Sippenhaft: La táctica de castigo nazi que ha vuelto a usar el régimen de Maduro contra una defensora de DDHH y su familia

Rocío San Miguel es la más reciente víctima de una temible táctica aplicada a los opositores del régimen de Nicolás Maduro llamada Sippenhaft, o castigo por responsabilidad familiar, que consiste en detener a los parientes cercanos de los sospechosos de atacar al gobierno.

Su fuente de inspiración remonta a la Alemania Nazi, donde se convirtió en un mecanismo para aplastar a la disidencia política y sembrar terror entre la población civil desde 1933 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.

Ocho décadas más tarde, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) venezolana ejecutó una siniestra operación de Sippenhaft contra 6 miembros de la familia San Miguel.

Todo comenzó el viernes 9 de febrero de 2024, a las 5 de la mañana, cuando San Miguel, de 57 años, y su hija Miranda Díaz San Miguel, de 24 años, se encontraban en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía para salir de vacaciones, y la reconocida experta militar y defensora de Derechos Humanos hispano-venezolana fue detenida por agentes de seguridad. Desde entonces nadie conoce su paradero.

Miranda, quien también tiene nacionalidad española, vive en Madrid, y se encontraba visitando a su madre en Venezuela después de graduarse de Periodista, alertó a sus familiares y abogados de lo sucedido y la dejaron regresar a casa. Pero la joven volvió al aeropuerto el sábado cuando fue llamada por las autoridades para recoger las maletas en la aerolínea. Eso fue lo último que se supo de ella.

La chica llamó a su padre, el coronel retirado Víctor Díaz Paruta, antes de ir al aeropuerto. Se cree que él habría ido a buscarla al aeropuerto después de intentar comunicarse y no obtener respuesta. Díaz Paruta también desapareció sin dejar rastro.

Los próximos en caer en manos de las autoridades venezolanas fueron los dos hermanos de Rocío, Miguel Ángel y Alberto San Miguel, y su ex pareja Alejandro González. Se cree que fueron detenidos en sus domicilios y nadie ha podido hablar con ellos.

La única que se salvó de desaparecer fue Yarlila Díaz, hermana de Víctor Díaz Paruta, quien también fue al aeropuerto a buscar a su sobrina Miranda luego de escucharla llorar en una llamada telefónica. Allí fue detenida, incomunicada en un cuarto oscuro e interrogada durante dos horas sobre operaciones militares de las que no tenía ningún conocimiento y en las que estaría involucrada su ex cuñada.

Al liberarla, sus captores le dijeron que su hermano había sido trasladado a un centro de detención en Boleíta.

Habla el fiscal

El domingo en la tarde, más de 60 horas después la desaparición forzada de la activista, el fiscal general del régimen chavista Tarek William Saab, dijo en la red social X que Rocío San Miguel se encontraba detenida por su presunta vinculación en una trama conspirativa e intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, conocida como Brazalete Blanco. Pero no dio detalles del lugar de su detención.

El lunes, 205 organizaciones civiles y 415 personas presentaron un documento público exigiendo la liberación inmediata de San Miguel. La respuesta de Saab, nuevamente usando su cuenta en X, fue decir que el Ministerio Público “solicitará ante el Tribunal 2do Contra Terrorismo #medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por: la presunta comisión de los delitos de Traición a la Patria, Conspiración, Terrorismo y asociación entre otros”.

En esa misma publicación, Saab informó que se solicitará la privación de libertad de Alejandro González por la presunta comisión de los delitos de "Revelación de Secretos Políticos y Militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de Justicia y asociación".

El fiscal no mencionó por sus nombres a Miranda Díaz San Miguel, Víctor Díaz Paruta, Miguel Ángel San Miguel, Alberto San Miguel. Se limitó a decir que “los otros 4 ciudadanos restantes” recibirán medidas cautelares de presentación, es decir, que serán liberados pero tendrán la obligación de presentarse ante los tribunales de manera periódica.

Esa situación legal afectará de manera especial la vida de Miranda, quien no podrá regresar a España a reanudar su vida por la obligación de ir a firmar un documento cada quince días en algún juzgado caraqueño.

Aunque Saab dijo que las autoridades han actuado “en estricto apego de la normativa nacional e internacional” y “garantiza el respeto a los derechos humanos”, hasta la mañana del martes 13 de febrero, las seis personas permanecían en una situación de desaparición forzada.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que la desaparición forzada es “toda forma de arresto, detención, secuestro o cualquier otra modalidad de privación de libertad perpetrada por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de las autoridades a reconocer la situación de privación de libertad o a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada, lo que sustrae a la víctima de la protección de la ley"

El régimen chavista ha incurrido en los tres factores que definen la desaparición forzada: privaron de libertad a seis personas, entre ellos a 4 ciudadanos españoles, en contra de su voluntad, su ejecución fue realizada por agentes gubernamentales y las autoridades se han negado a revelar el paradero de las víctimas.

