentación.

El artículo 54 de la Constitución en su fracción V dice: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.

Esto quiere decir, por ejemplo, que si un partido obtiene 40% de la votación, sólo podrá contar con un máximo de 48% de los 500 legisladores, es decir, 240 diputados.

¿Por qué hay un debate en torno a la sobrerrepresentación?

Consejeros del INE y especialistas han señalado puntos de vista contrarios al respecto del límite de la sobrerrepresentación.

Por un lado, el exconsejero Ciro Murayama ha insistido en respetar lo que según él es “el espíritu de lo planteado en la Constitución” y aplicar el límite de 8 puntos porcentuales a la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia en su conjunto.

Ello luego de que la Secretaría de Gobernación difundiera, el pasado 5 de junio, una estimación de curules que le otorga a Morena, PT y Verde el 74% de la Cámara baja, casi 20 puntos por encima de la votación que obtuvieron, del 54.7%, según los cómputos distritales del INE. 

Segob presentó resultados electorales que perfilan sobrerrepresentación de Morena en la Cámara de Diputados.
Segob presentó resultados electorales que perfilan sobrerrepresentación de Morena en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, por separado, ninguno de los tres partidos supera el límite de 8 puntos de sobrerrepresentación.

“Esto lleva a una distorsión del voto y los datos que revisaba apuntan a una sobrerrepresentación de 19% y a la oposición, a una subrepresentación. Es como decir que vale más un voto por el gobierno que un voto por la oposición”, comentó Murayama en entrevista con El Sabueso.

En el mismo sentido, el exconsejero presidente del INE Lorenzo Córdova cuestionó que los partidos utilicen las coaliciones “para burlar ese espíritu de la Constitución y se ‘agandallen’ más diputados”; según comentó en entrevista con Latinus el martes 4 de junio.

¿Qué dice el INE al respecto?

Por otro lado, el lunes 10 de junio, en entrevista para Aristegui Noticias, el actual consejero electoral Martín Faz Mora explicó que la asignación de diputaciones plurinominales se realizará conforme al acuerdo del INE del 7 de diciembre de 2023, en donde se señala que los límites para la sobrerrepresentación se fijarán por partidos, no por coalición.

La sobrerrepresentación del 8% es un tope máximo, y no es automática, sino que va variando. (…) Lo que tienes que estar cuidando es que no exista esa sobrerrepresentación del 8%, pero habrá algún partido que tenga una sobrerrepresentación hasta del 8%, otros del 7, del 6, o de menos 1, menos 2, hasta menos 8, que es el rango que la Constitución permite”, aseveró Faz.

En una perspectiva similar se pronunció Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE de 2003 a 2007.

“Legalmente hablando, es por partido político. La pregunta es si el Tribunal Electoral pudiese hacer una interpretación sistémica y darle la razón a quienes piensan que debe ser por coalición”, opinó en entrevista con El Sabueso el también director de Integralia.

¿Cómo impactará que Morena y sus aliados tengan sobrerrepresentación en el Congreso?

Actualmente, el debate por la sobrerrepresentación se intensificó por la alta probabilidad de que Morena y sus aliados cuenten con mayoría calificada en la Cámara de Diputados a partir de septiembre; esto es, dos terceras partes (334 curules). Aunque algunos especialistas aseguran que sería una sobrerrepresentación superior al límite del 8 por ciento lo que le daría esa mayoría calificada a Morena y aliados, la mayoría de las proyecciones indican que el oficialismo cuenta con más de los 335 diputados de manera holgada.   

Ello implica que puedan aprobar reformas a la Constitución sin necesidad de discutir o alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas, como las contenidas en el llamado “Plan C” del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre las que se contemplan la reforma al Poder Judicial para elegir a ministros de la Corte y jueces por votación popular.

Las reformas constitucionales también requieren aprobación del Senado, donde se anticipa que Morena se quedará a dos legisladores de alcanzar la mayoría calificada, o sea, 85 de los 128 escaños de la Cámara alta.

Además, se requiere la aprobación de al menos 17 de los 32 congresos estatales. Actualmente, Morena y sus aliados tienen mayoría en 23 de ellos, y se perfila que tras la elección del pasado 2 de junio sean mayoría en 27 de las 32 entidades.

¿Qué sigue tras el proceso electoral?

Pero todo esto puede cambiar. Aún falta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva las impugnaciones tras los comicios del 2 de junio, cuyo plazo para presentar recursos terminó este jueves 13 de junio. Producto de estas impugnaciones, el Tribunal podría modificar el resultado de uno de los 300 distritos, incluso anular aquellos donde encontrara suficientes irregularidades. Todo ello modificaría las cifras de los Cómputos Distritales, con las que hasta el momento se han hecho las proyecciones de la Cámara en la próxima legislatura. 

Después de resolver los Juicios de Inconformidad, y una vez validado el resultado de la elección, el INE tendrá que verificar la afiliación efectiva de las candidaturas impulsadas por la coalición SHH y el resto de fuerzas políticas, para evitar que representantes de un partido de la misma hayan ganado diputaciones como candidatos de otro instituto político. 

Por lo que tendremos que esperar hasta agosto para conocer la conformación definitiva de la Cámara de Diputados. 

Mientras tanto, los resultados actuales apuntan a que Morena y sus aliados contarán con la mayoría calificada de al menos 66% de los diputados en San Lázaro en la LXVI Legislatura que comienza el 1 de septiembre próximo, y darán un mes al presidente López Obrador para impulsar las reformas constitucionales.

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