Ex representante David Rivera dice que las acusaciones de ser agente venezolano son “completamente falsas”

Puede que David Rivera ya no sea un político electo, pero sonaba como tal cuando salió el martes de su primera comparecencia ante un tribunal federal en Miami, acusado de no inscribirse como agente extranjero del gobierno venezolano.

Rivera, un republicano que sirvió un mandato como legislador de Miami hace una década, está acusado de aceptar $20 millones en honorarios de consultoría de una filial estadounidense de la petrolera estatal del gobierno venezolano, que los fiscales federales dijeron que era en realidad una excusa para cabildear en nombre de Venezuela y su líder autoritario Nicolás Maduro.

“Cualquiera que me conozca sabe que lo que el gobierno está alegando es completamente falso y completamente absurdo”, dijo Rivera en las escalinatas del tribunal federal. “He pasado toda mi vida adulta luchando por la libertad y la democracia no solo en Cuba, sino también durante muchos años en Venezuela, y esperamos poder demostrarlo ante el tribunal”.

Rivera fue arrestado el 5 de diciembre por cargos federales derivados de su contrato de consultoría de $50 millones con la filial petrolera estadounidense de ese país, que supuestamente pretendía mejorar su empañada imagen en Estados Unidos.

Rivera, antiguo actor en la política del sur de la Florida, y su ex asesora política en Miami-Dade, Esther Nuhfer, fueron imputados por cargos en los que se los acusa de confabularse para cometer delitos contra Estados Unidos, de no inscribirse como agentes extranjeros como parte de su trabajo de consultoría para la filial petrolera de Venezuela, PDV USA, y de lavado de dinero.

El martes, en el tribunal federal de Miami, la comparecencia de Rivera fue aplazada hasta el 23 de enero mientras decide si contrata a sus abogados defensores permanentes para que le representen. El juez de instrucción Jonathan Goodman le concedió la misma fianza que había recibido en el tribunal federal de Atlanta, en donde fue arrestado a principios de diciembre. Rivera recibió una fianza de $200,000 firmada conjuntamente por su esposa y su hermana, que le impone un toque de queda entre las 8 p.m. y las 6 a.m., y le permite viajar por el sur de la Florida, Orlando, Manhattan, Washington DC. y Atlanta, donde vive con su esposa y sus hijos.

La fianza exige que él y su esposa entreguen sus pasaportes; tampoco puede consumir alcohol bajo ninguna circunstancia ni sustancias controladas sin receta médica, dijo Goodman.

Las acusaciones

En el pasado Rivera ha defendido sus acciones, diciendo que en realidad trabajaba para la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana, no directamente como consultor del gobierno venezolano en Estados Unidos, pero la acusación presentada por el fiscal Harold Schimkat en Miami indica que Rivera y Nuhfer estaban en realidad cabildeando para el gobierno venezolano en un esfuerzo por normalizar las relaciones entre el país socialista sudamericano y Estados Unidos.

Según la acusación, Rivera y Nuhfer se reunieron con un senador federal no identificado en Washington DC para discutir el plan de normalización en 2017, pero fue en vano porque el gobierno de Maduro finalmente no se comprometió a tal acuerdo. Fuentes familiarizadas con el caso dijeron que Rivera y Nuhfer se reunieron con el senador Marco Rubio, quien compró una casa con Rivera cuando ambos servían en la Cámara de Representantes de la Florida. El republicano de Miami no aparece identificado en la acusación por su nombre, pero confirmó que se reunió con Rivera y hablaron de Maduro.

La acusación menciona además que Rivera colaboró con un rico empresario venezolano, Raúl Gorrín, quien tenía una casa en Miami, para organizar una reunión entre el legislador Pete Sessions, de Texas, y Maduro en Caracas. El 2 de abril de 2018, explica la acusación, Rivera, Gorrín y Sessions se reunieron con Maduro y otros políticos venezolanos para discutir la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Como parte de la reunión, Sessions acordó llevar una carta con esa propuesta de Maduro al presidente Donald Trump, pero sus esfuerzos finalmente no fructificaron.