Tampoco ninguno de los imputados ha podido comunicarse con sus abogados privados para ejercer su derecho a la defensa.

A juicio de juristas como Zair Mundaray, las desapariciones forzadas de los miembros de la familia San Miguen son un crimen de Estado. "Se trata de un crimen muy grueso" que si no tiene una respuesta contundente de la sociedad venezolana y la comunidad internacional pondrá en peligro a todos los venezolanos.

Cabe destacar que tanto Rocío San Miguel como su hija Miranda cuentan con medidas cautelares de protección dictadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) luego de ganar un juicio en contra el Estado venezolano por la violación de derechos políticos y de expresión, tras su despido de un ente público por apoyar un referendo revocatorio del presidente Hugo Chávez.

Sippenhaft a la venezolana

El portal de investigación Armando Info reveló el sistemático uso de la técnica de castigo y tortura Sippenhaft desde al menos 2017, en una serie de reportajes titulada Rehenes de la Ley.

La periodista Patricia Marcano explicó que tal afirmación no se trata de una analogía sacada a la ligera entre el régimen chavista y las actuaciones de la Gestapo en la Alemania nacionalsocialista de Adolfo Hitler. La operación Sippenhaft fue mencionada en el segundo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas, publicado en 2021.

La investigación de 10 meses realizada por Armando Info identificó 25 casos en los que fue usado el Sippenhaft en Venezuela.

Uno de los casos fue el de la familia del capitán Ányelo Heredia Gervacio, quien fue detenido por la Dgcim el 31 de marzo de 2017 en el estado Táchira e imputado por la Fiscalía Militar Tercera Nacional por traición a la patria, instigación a la rebelión y motín, pero logró escaparse de su centro de detención. Para obtener datos de su paradero o facilitar su rendición, detuvieron a su esposa Anyi Heredia, a sus padres, dos hermanas y un cuñado, quienes fueron sometidos a interrogatorios, golpizas, amenazas, torturas físicas y psicológicas.

“Armando.info también determinó que este castigo es aplicado en Venezuela al menos desde 2014, primero bajo formas que solo llegaban al hostigamiento, y que a partir de 2017 —año de las protestas masivas contra Nicolás Maduro—, cambió su patrón de ejecución. Desde entonces, empleó de forma sistemática el castigo y la tortura contra familiares de “objetivos políticos”, que pueden ser militares disidentes o civiles opositores (reales o percibidos como tales)”.

El antiguo método continúa siendo efectivo porque las víctimas se quiebran emocionalmente cuando escuchan el nombre de sus familiares durante los interrogatorios y las torturas. Maduro ha decidido aplicar el Sippenhaft, en esta oportunidad, a la familia San Miguel.

Endurecimiento del chavismo

El periodista Alonso Moleiro escribió en El País que el gobierno de Nicolás Maduro ha endurecido el tono ante sus interlocutores luego de la liberación de Alex Saab, un empresario colombo venezolano que ha sido un aliado clave del régimen, en el marco del Acuerdo de Barbados. El pacto, alcanzado por el gobierno y una plataforma opositora, también permitió la liberación de 10 estadounidenses y otros 24 venezolanos presos por motivos políticos y definió las condiciones mínimas para la celebración de las elecciones presidenciales venezolanas del 2024.

Mini Díaz Paruta, hermana de Victor Díaz Paruta, dijo a El País desde Atlanta, que su hermano no tiene ninguna militancia política y que mantiene una relación distante con San Miguel desde su divorcio hace 12 años.

A ella no le cabe ninguna duda de que se trata de una estrategia política del gobierno, que decidió apretar las tuercas de la represión ante la cercanía de las elecciones presidenciales. ““Es parte de su modus operandi. Cuando se acercan las épocas electorales empiezan a detener gente. Es un juego cíclico. Calculo que habrán denunciado como 20 complots para matar a Maduro. Es una barbarie”.

Aunque la atención mediática se ha centrado en el caso San Miguel, en las últimas semanas se han denunciado otras desapariciones forzadas, como las de Juan Freites, Luis Camacaro, y Guillermo López, jefes de los comandos de campaña de Vente Venezuela, organización que apoya la candidatura de María Corina Machado. Los tres dirigentes políticos desaparecieron el pasado 23 de enero y aunque el fiscal reconoció su captura, hasta los momentos se desconoce su paradero y no han tenido derecho a la defensa.

También se denunció la desaparición forzada del ingeniero Carlos Salazar Larez el 11 de febrero de 2024, quien habría sido detenido después de grabar y publicar un video sobre Alex Saab en la Isla de Margarita.

Fuentes: Oxford Academic, Armando Info, El País, El Mundo, ONU.

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