‘Saben que yo voy al fondo’

·7  min de lectura

Antes de que una periodista colombiana la nombrara la “Fiscal de Hierro”, la doctora en derecho y sociología Ángela María Buitrago Ruiz trabajó en juzgados ambulantes y participó en necropsias y levantamiento de cadáveres. Hoy en día es miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a cargo de la investigación del caso Ayotzinapa, el cual aún mantiene conmocionado a todo México.

“La prensa conoció mi labor desde las audiencias. Aunque mediáticamente nunca expuse mis casos, a los periodistas les interesó mucho”, comenta la abogada en entrevista con Newsweek en Español. “Conocieron mi trabajo y saben que voy al fondo, y por esa razón me nombraron así”.

Buitrago Ruiz toma el apelativo de “Fiscal de Hierro” como parte de un reconocimiento a una labor que para ella fue “muy dura y demasiado difícil”.

La denominación surge de su actitud en las audiencias en Colombia, de donde es originaria. Buitrago mantuvo su fortaleza en los juzgados cuando previamente había recibido amenazas e incluso en los momentos en que se desarrollaban los juicios.

“Fui amenazada por dos coroneles por el caso del Palacio de Justicia”, recuerda la litigante.

Abogada por la Universidad Externado de Colombia, especialista en derecho penal por la Universidad de Salamanca, y en derecho penal y ciencias criminológicas por la Universidad Externado de Colombia, Buitrago también posee una maestría en derecho Penal.

Se desempeñó como fiscal durante cinco años, tiempo durante el cual denunció y expuso pruebas contra varios funcionarios. Por ejemplo, el caso del exdirector seccional de fiscalías de Colombia, Guillermo León Valencia Cossío, a quien señaló como parte de un grupo criminal y quien usó su poder en la fiscalía para ponerlo al servicio del crimen organizado.

CONDENÓ A VARIOS GOBERNADORES

Buitrago también obtuvo la condena de gobernadores de diferentes regiones de Colombia. Uno de los casos emblemáticos por los que se le reconoce a Ángela Buitrago es el del señalado Palacio de Justicia.

La toma del Palacio de Justicia fue un asalto perpetrado en Bogotá, Colombia, el 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19).

El grupo guerrillero capturó cerca de 350 rehenes, algunos de ellos eran magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes. Tras los hechos, la policía y el ejército rodearon el sitio.

Veintisiete horas después los hechos culminaron con un saldo de 101 muertos, entre ellos, 11 magistrados.
Once personas más fueron desaparecidas. En 2000, cinco personas del grupo fueron identificadas en fosas comunes.

Ángela María Buitrago llegó a la Fiscalía General de la Nación en 2005. En aquel momento tomó el caso en sus manos y por su trabajo se investigó y juzgó a un grupo de militares.

<span>Un herido es evacuado del Palacio de Justicia de Colombia, el 6 de noviembre de 1985, ocupado por un comando de guerrilleros del movimiento M-19. (Foto: Intercontinental / AFP)</span>
Un herido es evacuado del Palacio de Justicia de Colombia, el 6 de noviembre de 1985, ocupado por un comando de guerrilleros del movimiento M-19. (Foto: Intercontinental / AFP)

El silencio por miedo fueron los principales obstáculos en aquella investigación. Los testigos tenían datos valiosos, pero temían hablar porque podía haber represalias en su contra.

La “Fiscal de Hierro” hizo una investigación exhaustiva que incluyó visitas a brigadas del ejército y cementerios donde presuntamente podrían encontrarse a los desaparecidos. También se introdujo profundamente en la revisión de documentos, fotografías y videos.

Finalmente, pidió las declaraciones a múltiples personajes que fueron parte de ese episodio. Entre ellos llamó a varios militares.

En el expediente figuraron los nombres del coronel Luis Alfonso Plazas Vega y de los oficiales Edilberto Sánchez Rubiano, Jesús Armando Arias Cabrales e Iván Ramírez Quintero. Cuando la investigación se iba a exponer, el entonces fiscal general, Guillermo Mendoza Diago, pidió una renuncia protocolaria.

AYUDAR A LAS VÍCTIMAS

Ángela Buitrago asegura que todos los casos en donde hubo inmersión del paramilitarismo, violación a derechos humanos y la actividad del Estado generaron asesinatos, desapariciones y muertes.

“A mí me mueve la convicción de poder ayudar a las víctimas y de que la justicia tiene que cooperar. Cuando fui fiscal y funcionaria también me marcó el tener la posibilidad de decidir sobre el futuro de una persona”, explica.

