Yahoo Noticias Seis horas de terror: ataque del Ejército a siete jóvenes en Nuevo Laredo
La tarde del domingo 26 de febrero, en redes sociales, comenzaron a circular una serie de videos que mostraban, desde distintos ángulos, un enfrentamiento entre pobladores de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. La razón: el ataque del Ejército a siete jóvenes en dicho municipio que cobró la vida de cinco de ellos.
Los vídeos, que pronto comenzaron a sumar miles de vistas, mostraban, además, una camioneta blanca con decenas de orificios de bala, manchas de sangre, personas que a golpes y pedradas exigían justicia y militares que disparaban al aire y al suelo para alejar a familiares de los jóvenes, defensores de derechos humanos y periodistas.
La primera información de los hechos la dio a conocer el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, encabezada por Raymundo Ramos, que informó que las víctimas no estaban armadas al momento de los hechos ni había motivo para que les dispararan.
Dos días después, el Ejército reconoció haber disparado contra los jóvenes, aunque intentaron justificar el hecho bajo el argumento de que los soldados accionaron sus armas debido a que escucharon un “estruendo”.
(VIDEO) Van cuatro militares a prisión en Campo Militar 1-A por muerte de jóvenes en Nuevo Laredo
El saldo final fue un cuerpo con 12 heridas de bala y la cabeza destruida, otro con 10 heridas de bala y la espalda y las piernas hechas pedazos y otro con un tiro en la sien, según lo revelan estudios forenses a los que tuvo acceso el diario El País. Acá un recuento de los hechos a una semana de la tragedia.
El inicio del ataque del Ejército a jóvenes en Nuevo Laredo
La noche del sábado 25 de febrero, los hermanos Alejandro y Gustavo Pérez Benítez, junto con cinco amigos más, decidieron salir de fiesta a un antro llamado Mister Pig, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
De acuerdo con el testimonio de Alejandro -uno de los dos sobrevivientes del ataque- la fiesta se prolongó hasta pasadas las 4 de la mañana, cuando Gustavo Ángel Suárez Castillo -de nacionalidad estadounidense y una de las cinco víctimas mortales- se ofreció llevarlos a todos de vuelta a casa, según declaró ante la Fiscalía General de la República.
La hora empata con la versión de la Sedena, que informó que ese domingo 26 de febrero, aproximadamente a las 4:50 de la mañana, personal militar de una Base de Operaciones desplegado en Nuevo Laredo realizaban reconocimientos por el área, “cuando oyeron disparos de armas de fuego, poniéndose en alerta”.
“Posteriormente, visualizaron un vehículo tipo pick up con siete individuos a bordo, quienes se trasladaban a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas, cuyos integrantes, al observar la presencia de las tropas, aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva, deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado”, señaló la Sedena.
“De esta situación, al escuchar un estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego”, agregó la dependencia.
En contraste Alejandro, la única persona que resultó ilesa durante el ataque, relató en entrevista para N+ que, al toparse de frente con los militares, se dieron la vuelta, pero que los soldados los chocaron por detrás, para después dispararles sin razón.
“No’más llegaron y nos balacearon toda la troca, no’más me alcancé a bajar y me arrodillé. Yo iba atrás del chofer” dijo Alejandro, quién acusó que a dos de las cinco víctimas mortales -entre ellas su hermano Gustavo- las mataron cuando estaban sometidas en el piso.
Los estudios forenses a los que tuvo acceso El País muestran que las víctimas, todas ellas de entre 20 y 25 años de edad, sufrieron en total 30 heridas de bala. Los soldados dispararon en total más de 60 veces por la parte de adelante de atrás y a los costados de la camioneta. .
N+ también dio a conocer videos que muestran a dos camionetas militares persiguiendo a la camioneta blanca a las 04:44 de la mañana, aparentemente sin exceso de velocidad, así como la declaración del capitán Elio “N”, quien reconoció que cuatro elementos a su mando fueron los responsables de haber disparado sin tener orden para hacerlo.
“Escuché que varios elementos accionaron sus armas de fuego, sin que yo diera tal orden, por lo que de manera inmediata vía radio de frecuencia ordené alto al fuego, posterior a ello desciendo de la unidad preguntando al personal quien había disparado, por lo que de manera voluntaria espontánea los siguientes elementos me informaron que habían disparado”, dijo.
El capitán Helio también narró que los militares, luego de disparar sus armas, acordonaron el área y él ordenó una inspección al interior del vehículo, donde “no se localizó nada ilícito”. Al inspeccionar la escena los soldados encontraron, en cambio, 5 personas del sexo masculino, 3 sin vida, un civil herido y una persona más sin daños. Al costado de la camioneta se encontraron a otros dos jóvenes sin vida.
