‘Rosa’ ha luchado durante años por justicia y reparación por el abuso sexual de su hijo en la escuela

En su tercer año de preescolar, cuando tenía más o menos 4 años con 6 meses, ‘Ari’ ya no quería ir al baño, solía aguantarse incluso cuando estaba en casa. Tenía rozaduras y cuando su mamá intentaba tallar sus piernas al bañarlo, él le empujaba la mano. Negaba que le doliera, pero su reacción era la contraria. A veces decía que un niño lo había pateado, pero otras lloraba por las noches o seguía haciéndose del baño en la cama.

Aquellas eran señales, focos rojos de que estaba viviendo abuso sexual en su escuela. ‘Rosa’, su mamá, las dejó pasar por un tiempo porque pensó que eran “cosas de niños”. Ahora sabe que son factores a tomar en cuenta: “Sí, a lo mejor el niño no va bien al baño; sí, no se asea bien y por eso está rozadito; sí hay niños que le pegan, pero yo creo que hay que ponerle más atención a esa situación; así fue como lo fui viendo”, relata a 13 años de que se revelara el caso del colegio Andrés Oscoy, en Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa, por primera vez.

Diez años después de los hechos, según documentó la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) en su primer informe titulado Es un secreto, de 2021, las niñas y niños víctimas aún no recibían una reparación justa e integral por los daños ocasionados por seis servidores públicos encargados de protegerles y educarles. Las reparaciones y explicaciones satisfactorias aún siguen pendientes.

Además, no se trató de un caso aislado, ni del último. En 2021 se expusieron otros 17 casos de violencia sexual organizada, además del de la escuela Andrés Oscoy, mientras que la más reciente versión de ese reporte, hace un par de meses, muestra que la situación ha seguido creciendo y expandiéndose hacia otros estados: a 3 años de la primera publicación, para 2024 suman 27 casos en 12 entidades.

‘Rosa’, mamá de ‘Ari’, cuyos nombres fueron cambiados para resguardar su anonimato, había escuchado antes sobre los focos rojos en un niño que vivía abuso. “Fue difícil porque yo sabía los puntos rojos, pero no los relacioné todos. Al momento que me entero que sí fue agredido, me entró el remordimiento. Si yo sabía, por qué no lo vi, por qué no tuve más visión”, lamenta.

La violencia sexual en el Andrés Oscoy fue conociéndose poco a poco: una niña se atrevió a decirlo en marzo de 2011. Después, una doctora confirmó las señales físicas del abuso, y así se fue haciendo una cadena de descubrimientos, un niño tras otro, que tenía detrás a seis personas que, en complicidad, perpetraban los abusos. La Fiscalía General de la República empezó a investigar el caso.

Entre las mamás que ya sabían, comenzaron a presionar a la autoridad a que actuara. ‘Rosa’ se enteró de todo un 15 de junio: “Fue muy impactante saber lo que había pasado, pensar que a tu hijo también; hubo muchas reacciones, tanto quien sí les creyó a los niños como quien no. Hubo quien metía las manos a la lumbre por estas personas”, relata en entrevista.

El día que explotó el caso, la tía de ‘Ari’ había ido a la escuela por él, pues ayudaba a su hermana con sus cuidados. Avisó del alboroto en el plantel, pero el niño todavía no quería hablar. Luego de los momentos de confusión en medio del escándalo, cada uno de los preescolares se fue con su familia. Ante las preguntas más específicas de su tía, su sobrino habló de un “juego” que jugaban con el encargado de intendencia, pero aclaró que no podía contarle más.

Con la ayuda del hermano mayor de ‘Ari’, que ya estaba saliendo de la primaria y con quien se llevaba muy bien, la familia trató de profundizar en la información. “Si te digo, la directora se va a enojar conmigo”, respondía el pequeño. Alcanzó a decir que jugaban al trenecito, pero no quiso detallar nada más.

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Dado que la fiscalía ya estaba investigando, la mamá de ‘Ari’ también lo llevó a declarar. Ahora recuerda que hubo quienes hablaron a la primera, otros a instancia de sus compañeros y algunos más, como ‘Ari’, después de unas cuantas sesiones. Su mamá le insistió en que no tuviera miedo, en que ella estaría ahí para defenderlo.

Finalmente, el niño confesó que el encargado de intendencia lo ayudaba a ir al baño, pero después ya no lo dejaba salir. Más tarde se sabría que incluso entre los perpetradores ocurrían prácticas de índole sexual frente a las infancias, además de que coaccionaban el silencio de las niñas y niños. En esa escuela, 12 víctimas coincidieron en que las agresiones las cometía más de un adulto simultáneamente.

“Lo que más me partió el corazón fue cuando me dijo: ‘Él me dijo que no te dijera, porque si te decía, él te iba a matar’. Como soy viuda, me dijo: ‘yo no tengo papá, yo no quería quedarme sin mi mamá”, relata Rosa. Esas palabras de su hijo definirían para ella una lucha por la justicia en la que ha persistido durante más de una década.

Hubo incluso quienes, en su momento, le sugirieron dejar pasar el tema, pues nadie les haría caso a los padres de familia, y perderían tiempo y dinero. “Yo dije: ‘Yo voy a ver cómo chingados le hago, me voy a partir la madre, pero yo voy a ayudar a mi hijo’. No puede ser que yo como mamá no vaya a hacer algo para ayudarlo a él, cuando él se dejó para que no me fueran a matar”, reviró ella.

“Mi hijo es súper valiente, es mi héroe, porque él se dejó hacer todo eso por mí. Fue algo muy, muy duro. Y no dejé de hacerlo (ayudarlo) hasta el día de hoy”, sostiene.

