Reporte denuncia situación de estado de derecho en Polonia

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UE-ESTADO DE DERECHO (AP)
UE-ESTADO DE DERECHO (AP)

La rama ejecutiva de la Unión Europea denunció el miércoles la situación del estado de derecho en Polonia y Hungría, enfocándose en posibles violaciones a su sistema judicial y medios de comunicación en su reporte anual.

En el contexto de la invasión rusa a Ucrania, la Comisión Europea señaló que es sumamente importante que el bloque de 27 naciones se establezca como una fuente de la democracia en un continente inestable.

“La Unión Europea únicamente seguirá teniendo credibilidad si mantenemos el estado de derecho en casa y si seguimos reforzando la cultura del estado de derecho", dijo el comisionado judicial de la UE, Didier Reynders.

A pesar de que Polonia encabeza los esfuerzos de la UE para recibir a refugiados de guerra de Ucrania, recibió fuertes críticas sobre su independencia judicial y en los medios de comunicación.

El ministro de Justicia de Polonia, Zbigniew Ziobro, quien también ocupa el cargo de fiscal general, dijo que el reporte era “un nuevo chantaje de la UE”. Insistió en que el gobierno polaco no debería ceder a las exigencias del bloque. La Comisión Europea ha recomendado que se separen las funciones del ministro de Justicia y el procurador general en Polonia.

Hungría, cuyo primer ministro Viktor Orban es visto como el mejor contacto de Rusia en el bloque, también destacó por las críticas que recibió.

“Persisten serias preocupaciones relacionadas con la independencia del sistema judicial polaco”, señaló el reporte, añadiendo que sus planes anticorrupción también dejan mucho que desear. Además, cuestionó el compromiso del gobierno por una prensa libre y aseguró que “el ambiente general para los periodistas sigue deteriorándose”.

Polonia y las instalaciones centrales de la UE en Bruselas han estado en disputa durante años en torno a la independencia judicial y el conflicto está lejos de resolverse a pesar de las acciones recientes de Varsovia. Polonia aún debe tomar medidas para garantizar su independencia judicial antes de que pueda recibir parte de sus fondos congelados, los cuales alcanzan los 39.000 millones de dólares (36.000 millones de euros).

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