El rol de los movimientos sociales en las tomas de tierras aviva las internas en el Frente de Todos

El conflicto por la toma ilegal de tierras en el conurbano desató una interna en el Frente de Todos por la forma de abordar la problemática, histórica y cada vez más extendida. En los últimos días se evidenciaron roces entre organizaciones sociales aliadas a los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof, como el Movimiento Evita o el espacio de Juan Grabois, y funcionarios e intendentes bonaerenses.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y algunos jefes comunales del conurbano sugieren que hay organizaciones sociales y de izquierda que promueven las usurpaciones. Los referentes populares lo niegan.

Los movimientos tienen un rol en el conflicto. Con presencia en las zonas más vulnerables, muchas veces brindan asistencia a las familias que usurpan predios. Esto ocurre actualmente en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón, y otros municipios.

A pesar de la advertencia de Sergio Berni, se consolida la toma de terrenos en Guernica

En algunos casos, los movimientos sociales también ofician de intermediarios ante las autoridades para reclamar ayuda social y servicios básicos en los asentamientos. Esa dinámica inquieta a los intendentes, urgidos de desactivar la toma en su fase inicial. "No se puede gestionar en medio del caos", sintetizó días atrás Blanca Cantero, jefa municipal de Presidente Perón.

Las fricciones internas se evidenciaron con fuerza en los últimos días. Berni acusó al Movimiento Evita, que conducen Fernando "Chino" Navarro, secretario de Relaciones Institucionales del Gabinete, y Emilio Pérsico, funcionario de Desarrollo Social, de incentivar las tomas de tierras en Buenos Aires. Navarro le contestó en el canal A24 y lo desafió a presentar pruebas en la Justicia. El Presidente no hizo comentarios sobre las declaraciones de Berni.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) calificó de "insólitas" las acusaciones de Berni contra Navarro y Pérsico. Y advirtió que "la represión y la inacción no pueden ser la respuesta" a la crisis habitacional. "El que dice que ocupar es delito, miente", exclamó Grabois.

En diálogo con LA NACION, Pérsico aclara: "No propiciamos las tomas, pero sí los loteos sociales". Y explica: "Hay que comprar la tierra, hacer la infraestructura y venderla a sectores populares. Que la gente lo pague en cómodas cuotas. Lo hemos hecho en Córdoba y en algunos lugares del interior", afirma.

Navarro remarca a este medio que "ocupar un predio privado o público es ilegal", pero pide comprender la "desesperación" de las familias. El funcionario de Fernández considera que el Estado debe intermediar y "buscar soluciones que no sean violentas", para completar: "Hay que encontrar una salida más negociada, que no tenga que ver con la topadora y la guardia de infantería".

Semanas atrás hubo un cortocircuito entre Movimiento Evita y La Cámpora por un operativo en el barrio Los Eucaliptus, en Quilmes, terruño de Mayra Mendoza. Tanto Pérsico como Navarro niegan las tensiones con la agrupación de Máximo Kirchner.

Propuestas

Los dirigentes sociales aducen que la raíz del fenómeno de las tomas es el déficit habitacional, que se agravó con la pandemia. Por eso, demandan respuestas del Estado. Desde las organizaciones sociales cercanas al Gobierno piden impulsar un plan de "lotes con servicios". Pérsico cree que "falta una decisión política" para avanzar con esa idea y apunta contra los intendentes. "No quieren tener más gastos y menos recaudación. Si aprueban el loteo social, tienen que pasar a recoger la basura o poner los focos de luz. Los countries son un mejor negocio para el Estado", opina uno de los jefes de Movimiento Evita.

En dos meses hubo 315 intentos de toma en el conurbano y se acelera la dinámica

Mientras tanto, Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), impulsa el denominado plan General San Martín, que implica, entre otras cosas, crear un millón de lotes con servicios.

Federico Fagioli, referente del espacio de Grabois y diputado nacional del Frente de Todos, asegura: "No estamos detrás de las tomas, ni las fomentamos. Entendemos que cuando no hay un derecho garantizado y el acceso a la vivienda es un problema, la gente trata de resolver sola su crisis habitacional".

El sector de Grabois busca construir consensos para llevar adelante su plan, que requeriría una inversión de $750.000 millones anuales durante cuatro años para crear unos cuatro millones de empleos. "Hay tierras que son del Estado que ya se pueden poner para generar una política de loteo con servicios", sostiene Fagioli, quien vive en un barrio popular de Almirante Brown que se construyó a partir de una toma. "Empezar con 500 mil lotes sería un paso importante y resolveríamos gran parte del problema que hoy está sucediendo con las tomas", completa.

El secretario general de la UTEP, Esteban "Gringo" Castro, también pide desarrollar "nuevas ciudades" y abordar la problemática con una "propuesta integral". Pero aclara que los movimientos "no fomentan" la toma de tierras. "Eso no le sirve al pueblo y genera violencia", dice. Durante una reunión que se concretó en junio en la Casa Rosada, Castro, exconcejal de Moreno, le sugirió al Presidente "poner terrenos del Estado en clave productiva".

Mediación y asistencia

La mayoría de los dirigentes populares cree que hay punteros, barras o "pillos" que se aprovechan de la crisis para hacer negocios y vender terrenos que fueron tomados.

Para Daniel Menéndez, funcionario de Desarrollo Social y referente de Barrios de Pie-Somos, la mediación de los movimientos sociales "va a ayudar" a que el conflicto por las tomas no escale y haya respuestas. "En muchos casos, se busca canalizar el conflicto a través de la construcción de programas de empleos o cooperativas, y se articula con intendentes", sostiene.

Menéndez considera que abordar el déficit habitacional "implica una inversión enorme" del Estado. "Hay que urbanizar 4400 barrios, reactivar el Procrear, impulsar un plan federal de viviendas sociales y construir lotes con servicios", plantea Menéndez.

Las organizaciones que no integran el Frente de Todos también exigen acciones urgentes del Gobierno. Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie-Libres del Sur, intermedió recientemente en ocupaciones de terrenos en la provincia, porque muchos integrantes de su agrupación perdieron sus viviendas por la crisis. Saravia pide una "respuesta clara" de Kicillof. "Tiene que haber un censo y un relevamiento. Así, el Estado puede correr del medio al que va por especulación", dice.

La dirigente social califica el déficit habitacional como un problema "histórico" y lo atribuye a la falta de planificación del Estado. "Si hubiera una intervención seria, se recortaría el margen de los que quieren aprovecharse de la situación", opina Saravia, y desliza críticas a la gestión de la Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.

El Polo Obrero brindó asistencia durante las últimas semanas a muchas familias que ocuparon un predio en Guernica. En ese terreno también tienen presencia otras agrupaciones sociales, como OLP-Resistir y Luchar o el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). "Muchos compañeros me llamaron y los fuimos a apoyar, les llevamos alimentos. No vamos a dejar que se mueran de frío", lanza el líder del Polo Obrero, Eduardo "Chiquito" Belliboni.

Según Belliboni, hay punteros ligados a los municipios que se enfrentan a las organizaciones sociales en los predios tomados. "No quieren que estemos porque se les vuelve en contra. El Polo Obrero se moviliza, primero, para que les reconozcan el lugar, y después, para que se urbanice", plantea.