Segob colabora en proyecto de ley sobre desplazamiento forzado

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- Al participar en el "Panel de Alto Nivel sobre Desplazamiento Forzado Interno", convocado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Secretaría de Gobernación (Segbo) destacó su contribución en la elaboración del proyecto de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en México, que fue unánimemente aprobado en la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en el Senado de la República.

Los titulares de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Rocío González Higuera, y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez Silva, destacaron el trabajo en los esquemas de prevención y atención integral del tema, mediante la recopilación de datos e información, aproximaciones estadísticas, realización de estudios y elaboración de un diagnóstico.

Aseguraron que el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 10 de diciembre de 2020, es el primer documento programático del gobierno federal que reconoce este fenómeno y establece una ruta de trabajo para su atención.

En relación con la prevención, se implementan estrategias para la detección temprana de situaciones generadoras de desplazamientos forzados, así como acciones conjuntas para su potencial neutralización.

Señalaron que se colaboró con el Observatorio de Desplazamiento Interno, el Servicio Conjunto de Caracterización de Población Desplazada, la Organización Internacional para las Migraciones y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional en México, así como con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Además, se han diseñado instrumentos de colaboración con entidades federativas para promover la legislación local sobre el Desplazamiento Forzado Interno; la asistencia humanitaria y la atención integral a personas en esta situación.

De esta manera, destacaron, las autoridades federales, estatales y municipales, desde sus ámbitos de competencia, deberán diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos y acciones para proporcionar soluciones duraderas a las personas en esta situación.