La SEP, sin reparación ni explicaciones

Rosa recuerda que en el caso del Oscoy hubo complicidad de la directora y de algunas maestras. No es claro para ella quiénes y qué tanto sabían entre el resto del personal. Los psicólogos de la SEP llegaron a acudir a hacer valoraciones, y les bastó una sola sesión para asegurar que a los niños no les había pasado nada en el plantel. Un representante de las autoridades escolares incluso se atrevió a sugerir que los padres solo buscaban dinero.

“En qué nivel están las autoridades, en donde lejos de ver realmente qué le pasó al niño, están preocupándose porque los papás van a querer dinero”, reclama ‘Rosa’. Los datos indican que en la dependencia pública no mucho ha cambiado:

El reporte más actualizado de la ODI asevera que no se ha esclarecido cómo delincuentes se infiltran en escuelas haciéndose pasar por personal educativo o de intendencia, además de que no ha cambiado una sola política de la SEP, pues no hay mayor transparencia en las escuelas ni avances en la investigación de posibles conexiones entre los casos.

En el caso del Oscoy por lo menos la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), relata la mamá de Ari, tuvo la calidad humana y atención necesaria con los niños en su toma de declaraciones. Incluso usaron historias y juegos cuando dudaban en seguir hablando. En los juzgados, sin embargo, el proceso se volvió muy largo, y algunas de las víctimas tuvieron que volver a declarar durante ese periodo.

Rosa vuelve a resaltar la valentía de su hijo, y se la hace ver también a él: “Por ti, ahora otros niños no tienen que enfrentarse al juzgado, y es algo bueno que ustedes lograron. A la fecha, con sus casi 19 años, sigo alabándolo porque por ellos, ahorita ya hay niños que no van a tener que pasar eso que él pasó; eso es bueno”, afirma.

El juicio inició cuatro años después de los hechos. Tras más de un año, cuatro cambios de juez y dos de ministerio público, se sentenció a más de 400 años al conserje, 88 a la directora y periodos similares al auxiliar de dirección, asistente de servicio y dos personas de servicio social. Rosa se dice tranquila con los resultados, más no satisfecha, porque una década después, la SEP sigue sin tomar medidas suficientes, sobre todo instalar cámaras en escuelas y separar los baños.

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“Siguen pasando casos, desafortunada y desgraciadamente, en donde la SEP parece que no pasa nada, y cuántos casos son, no somos los únicos. Eso es lo que duele, que la SEP se haga la indiferente”, reclama Rosa.

Así ha sido también con la reparación del daño y la ayuda a los niños en su trayectoria escolar, pero sobre todo, los cuestionamientos que han quedado sin respuesta: “Que nos digan por qué había siete personas agresoras en un preescolar; es lo que a nadie nos cabe en la cabeza, y que ellos tampoco se pongan a investigar, o si ellos mismos lo saben, ¿qué? ¿En un solo lado avientan a la porquería?: ‘Son de Iztapalapa, ahí ni se fijan ni se dan cuenta ni saben, ahí échaselos’. Me hago muchos cuentos, porque no sabemos realmente qué pasó ahí”, lamenta.

Para ella, sigue sin ser clara la participación y destino de otras personas que quizá también actuaron en complicidad, o por lo menos era difícil que no supieran. Rosa intuye que solo los cambiaron de escuela.

Poner atención en los focos rojos

De lo ocurrido, queda la valentía y la fuerza de Ari y Rosa, y las lecciones aprendidas que hoy les interesa difundir para ayudar a prevenir el abuso sexual en las escuelas. Primero, Rosa llama a los padres de familia a no sentir nunca que sus cuestionamientos a las autoridades escolares son exagerados, ni dejar que los juzguen por ellos.

“No deben de decir los maestros ‘qué exagerada es la señora, casi casi quiere ver abajo del escritorio qué hay’; pues sí, porque no se vale lo que les están haciendo”, subraya. A su juicio, no solo hay que ver debajo de donde sea necesario, sino estar siempre pendientes, hablar mucho con ellos y no obligarlos a saludar o despedirse de beso de las personas, como llegan a hacer algunos padres incluso con personal de las escuelas.

“Que no los obliguen a dar beso a nadie, ni a la misma familia; si no quieren dar un beso, es por algo”, recomienda Rosa. Otra medida importante, destaca, es hablarles de todas las partes de su cuerpo por su nombre: “A veces nos es difícil decir pene, decir vagina, pero así es, como cabello, como uñas. Hablarles como es, y decirles ‘no dejes que nadie te toque, yo te voy a defender siempre’; darles seguridad para que si en algún momento ven algo de algún compañerito, puedan decírselo a la mamá”, explica.

E insiste: es fundamental creerles, investigar, expresarlo, exigir a la escuela que averigüe, “y no parar hasta que nos den una respuesta”. A las personas que lean o escuchen su historia, les pide que la sigan compartiendo cada vez, porque no solo pasa en la Ciudad de México, sino que se ha replicado en varios estados, como muestra el reciente reporte de la ODI.

“Se trata de una mafia bien organizada. ¿Por parte de la SEP, por parte del sindicato, por quién? Hay que estar pendientes porque muy fácilmente los pueden amedrentar”, alerta. Para ella fue una noticia nada fácil de asimilar, pero años después ha sabido transmitirle fuerza y seguridad a su hijo. Con la sentencia en la mano, lo ayudó a disipar sus temores: le ha insistido en que si algún día su agresor sale, así cumpliera solo 30 años de prisión, se encontraría ahora con un hombre de 19, grande y fuerte, a quien ya nadie puede hacerle daño.