El Salvador: Envían a juicio a excandidato Norman Quijano

SAN SALVADOR (AP) — La Cámara Primero de lo Penal de El Salvador decidió el jueves que el diputado del Parlamento Centroamericano y excandidato presidencial Norman Quijano debe enfrentar juicio por los delitos de fraude electoral y asociaciones ilícitas, por supuestamente haber pactado con las pandillas a cambio de que lo apoyaran en los comicios presidenciales de 2014.

La acusación del Ministerio Público corresponde a las presuntas negociaciones de Quijano con los cabecillas de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 para que le ayudaran a ganar los comicios de ese año, en los que a fin de cuentas triunfó el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

En 2015, la Corte Suprema de Justicia declaró grupos terroristas a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. En su decisión también declaró terroristas a los jefes, miembros y colaboradores de esos grupos criminales.

La audiencia preliminar se instaló pese a la ausencia de Quijano, que está prófugo, porque los magistrados explicaron que se estaban aplicando las reformas al Código Procesal Penal aprobadas recientemente por el Congreso y que permiten realizar estas diligencias con ausencia del imputado. Quijano, expresidente del Congreso salvadoreño, fue candidato presidencial por el partido Arena en 2014.

Los magistrados de la Cámara decidieron de forma unánime rechazar la solicitud de sobreseimiento presentada por los abogadores defensores de Quijano y “que este proceso está apto para transitar a juicio”.

La Cámara admitió toda la evidencia pericial, documental y el testimonio de los testigos identificados como “Noé” y “Salomón”, dos pandilleros que aseguran haber participado en las reuniones donde se negoció el supuesto arreglo para apoyar a Quijano.

También admitió la prueba testimonial ofrecida por los defensores, entre ellos el diputado del Congreso, René Portillo Cuadra de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena); el señor Manuel Arrieta, quien estuvo presente en la reunión; el exdiputado de Arena, Ernesto Angulo; y su exasesor de campaña, Miguel Ángel Simán, entre otros.

Los fiscales dicen que existe evidencia pericial, documental y testimonial que comprueba la participación de Quijano en los delitos que se le imputan.

Los abogados defensores rechazaron las pruebas presentadas por el Ministerio Público. “No van a encontrar ni un solo elemento de prueba donde Norman Quijano haya dicho que ha pagado para ganar votos”, afirmó el abogado Ricardo Ordóñez.

El abogado Lisandro Quintanilla, cuestionó a los testigos y dijo desconocer si gozan de régimen de protección o criterio de oportunidad, ya que “Noé” no es acusado en el presente caso, mientras que el otro testigo identificado como “Salomón”, se sabe que no participó en la reunión donde supuestamente se habría negociado el apoyo electoral.

Los fiscales afirman que en esa reunión, Quijano prometió entre otras cosas, beneficios económicos, reducir el nivel de operatividad de la policía contra las pandillas y programas de reinserción a favor de las pandilla, pero defensores aseguran que fue una reunión con una Red Nacional de Pastores a los que presentó su programa de gobierno.

Quijano es un prominente dirigente del partido Arena y fue elegido diputado del Parlacen para el periodo 2021-2026. Salió del país el 30 de abril de 2021, cuando faltaban pocas horas para que llegara a su fin el periodo legislativo en el Congreso salvadoreño y el fuero constitucional que impedía que las autoridades lo capturaran. Se desconoce su paradero.

En diciembre pasado, el Congreso acordó quitarle el fuero a Quijano luego de que el Ministerio Público lo pidiera por segunda vez. Está acusado de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral tras una investigación de la Unidad Antipandillas. La solicitud fue acompañada por una serie de audios y videos que ya están en poder de los tribunales de justicia.

Los abogados del diputado centroamericano alegan también que el proceso de desafuero fue ilegal porque no le correspondía al Congreso salvadoreño retirarle la protección constitucional, sino al Parlacen, pero los jueces desestimaron ese alegato.

La Fiscalía presentó la acusación penal contra Quijano el 1 de mayo de 2021, y una semana después el Juzgado Séptimo de Paz giró orden de captura en su contra y pidió a la Interpol que emitiera una notificación roja, pero ésta decidió no hacerlo.

En septiembre de 2021, a petición de los abogados defensores, la Cámara Primera de lo Penal anuló el caso y con ello todas las órdenes de detención, pero la Fiscalía apeló esa decisión, que posteriormente fue revertida para continuar con el proceso, ratificando las órdenes de captura.