Esto es lo que hay que saber sobre el juicio de Colorado que busca sacar a Trump de la boleta electoral

La continuidad de la campaña del expresidente Donald Trump para 2024 se está litigando esta semana en una discreta sala de un tribunal de Colorado.

El juicio se deriva de una demanda presentada por votantes del estado que argumentan que Trump no es apto para ocupar el cargo en virtud de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución debido a sus acciones antes y durante el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Y el caso de inhabilitación de Colorado no es aislado. Los argumentos orales derivados de una demanda similar, en Minnesota, se celebraron el jueves.

He aquí un vistazo al caso de Colorado y algunas cuestiones más.

¿Cuáles son los antecedentes de la demanda de Colorado?

Con la ayuda del grupo de vigilancia Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética de Washington, seis electores de Colorado —cuatro republicanos y dos independientes— presentaron la demanda en septiembre ante un tribunal estatal de distrito en Denver.

Estos electores argumentan que la presencia de Trump en la boleta de las elecciones primarias republicanas del año próximo los perjudicaría al restar apoyo a sus candidatos preferidos y, si gana la candidatura, al privarlos de la posibilidad de “votar por un candidato calificado en las elecciones generales”.

Piden que el secretario de Estado de Colorado no incluya el nombre de Trump en la boleta y le piden al tribunal que inhabilite a Trump para ocupar un cargo público a fin de acabar con cualquier “incertidumbre”.

¿Cuál es la Decimocuarta Enmienda y qué dice?

En específico, el caso de Colorado se relaciona con el Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda, que se lee como sigue:

Ninguna persona podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector del presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, u ocupar cargos, civiles o militares, en los Estados Unidos, o en cualquier estado, si, habiendo prestado juramento previamente como miembro del Congreso, o como funcionario de los Estados Unidos, o como miembro de cualquier legislatura de algún estado, o como autoridad del Poder Ejecutivo o Judicial de ese estado, para defender la Constitución de los Estados Unidos, ha incurrido en insurrección o rebelión contra los mismos, o ha dado auxilio o consuelo a sus enemigos. Pero el Congreso puede, por voto de dos tercios de cada Cámara, retirar dicha inhabilitación.

Las preguntas cruciales son si la Decimocuarta Enmienda aplica a la presidencia; si el comportamiento de Trump antes y durante el 6 de enero constituye que “ha incurrido en insurrección o rebelión contra” la Constitución y si los funcionarios electorales o los tribunales pueden considerar la inhabilitación de una persona conforme a la Sección 3 sin ninguna acción específica del Congreso que identifique a esa persona.

Expertos constitucionales han subrayado en entrevistas con The New York Times que las respuestas a estas preguntas no son sencillas ni evidentes por sí solas.

En escritos públicos, algunos académicos han argumentado que Trump no es elegible. En un artículo académico, dos profesores de Derecho, los conservadores William Baude y Michael Stokes Paulsen, concluyeron: “Es incuestionablemente justo decir que Trump ‘participó’ en la insurrección del 6 de enero tanto por sus acciones como por su omisión”. Otros han argumentado lo contrario, como los profesores de derecho Josh Blackman y Seth Barrett Tillman que afirmaron en un reciente borrador que las conclusiones de Baude y Paulsen carecen “de sustento sólido”.

¿Qué argumentan los demandantes?

Desde el lunes hasta el miércoles, los abogados de los demandantes (los seis electores de Colorado) citaron a siete testigos:

— Daniel Hodges, un agente de policía de Washington D. C., y Winston Pingeon, agente de policía del Capitolio, que se encontraban en el Capitolio el 6 de enero. Ellos testificaron que los rebeldes llevaban equipo táctico e hicieron evidente que creían que actuaban en nombre de Trump. Sin embargo, en el interrogatorio de la defensa, los abogados de Trump trataron de distanciarlo de los rebeldes y señalaron que los agentes no podían saber si alguno de ellos había escuchado su discurso.

— Eric Swalwell, el representante demócrata de California declaró que los legisladores habían leído los tuits de Trump durante el ataque y los consideraron relacionados “con nuestra propia seguridad en la cámara y también con la integridad de los procedimientos”. En el contrainterrogatorio, los abogados de Trump citaron una publicación de Swalwell en Twitter en la que instaba a los demócratas a “luchar” contra las restricciones al aborto y le preguntaron si ese era un llamado a la violencia; Swalwell contestó que no.

— William C. Banks, profesor de Derecho de la Universidad de Siracusa y experto en autoridad presidencial en seguridad nacional, testificó que Trump podría haber desplegado elementos de la Guardia Nacional sin una solicitud o permiso de los funcionarios locales.

— Peter Simi, profesor de Sociología de la Universidad Chapman y experto en extremismo político, testificó que la extrema derecha usaba un “doble discurso”; es decir, un lenguaje que los iniciados entendían como un llamado a la violencia, pero que siempre era posible negar. Durante años, dijo, Trump se ganó la credibilidad de miembros de grupos como los Proud Boys y los Oath Keepers, hasta el punto de que lo veían como un aliado que les hablaba de esa manera.