Ambos testimonios forman parte de la indagatoria federal y también la que abrió la Fiscalía General de Justicia Militar. Hasta ahora, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, organismo que representa a las familias, ha reunido las versiones de los empleados del antro Mister Pig y contabilizaron, en cambio, más de 80 disparos, por lo que Ramos ha calificado al hecho como una “masacre”.
Tras el ataque del Ejército a jóvenes en Nuevo Laredo, los fallecidos fueron identificados como Gustavo Pérez Benítez, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Gustavo Ángel Suárez Castillo y Alejandro Trujillo Rocha; mientras que la persona herida de gravedad es identificada como Luis Gerardo, quien se encuentra en un hospital privado con al menos dos impactos de bala.
En entrevista para Animal Político, Raymundo Ramos, habló de la versión de Alejandro y de los testimonios de los vecinos de la colonia, “quienes escucharon a los jóvenes solicitar auxilio y que en lugar de eso recibieron disparos a manera de rematarlos, tenemos vídeos que contradicen este comunicado”.
Y aunque originalmente el Comité de Derechos Humanos denunció que la agresión fue contra seis jóvenes, Ramos expuso que el séptimo joven que salió ileso no había sido nombrado por motivos de seguridad.
“Este testimonio lo habíamos mantenido en reserva, primero por protección, porque ninguna instancia federal le ha otorgado medidas de protección. Fue llevado por los militares tres horas después, ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que rindiera su declaración, como si hubiera sido un delincuente, nunca se le trató como víctima”, explicó.
Incluso, denunció que los militares obligaron a Alejandro a grabar un vídeo donde él reconoce su responsabilidad por los hechos delictivos. Esto también quedó asentado en la carpeta de investigación FED/TAM/NVO.LAR/435/2023, en la que Alejandro declaró que un militar se le acercó y preguntó si quería vivir o morir.
Él respondió que quería vivir, por lo que fue obligado a grabar el vídeo para declarar a sus amigos y él como culpables. Esta parte dista de la versión del capitán Elio, quien aceptó la inocencia de los jóvenes y ya identificó a cuatro soldados que dispararon contra la camioneta.
“Déjame ayudar a mi hermanito, carnalito”
Luego de los hechos antes narrados, personal del Comité de Derechos Humanos se presentó al lugar para intentar rescatar a una mujer de la tercera edad que requería atención médica, pero los militares impedían que saliera de su domicilio, según informó el propio organismo de Derechos Humanos.
La persona a la que intentaron rescatar sin éxito se llama Sala Luna, una mujer de 60 años que dormía hasta que oyó los disparos y que asegura que durante más de una hora escuchó quejidos sin que llegara ninguna ambulancia.
“Los tiros llegaron a mi cuarto, pero no traspasó la pared. El que estuvo en más riesgo fue mi esposo porque estaba dormido en la cama esa, nomás que cuando empezó todo se aventó bajo la cama, por eso no le dieron”, contó a los abogados la mujer que ahora padece de males renales ante el estrés por los disparos.
La mujer contó que dentro de la casa, que también recibió múltiples disparos, estaban su nieta de dos años y seis meses, un niño de seis meses y su esposo Javier, declaración a la que pudo acceder el portal de noticias Elefante Blanco.
“Cuando vinimos por acá porque no había agua fue cuando quisimos abrir la puerta pero ya no nos dejaron, el soldado cerró la llave de paso y se oía que se quejaban. Yo me senté aquí con el andador y oía que se quejaba alguien más, pero no podíamos salir. Escuché quejidos como una hora y estos de acá nomás decían: “déjame ayudar a mi hermanito, carnalito, decía, me imagino que les decía a los soldados, carnalito, déjame ayudar a mi hermanito él no tiene nada que ver, él es ciudadano americano. En ningún momento se oyó que llegarán ambulancias”.
Las necropsias a las que tuvo acceso el país muestran que los dos cuerpos más dañados por las balas fueron, precisamente, el de Gustavo Ángel -que venía conduciendo la camioneta- y el copiloto, quienes recibieron 12 y 10 disparos y por quien la señora Luna escuchó pedir piedad durante más de una hora.
Las otras tres víctimas iban en la parte de atrás de la camioneta. Una recibió cinco disparos, otra dos y una tercera un solo disparo en la sien. Sobre el caso del joven que recibió dos disparos llama la atención que en la necropsia quedó asentado que la muerte fue por “choque hipovolémico producido por lesión arterial lumbar”, es decir que murió desangrado.
Este dato contradice al propio comunicado de la Sedena en el que se indica que cuando los militares realizaron la inspección cinco jóvenes ya habían muerto y solo quedó herida una persona, a la que “se le brindó atención, solicitando apoyo de una ambulancia”, pero que según el relato de los testigos llegó más de una hora después.
