Sentencian a 10 años a ex gerente bancario de Miami por estafa a programa de préstamos por la pandemia

Un ejecutivo que supervisaba todas las sucursales de TD Bank en Miami-Dade fue enviado a prisión el jueves después que un juez federal lo sentenció a 10 años por orquestar una estafa de $15 millones a un programa federal de préstamos destinado a ayudar a las pequeñas empresas durante la pandemia.

El juez federal de distrito K. Michael Moore impuso a Daniel Hernández, director de comercialización minorista que supervisaba a 80 empleados bancarios en 27 sucursales de TD, la pena más severa según las directrices federales , tras afirmar que Hernández usó su cargo para traicionar al gobierno, a su empleador y a su comunidad.

“Tomó este dinero en medio de una pandemia”, dijo Moore en la audiencia del jueves en el tribunal federal de Miami. “Lo robó para llenarse los bolsillos”.

La sentencia del juez fue solo dos años más larga de lo que un fiscal federal recomendó para su castigo, pero envió un mensaje rotundo de que desplumar el Programa de Protección de Nómina (PPP) del gobierno en medio de una emergencia nacional sería tratado con dureza. Hernández está entre las docenas de estafadores durante la pandemia en el sur de la Florida y miles en todo el país que han sido condenados por fraude desde que el Congreso aprobó programas de préstamos por valor de $813,000 millones después de que el coronavirus arrasara el país en marzo de 2020.

Hernández, que se había declarado culpable de confabulación para cometer fraude electrónico en diciembre, se atragantó mientras se disculpaba profusamente por su delito en la audiencia del jueves, diciendo que “estuvo mal en todos los niveles”.

“Estoy avergonzado, destrozado y decepcionado, ya que mi error no es lo que me enseñaron de niño”, dijo Hernández, de 50 años, al juez, mientras varios familiares lloraban.

Durante el apogeo de la pandemia, Hernández admitió que se embolsó “comisiones” similares a sobornos al colaborar con clientes de TD Bank, un ex empleado del banco y otros asociados para presentar documentación falsa para recibir 90 préstamos por valor de $25 millones en el marco del federal Programa de Protección de Nómina, todos garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), según una declaración de hechos presentada con su acuerdo de culpabilidad.

En total, Hernández y su red ilícita recibieron $15 millones en préstamos fraudulentos aprobados por TD Bank, descrito por el fiscal federal Eli Rubin como “uno de los mayores casos [de fraude en] en la asistencia por el COVID-19 del país”.

Rubin dijo al juez que Hernández abusó de su cargo directivo en el banco en medio de una emergencia nacional para enriquecerse.

En la sentencia del jueves, el abogado de Hernández, Henry Bell, señaló que su cliente entregó al FBI en su bufete de abogados una parte significativa de su parte de las ganancias mal habidas: comisiones ilegales por un total de $606,060. Es probable que se ordene a Hernández que devuelva más dinero al gobierno en una audiencia de restitución pendiente.

Hernández, quien fue despedido de su empleo en TD Bank antes de su arresto en agosto, enfrentaba entre ocho y 10 años de prisión según las directrices federales. Su abogado defensor, Bell, argumentó que Hernández, que era el único sostén de su familia, debería ser condenado a seis años y medio, citando su entrega del dinero ilícito a las autoridades federales.

“Es inusual que alguien que está sentado sobre esa cantidad de dinero en efectivo lo admita y luego lo entregue”, dijo Bell al juez. “Nunca lo he visto”.

El juez Moore no se inmutó. Bell también le preguntó si Hernández pudiera entregarse a las autoridades penitenciarias en una fecha posterior, y el juez se negó.

En el caso de Hernández, una declaración jurada penal federal acusaba al ex gerente de TD Bank de planear un trabajo desde dentro para captar clientes del banco con el fin de que solicitaran préstamos del PPP y ayudarles a rellenar sus solicitudes con información inventada sobre el número de empleados, los gastos de nómina y los ingresos brutos. Supuestamente usó su cargo en TD Bank para tratar de garantizar que su empleador tramitara sus solicitudes de préstamos empresariales, aunque no participaba directamente en su aprobación.

TD Bank, con sede en Nueva Jersey, que está en proceso de adquirir First Horizon Bank, dijo anteriormente que investigó la mala conducta de Hernández y ayudó a los investigadores federales y a la Fiscalía Federal en Miami.

“Para proteger a nuestros clientes y al banco, TD cuenta con sólidos procesos para identificar, investigar y disuadir posibles fraudes”, dijo el banco en un comunicado facilitado al Miami Herald. “En este asunto, iniciamos una investigación interna, cooperamos con las fuerzas del orden y despedimos al señor Hernández antes de su arresto”.