— Gerard Magliocca, profesor de Derecho de la Universidad de Indiana y experto en la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda, dijo que cuando se ratificó la enmienda, se entendía que “insurrección” se refería a “cualquier uso público de la fuerza o amenaza de fuerza por parte de un grupo de personas para obstaculizar o impedir la aplicación de la ley”, y “participar” significaba “cualquier acto voluntario en favor de una insurrección, incluidas las palabras de incitación”.

— Hilary Rudy, subdirectora electoral de la secretaría de Estado de Colorado, afirmó durante su testimonio que el secretario de Estado de Colorado tenía la obligación jurídica de otorgar el acceso a la boleta electoral solo a los candidatos calificados, que los tribunales podían asumir un papel legítimo para determinar quién estaba calificado y que la secretaría acataría lo que decidiera el tribunal.

Los abogados de los demandantes planean llamar a testigos adicionales la tarde del viernes.

¿Qué dice la defensa de Trump?

Hasta el jueves, los abogados de Trump habían llamado a seis testigos:

— Kashyap Patel, exjefe de personal del Departamento de Defensa, afirmó en su testimonio que Trump ya había autorizado el despliegue de 10.000 a 20.000 elementos de la Guardia Nacional para mantener la paz el 6 de enero y que no se presentaron porque el alcalde de Washington no había solicitado su presencia. En el interrogatorio cruzado, Patel declaró no tener conocimiento de un documento que demostrara la autorización de Trump.

— Katrina Pierson, antigua vocera de campaña de Trump, describió los desacuerdos entre el equipo de campaña sobre quién debería hablar en el mitin del 6 de enero de Trump. Pierson testificó que Trump rechazó a la mayoría de los oradores previstos, incluidos los más incendiarios. También dijo que él había expresado su deseo de contar con 10.000 soldados de la Guardia Nacional.

— Amy Kremer, organizadora del mitin del 6 de enero en la Elipse, dijo que los asistentes al mitin eran “ciudadanos amantes de la libertad” y “guerreros felices” y agregó que no había visto ningún indicio de violencia o intención violenta mientras Trump hablaba. En el interrogatorio, reconoció que había estado dentro de la zona que requería detectores de metales y que no habría visto nada de lo que ocurrió fuera de esa zona.

— Thomas Van Flein, consejero general y jefe de personal del representante republicano de Arizona Paul Gosar, declaró que los asistentes al mitin eran pacíficos, pero reconoció que se había ido antes del discurso de Trump.

— Tom Bjorklund, que rindió testimonio como ciudadano particular aunque es tesorero del Partido Republicano de Colorado, dijo que estuvo presente durante el discurso de Trump y luego fue al Capitolio, donde presenció la revuelta, pero no entró al edificio. En la primera parte de su testimonio dijo que no había visto ningún tipo de violencia por parte de los partidarios de Trump. Más tarde, dijo que había visto a gente romper ventanas, pero planteó la teoría de la conspiración de que se trataba de una operación de falsa bandera de los “antifascistas”. También dijo que había entendido que las “instrucciones” de Trump eran para protestar pacíficamente.

— Ken Buck, el representante republicano de Colorado, declaró que creía que el informe del comité del 6 de enero (que los demandantes han citado con frecuencia como prueba en su caso) tenía un sesgo en cuanto a su evaluación de la “culpabilidad” de Trump en el ataque.

El equipo de Trump planea llamar a un testigo más el viernes por la mañana, un experto que ofrecerá una interpretación diferente a la de Magliocca sobre la redacción de la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda.

¿Qué ha dicho la jueza?

Antes de que el juicio comenzara el lunes, el equipo de Trump presentó varias mociones para desestimar el caso. La jueza Sarah B. Wallace, quien está a cargo, las rechazó.

El miércoles, después de que los demandantes terminaron de llamar a la mayoría de sus testigos, los abogados de Trump solicitaron un “veredicto dirigido”: una conclusión, antes de que la defensa hubiera llamado a sus testigos, de que no existía suficiente sustento jurídico para que los demandantes prevalecieran. Sus palabras, dijeron, no cumplían con el criterio de lo que el Tribunal Supremo considera como incitación y, por tanto, estaban protegidas por la Primera Enmienda.

Wallace negó la solicitud, pero enfatizó que su negativa no debería interpretarse como un dictamen sobre las preguntas jurídicas en cuestión, incluida si Trump había “participado en una insurrección”, en el sentido que la Decimocuarta Enmienda da a esa expresión, y si la Primera Enmienda limitaba la manera en que podía aplicarse la Decimocuarta Enmienda.

Más bien, dijo que negaba la solicitud porque, para concederla, “habría tenido que decidir muchas cuestiones legales que sencillamente no estoy preparada para decidir hoy”.

¿Qué pasará a continuación?

No se sabe cuánto tiempo tardará Wallace en pronunciarse después de que el juicio termine el viernes.

Sin embargo, el juicio se está llevando a cabo mediante un proceso acelerado con el objetivo de tener una resolución final antes de la fecha límite de enero para que el secretario de Estado de Colorado certifique quién estará en la boleta de las elecciones primarias y todos los involucrados entienden que debe dar su fallo inicial con tiempo suficiente para que también se resuelvan las apelaciones.

Se espera que la Corte Suprema de Estados Unidos tenga la última palabra.

c.2023 The New York Times Company