“Mi hijo no tenía armas”
Más de cinco horas después, aproximadamente a las 10 de la mañana, habitantes y familiares de las víctimas se enfrentaron al personal militar, incluso a golpes y pedradas, “por considerar que las víctimas no estaban armadas ni había motivo para que les privaran de la vida de forma arbitraria”.
Y es que habitantes de Nuevo Laredo acusaron a elementos del Ejército de presunta ejecución extrajudicial de “al menos dos jóvenes (que) fueron rematados con disparos en la nuca estando tirados sobre el pavimento”.
Raymundo Ramos explicó que al llegar a la Huasteca todavía se encontraban alrededor de 12 unidades del Ejército custodiando la camioneta de las víctimas, mientras que un grupo de familiares de los fallecidos y vecinos del sector “estaban enardecidos y reclamándoles por este nuevo abuso de autoridad”.
“Cuando personal del Ejército Mexicano intentaba arrastrar la camioneta de las víctimas hacia instalaciones de la FGR, familias de las víctimas y colonos comenzaron a intercambiar golpes con varios de los militares y el operativo se salió de control”, dijo Ramos.
En ese momento, según se puede constatar en varios videos compartidos a través de redes sociales, al menos tres militares accionaron sus armas, fusil y pistola, para dispersar a los presentes, entre los que se encontraban personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, periodistas, vecinos e incluso niños.
En uno de esos vídeos, un hombre con el rostro y las manos manchadas de sangre, abrazado por dos hombres, se acerca a un reportero y le dice:
-Mira mi hijo, viejo, ciudadano americano, somos ciudadanos americanos, viejo, todos. No tenían armas, no tenían nada, viejo- dice.
-¿Qué edad tiene tu hijo?- pregunta el reportero.
-21 años, Gustavo Ángel Suárez Castillo- contesta el hombre mientras sus compañeros se lo llevan abrazado.
El padre de Gustavo – quien se ofreció a llevar a los jóvenes de vuelta a su casa y presuntamente recibió más de 12 disparos- confrontó duramente a los soldados por la muerte de su hijo. En varias ocasiones intentó, en su desesperación, hablar, pero ante el silencio quiso golpear a los elementos de la Sedena que participaban en el operativo.
En otros vídeos también se observa cómo pobladores lograron derribar a un elemento del ejército a quien golpearon y patearon hasta que algunas mujeres intercedieron. Inmediatamente después se escuchan disparos al aire del Ejército que lograron disuadir a la población.
Mientras que este soldado era agredido, otro grupo de militares se dirigió a Raymundo Ramos para “ordenarle” grabar la agresión a su compañero, propinándole un par de manotazos, tirando su celular e intentando arrollarlo con una camioneta de la Sedena, informó el Comité mediante un comunicado.
Otro soldado fue atropellado por una unidad militar, según se logra ver en otro de los vídeos. Al final los militares salieron entre pedradas y disparos al aire.
Por la tarde del domingo y mañana del lunes en redes sociales se ha difundido que una de las víctimas es presuntamente integrante del Cártel del Noreste. Hasta ahora, las autoridades no han señalado nada al respecto.
En fotografías también se observa que personas con chaleco de la Fiscalía General de la República -dependencia que hasta el momento no ha informado nada de manera oficial- caminan entre los cuerpos. El personal empezó a procesar el sitio, pero no terminó. Los cadáveres fueron recogidos por una funeraria ante la mirada de las familias.
“Si resultan responsables los miembros del Ejército, que sean castigados”, dice AMLO
Tres días después de los hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por primera vez en el caso.
“Se nos informó en el Gabinete de Seguridad y, a propuesta del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se investigue el caso, incluso las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que, si resultan responsables los miembros del Ejército, sean castigados”.
Un día después, el presidente volvió a pronunciarse sobre el caso y dijo que “aunque se trate de supuestos sicarios, no se debe permitir la ejecución de nadie, ya no estamos en tiempos de mátalos en caliente”.
En tanto, el Ejército dijo que colabora con la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia Militar y mantiene un “diálogo abierto con las familias” de las víctimas desde el primer momento de los hechos.
Pero el martes, cuando se realizaba el funeral de dos de los cinco jóvenes asesinados por el Ejército, Ramos dijo a Animal Político que fue hasta ese día que la CNDH se comunicó con él para pedirle los números telefónicos de las familias, apenas unas horas antes de que el organismo emitiera un comunicado en el que informó que abrió una investigación por la presunta ejecución de los jóvenes, pero evitando condenar los hechos.
En los últimos días en medios nacionales se ha difundido información respecto a que los cuatro cabos señalados por disparar a los jóvenes ya fueron vinculados a proceso por la Fiscalía Militar por el delito de desobediencia por lo que ya están en la prisión del Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México. De manera oficial las autoridades del caso no han informado nada al respecto.