Tres de los coacusados de Hernández en el caso de fraude del TD Bank también fueron procesados por Fiscalía Federal:

▪ Armando Ariel de León, ex empleado de TD Bank en Miami-Dade, admitió en su acuerdo de culpabilidad que se confabuló con Hernández para ayudar a los clientes a abrir cuentas en TD Bank y solicitar préstamos del PPP falsos, así como otros beneficios de la Administración de Pequeñas Empresas. De León recibió sobornos de los clientes y de Hernández, según consta en los registros judiciales. De León, de 51 años, que fue despedido de TD Bank en 2021, se declaró culpable de confabulación para cometer fraude electrónico en octubre y fue sentenciado a cinco años de prisión el mes pasado.

▪ William Alexander Posada Sandrea, presidente de Auténticos Auto Sales Corp. en Miami-Dade, también colaboró con Hernández y otros para presentar solicitudes de préstamos del PPP falsificadas para su empresa y otros negocios. Posada, de 43 años, se declaró culpable de confabulación para cometer fraude bancario en julio, pero no se presentó a su audiencia de sentencia en noviembre, consta en los registros judiciales. Está prófugo y ha sido designado fugitivo.

▪ Erich Javier Alfonso Barata, presidente de dos empresas de Miami-Dade, Black Hookah Inc. y EJ Networking & Security Service, está acusado de colaborar con Hernández y presentar solicitudes de préstamos del PPP falsas. Según los registros judiciales, Barata, de 49 años, se declaró culpable de confabulación para cometer fraude electrónico en enero.

El Programa de Protección de Nóminas aprobado por el Congreso en 2020 se creó para ayudar a las empresas tras los cierres provocados por la rápida propagación del coronavirus. El programa, en el marco de la Ley CARES, permitía condonar los préstamos, siempre que los prestatarios cumplieran los criterios establecidos por la SBA de usar los fondos para nóminas y otros gastos generales.

Decidido a inyectar dinero rápidamente en la tambaleante economía, el gobierno federal renunció a muchos requisitos tradicionales que los prestamistas suelen verificar antes de conceder préstamos a empresas, y esa política, según el inspector general de la SBA, condujo a un “nivel sin precedentes de actividad fraudulenta” debido a la falta de controles.

Como capital del fraude del país, el sur de la Florida ha liderado la ola de delitos financieros que siguió a la aprobación de la Ley CARES, según la Fiscalía Federal.

Después de perder miles de millones den fondos de asistencia por el COVID-19 debido a reclamaciones falsas, el gobierno federal empezó a desplegar en septiembre equipos de investigación en el sur de la Florida, California y Maryland para perseguir a las organizaciones delictivas sospechosas de estafar a los programas públicos que ofrecieron préstamos a pequeñas empresas y seguro de desempleo. Las fuerzas de ataque trabajan desde las fiscalías federales.

2021 Bentley Bentayga
2021 Bentley Bentayga

Mientras tanto, en el sur de la Florida no cesan los procesos federales contra individuos y sus empresas.

En enero, Derek James Acree, un abogado del Condado Palm Beach, fue sentenciado a casi tres años y medio de prisión por presentar solicitudes de préstamo fraudulentas para obtener más de $1.6 millones en el marco de los programas de ayuda de la SBA. Acree, de 47 años, que se declaró culpable de confabulación para cometer fraude electrónico en octubre, presentó los préstamos falsos para empresas de su propiedad: National Financial Holdings Inc., NFH Florida LLC, DBA Finova Financial LLC, y National Financial Holding Technology LLC. Las solicitudes de préstamos falsearon el número de empleados, las nóminas y los ingresos, según las autoridades.

Después de obtener los fondos del préstamo, Acree transfirió parte del dinero a otras personas y usó otra parte para hacer el pago inicial de su casa y reparaciones en su barco.

También en enero, Alexander Blaise, de Plantation, y su hermano, Dumarais Blaise, de Georgia, se declararon culpables ante el tribunal federal de Fort Lauderdale de cargos de confabulación para cometer fraude electrónico por una solicitud falsa de préstamo del PPP de $356,000 para una empresa del sur de la Florida, Acute Care Coordinating Systems PA. Alexander Blaise admitió que contó con la ayuda de su hermano, un elaborador de declaraciones de impuestos, para obtener el préstamo por la pandemia y que las ganancias se depositaron en otro negocio, Blaise Podiatry, según los registros judiciales. A continuación, los hermanos se repartieron los fondos ilícitos.

Ese mismo mes, una mujer de Miami fue acusada de robar $381,000 del programa de la SBA y usar los préstamos para alquilar un Bentley Bentayga 2021 (precio de venta, $181,000), alquilar un apartamento en Biscayne Bay, pagar procedimientos dermatológicos estéticos y renovar sus zapatos de diseñador. Daniela Rendón, de 31 años, se declaró inocente de los cargos de fraude electrónico y lavado de dinero y quedó en libertad bajo fianza antes del juicio.

En diciembre, un hombre del Condado Broward acusado de estafar millones al programa gubernamental de préstamos del PPP fue declarado culpable de nueve cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y usurpación de identidad con agravantes. Este mes, Valesky Barosy, de 28 años, fue sentenciado a seis años de prisión.

Barosy hizo alarde de sus hazañas mientras estafaba al programa de la SBA, publicando en las redes sociales fotos conduciendo un Lamborghini y volando en un jet privado.