Yahoo Noticias El Salvador: Fiscalía acusa al expresidente Cristiani de autorizar matanza de jesuitas
SAN SALVADOR (AP) — La Fiscalía General de la República de El Salvador acusó formalmente el lunes al expresidente Alfredo Cristiani y un grupo de militares por su presunta participación en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras perpetrada por un comando de élite del ejército en 1989.
Los otros imputados son militares en condición de retiro que en el momento de la matanza ocupaban altos mandos de la fuerza armada: el general Juan Rafael Bustillo, el general Juan Orlando Zepeda, el general Rafael Humberto Larios, el general Inocente Orlando Montano, el mayor Carlos Camilo Hernández Barahona, el coronel Nelson Iván López y el coronel Oscar Alberto León Linares.
Están acusados de los delitos de homicidio, actos de terrorismo y conspiración para cometer actos de terrorismo.
La imputación también incluye al abogado Rodolfo Parker, señalado de manipular declaraciones que se dieron al tribunal de honor de la fuerza armada. Le imputan los delitos de fraude procesal y encubrimiento.
Uno de los fiscales del caso dijo a los periodistas que el “presidente Cristiani estuvo presente en la reunión donde se coordinó y autorizó su ejecución" de los jesuitas.
“Debemos considerar que no es sólo un testigo. (El general René) Emilio Ponce, que ya falleció, refiere que estuvo el presidente Cristiani; tenemos otros testigos que también lo ubican en el lugar”, agregó.
Ponce era el jefe del Estado Mayor general de las fuerzas armadas cuando se perpetró la matanza.
La Fiscalía dice que, previo a los hechos del 16 de noviembre de 1989, cuando el comando del batallón Atlacatl ingreso al campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) para asesinar a los jesuitas y sus dos empleadas, el padre Ignacio Ellacuría, una de las víctimas, sostuvo varias llamadas telefónicas con Cristiani, quien le habría manifestado que “no debía preocuparse por el registro que se ejecutan en la UCA”.
En marzo de 2022, un juzgado de San Salvador giró una orden de captura y detención provisional contra Cristiani por el delito de “comisión por omisión” en el caso del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras.
Cristiani salió del país en junio de 2021 después de comparecer ante una comisión especial del Congreso que investigaba los sobresueldos de exfuncionarios del gobierno. Cuando se conoció la resolución del juez, su hija Claudia publicó algunas fotografías donde aparecía su padre y dijo entonces que estaba en “la cuna del abuelo”, en referencia a Italia, aunque no estaba claro si se encontraba allí.
La acusación se produjo luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia revocó en enero de 2022 una resolución de la Sala de lo Penal, que ordenaba cerrar el proceso dándolo por prescrito.
Los fiscales explicaron que el general Montano ya fue condenado en España por el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas, ciudadanos españoles, pero no por los salvadoreños.
Montano cumple una condena de 133 años en España por su participación en la matanza.
Los jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baro, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López y López fueron ejecutados con disparos a la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín de la casa en la que vivían dentro del campus de la UCA. Sus dos colaboradoras salvadoreñas, Julia Elba Ramos y su hija Celina Ramos, también fueron asesinadas por los militares.
La matanza ocurrió durante una de las más sangrientas ofensivas del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que actuaba en gran parte del país y en la capital. En un principio, el gobierno de Cristiani trató de atribuir la matanza a las fuerzas guerrilleras, pero pocas horas después quedó al descubierto que un comando de élite de las fuerzas armadas perpetró el crimen.
En un juicio considerado poco transparente, el coronel Guillermo Benavides, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del batallón Atalactl, entrenado en Estados Unidos, fueron procesados por la matanza. Un jurado absolvió a siete de los acusados en 1991.
Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron condenados, pero se beneficiaron en 1993 de una amnistía promovida por Cristiani tras un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que investigó y documentó la masacre, responsabilizando a los altos mandos militares del asesinato.
Tras la derogación de la ley de amnistía, un juez confirmó la condena de 30 años y Benavides regresó a la cárcel. Sus abogados apelaron la decisión ante un tribunal superior sin éxito. Los presuntos autores intelectuales del asesinato no habían sido enjuiciados.