La acusación acusa a Rivera y Nuhfer de confabularse para “enriquecerse ilícitamente mediante la participación en actividades políticas en los Estados Unidos en nombre del gobierno de Venezuela [...] en un esfuerzo por influir en la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela”. Además, los acusa de intentar “ocultar estos esfuerzos al no registrarse bajo [la ley federal] como agentes del gobierno de Venezuela y al crear la falsa apariencia de que estaban proporcionando servicios de consultoría a PDV USA”.

Pero los abogados defensores temporales de Rivera, Jeffrey Feldman y Richard Klugh, negaron enérgicamente esas acusaciones fuera de la corte federal en Miami el martes.

“Este caso se basa en una acusación central, esa acusación es que [el ex] legislador David Rivera era un agente del gobierno venezolano y de Nicolás Maduro”, dijo Feldman después de la audiencia judicial. “No hay ni una pizca de verdad, ninguna pizca de verdad, en esa acusación. David Rivera es inocente”.

Cuando un reportero de Miami Herald le preguntó por qué no se había inscrito simplemente como agente extranjero cuando su empresa, Interamerican Consulting, consiguió el contrato de cabildeo de $50 millones con PDV USA en 2017, Rivera insistió en que ya había respondido a la pregunta, aunque no lo había hecho. Entonces sus abogados defensores intervinieron.

“No hay obligación de registrarse [ante el gobierno estadounidense] si no es un agente del gobierno venezolano o de Nicolás Maduro”, dijo Feldman.

El dinero

Mientras la economía de Venezuela se desplomaba en 2017, la petrolera estatal del país contrató a Rivera para una costosa campaña de relaciones públicas que apuntalara a la firma venezolana en Estados Unidos y evitara las sanciones estadounidenses. En pocos meses, Interamerican Consulting recaudó $20 millones de la filial estadounidense de Venezuela, PDV USA, pero su contrato de $50 millones terminó abruptamente sin más pagos cuando Rivera fue acusado de hacer poco trabajo, según con una demanda presentada en Nueva York por PDV USA mucho antes de la acusación federal en Miami.

Documentos judiciales tanto en el caso civil como en el federal revelaron que Rivera desvió más de la mitad de sus ingresos de PDV USA —$13 millones— a tres subcontratistas en Miami que supuestamente prestaban “servicios de consultoría estratégica internacional” para la firma venezolana.

Uno de los subcontratistas de Rivera que recibió millones de su acuerdo venezolano fue un urbanizador inmobiliario de Miami, Hugo Perera, quien fue condenado en uno de los mayores casos de tráfico de drogas del sur de la Florida, conocieron el Miami Herald y el Nuevo Herald gracias a los registros judiciales y fuentes familiarizadas con la historia de Perera. Rivera también desvió millones a empresas de Miami controladas por Nuhfer y Gorrín, de acuerdo con los registros judiciales.

Rivera y Nuhfer se comunicaron con Perera y Gorrín en relación con el contrato de consultoría con PDV USA a través de mensajes de texto cifrados, de acuerdo con la acusación.

Gorrín, quien fue acusado en un caso separado de corrupción extranjera y lavado de dinero en 2018, no se menciona por su nombre en la nueva acusación.

De acuerdo con fuentes familiarizadas con el caso, tanto Perera como Gorrín, quien en ese momento tenían casas en la exclusiva Fisher Island en Miami, ayudaron a Rivera a conseguir el contrato de relaciones públicas con el gobierno venezolano y la filial de su compañía petrolera nacional, PDV USA. Perera presentó a Gorrín con Rivera y Gorrín presentó a Rivera con altos funcionarios venezolanos, incluida la ministra de Asuntos Exteriores, Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Ella también era ejecutiva de PDVSA, la compañía petrolera nacional de Venezuela.

Pero, al final, Rivera y sus socios no lograron impedir las sanciones estadounidenses contra Venezuela y sus intereses petroleros.