“Si decidía seguir o no una investigación también de ello dependía la vida de una persona. Se tienen muchas cosas en juego, por ello se tiene que actuar con mucha responsabilidad y conocimiento”.

No obstante, asevera que cuando una fuerza pública o militar se ve involucrada en hechos delictivos se debe hacer una investigación con mayor responsabilidad y cuidado frente a la necesidad que se averigüen los hechos.

Y, como siempre dicta en sus clases, lo que se espera de una institución es que actúe correctamente. “Cuando se está frente al crimen por lo menos se piensa que son criminales. Pero si se delinque desde el Estado, puedo decir que la forma en que me aproximo a los casos en que está involucrado cualquier servidor público es con un plus, más con la convicción de que el Estado debe de actuar legítimamente”.

PERSECUCIÓN PERMANENTE

La doctora en derecho comenta que han sido varios los momentos en Colombia en que ella ha padecido la persecución permanente. Ello dentro de las distintas esferas donde la abogada se desarrolló, es decir, dentro de la fiscalía, la academia, “incluso en reuniones oficiales a través de comunicados oficiales de una representación de los miembros de las fuerzas militares.

“Esta última lanzó muchísimas declaraciones calumniosas, realizó muchísimas presentaciones en contra mía sin dejar de asistir a la Plaza de Bolívar. Ahí los miembros de esa asociación se manifestaban en contra de las acciones de investigación y juzgamiento que me competían en ese momento”, recuerda la exfiscal.

En estos casos, comenta, los apoyos y lealtades no miran la realidad de las pruebas. Se enfocan en el hecho de pertenecer a una institución, ello aunque deberían de ser críticos y pensar que una investigación es el mejor camino para salvar la legalidad de la institucionalidad.

EL CASO DE LOS 43

“En mi situación particular tengo el compromiso moral con el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin embargo, no es fácil permanecer desplazada de mi país para hacer una investigación donde me encuentro inmersa en un archivo las 24 horas del día, en climas con 40 °C, desplazamientos a la sierra, entre otras cuestiones que implican un caso de esta naturaleza”, comenta la doctora.

Explica que como miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha hecho búsquedas y llegado a los sitios porque cree también que es necesario visitar las zonas para conocer la geografía. De no hacerlo, señala, no se puede analizar cómo sucedieron los hechos y a qué distancia están las situaciones.
“Somos convencidos de que hay que ir a los lugares, hay que hablar con la gente, esto nos obliga al desplazamiento continuo”.

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, es calificada por la investigadora como una tragedia que laceró a una sociedad y destruyó familias que tenían uno o incluso dos hijos que desaparecieron entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

<span>La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es calificada por la investigadora como una tragedia que laceró a una sociedad y destruyó familias. (Foto: Cuartoscuro)</span>
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es calificada por la investigadora como una tragedia que laceró a una sociedad y destruyó familias. (Foto: Cuartoscuro)

EVITAR HECHOS FUTUROS

“Me motivó poder colaborar para investigar y coadyuvar a saber qué pasó y que, con ello, los padres puedan conocer la realidad. Pero, sobre todo, también para que se tomen las medidas para evitar hechos futuros.

“Ver el dolor de los padres me hizo aceptar el cargo. Quería entender que la ausencia y la incertidumbre sobre los hijos va acabando lentamente con las familias y que el granito de arena que uno pueda aportar vale la pena”.

La transparencia es el mejor ejercicio de la democracia, se haya equivocado quien se haya equivocado, más si hay miembros del Estado involucrados, señala. La realidad tiene que ser clara para los administradores de justicia en términos de que ellos son los principales garantes de que la víctima tenga el derecho a la verdad y a la reparación sobre los hechos reales, no sobre ficciones.

“En estos casos, los Estados tienen la obligación de descubrir toda la información, pero también somos conscientes de que mucha información puede quedar extraviada”, concluye Buitrago Ruiz.

“Hay muchos testigos que también por miedo se callan. En este caso en particular ha habido testigos asesinados. Somos conscientes de que mucha información ya se perdió. La tortura hizo perder mucha información”. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas:

Caso Ayotzinapa fue un ‘crimen de Estado’; militares mexicanos tienen responsabilidad

Caso Ayotzinapa: ¿cómo intervino la Marina en el basurero de Cocula?

Padres de los 43 de Ayotzinapa se reúnen con comité de la ONU; ‘desde hace 7 años vivimos con dolor’