MADRID.- El Parlamento español votará este jueves la investidura del socialista Pedro Sánchez para dirigir un nuevo Gobierno, con el respaldo asegurado de la mayoría de los diputados gracias al apoyo de los independentistas catalanes a cambio de una ley de amnistía que sigue originando polémica y rechazos en el país.

El debate comenzará el miércoles y la votación tendrá lugar el jueves, anunció la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

Tras semanas de duras negociaciones, Sánchez, en el poder desde junio de 2018, logró tejer los apoyos de numerosas formaciones políticas y así garantizarse la mayoría absoluta necesaria para ser investido nuevamente como jefe del Gobierno.

Con el respaldo de la izquierda, con la que gobierna desde hace tres años, de partidos vascos y catalanes y de un pequeño partido canario, Sánchez, que quedó segundo en las elecciones legislativas del 23 de julio, contará con el respaldo de 179 de los 350 diputados del Congreso, con lo que será investido en la primera votación.

Sánchez obtuvo la semana pasada el crucial apoyo de los siete diputados de la formación separatista catalana de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya (Junts) a cambio de la próxima tramitación en el Parlamento de una ley de amnistía para los independentistas procesados por los tribunales, principalmente por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en 2017, una medida que divide profundamente a la sociedad española.

Esa ley de amnistía está en el centro del debate político de España, tanto dentro del Congreso como en las calles, donde cientos de miles de personas se manifestaron ayer en todo el país, convocados por el Partido Popular (PP), la principal formación opositora de derecha, cuyo líder Alberto Núñez Feijóo ganó las legislativas, pero no consiguió después los votos suficientes de otras formaciones para ser investido.

¿Qué dice la ley de amnistía?

El PSOE ha registrado este lunes por la tarde en el Congreso lo que denomina “Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña” para que sea tramitada “por la vía de urgencia” y no por lectura única, lo que permitirá cerrar las causas judiciales abiertas a independentistas catalanes desde el 1 de enero de 2012 hasta la actualidad, lo que incluye tanto la preparación de la consulta soberanista de 2014 como el proceso del referéndum ilegal del 2017 y todas las posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo.

La norma anularía la “responsabilidad penal, administrativa y contable” de más de 300 independentistas y de 73 policías encausados en el “procés”.

La norma no incluye referencias a la investigación de casos de lawfare (persecución judicial por motivos políticos) que puedan desembocar en la amnistía de las víctimas en caso de que una investigación parlamentaria así lo concluyera. El término lawfare sí se incluyó en el acuerdo al que el PSOE llegó la semana pasada con Junts. La ley explica que quedan excluidos de la amnistía únicamente “los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el capítulo VII del Título XXII del Código Penal siempre y cuando haya recaído sentencia firme”.

Aunque no se incluyen nombres propios, hace una referencia implícita al caso del prófugo Carles Puigdemont en su art 4.3 al señalar que “quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención”.

Así, Puigdemont podrá volver a España sin ningún proceso pendiente cuando la ley orgánica entre en vigor, algo que puede tardar meses, y que el PP y Vox tratarán de retrasar tanto en su tramitación en el Senado –donde los populares disponen de mayoría absoluta– como a través de recursos al Tribunal Constitucional. Por su parte, Oriol Junqueras, el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, dejará de estar inhabilitado.

Las personas que se pueden beneficiar de esta medida de gracia tendrán que solicitarlo en un plazo máximo de cinco años. Una vez solicitada, la ley obliga a los jueces a aplicar la amnistía en el plazo de dos meses como máximo, una vez que se apruebe la ley. Y los posibles recursos contra la aplicación de la norma “no tendrán efectos suspensivos” sobre la misma, señala el texto.

Reacciones

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá el martes con más de una treintena de corresponsales extranjeros para explicarles de primera mano la “preocupación” del Partido Popular con la Ley de Amnistía y los pactos que ha suscrito el PSOE con los independentistas para asegurar la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez, según han indicado a Europa Press fuentes populares.

“Vamos a internacionalizar la respuesta a lo que está pasando”, han asegurado a Europa Press fuentes próximas a Feijóo, que han recordado además que este lunes el Partido Popular Europeo (PPE) ha pedido que se incluya en la agenda del pleno del Parlamento Europeo de la semana próxima un debate sobre el riesgo para el Estado de derecho en España como consecuencia de la ley de amnistía pactada por el PSOE con Junts y ERC.

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, denunció hoy el “gran fraude electoral” de Sánchez y alentó a los ciudadanos a no “callarse” y seguir saliendo a la calle a protestar contra la amnistía y los pactos del PSOE con el independentismo, a la vez que calificó de “históricas” a las movilizaciones que se registraron ayer en las principales ciudades del país.

“Decimos alto y claro que una impunidad a cambio de una investidura no es el camino para una democracia como es la española y que entregar la separación de poderes, el deterioro del mismo, con tal de ser presidente del Gobierno de España, no merece la pena y ése no es el precio que alguien pueda pagar para ser presidente de todos los españoles”, agregó Gamarra, citada por la agencia Europa Press.

El principal socio del PP, la fuerza de extrema derecha Vox, anunció que mañana presentará una querella contra Sánchez por la ley amnistía y pedirá al Tribunal Supremo que suspenda el debate de investidura.

El líder de Vox, Santiago Abascal, anunció hoy en una conferencia de prensa que su partido acudirá mañana al Tribunal Supremo para presentar una querella contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por la presunta comisión de tres supuestos delitos en relación con la ley de amnistía que ha pactado con Junts per Catalunya y que, como medida cautelar, solicitará al tribunal que “suspenda el debate de investidura”.

Con información de AFP, DPA y El País