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República fracturada

Las democracias requieren de mecanismos muy delicados para funcionar correctamente. Por eso la democracia es un ideal sumamente exigente que necesita del concurso cotidiano de miles de personas que alteran e impactan con sus prácticas, lenguaje y decisiones las vidas y las conciencias de millones de seres humanos.

La democracia está hecha de valores y de prácticas que cristalizan en instituciones, es decir, en funciones que el Estado reconoce como valiosas para el interés general y las respalda con normas jurídicas, con presupuestos, con servidores públicos encargados de su puesta en funcionamiento, con instancias gubernamentales que supervisen a esos servidores públicos, con mecanismos que permitan a cualquier persona saber lo que hacen sus autoridades, cómo lo hacen, con qué recursos y con qué resultados, con instancias encargadas de sancionar a dichos funcionarios o a particulares que violen las normas.

Muy centralmente las democracias reconocen la importancia de que los gobiernos surjan de la voluntad de todos los que conforman esa sociedad en calidad de ciudadanos(as) -es decir, de aquellos que tienen la nacionalidad y la capacidad jurídica para votar. Se trata de que las mayorías elijan autoridades y de que éstas, una vez electas, gobiernen de acuerdo con ciertos principios básicos: i) hacer exactamente lo que la ley ordena, no más ni menos; ii) enfocar su actuación a fortalecer derechos humanos y libertades; iii) respetar la división de poderes; iv) respetar el pacto federal y la autonomía de los estados; v) respetar y reconocer las decisiones de los organismos electorales fundamentalmente cuando los resultados les son adversos; vi) respetar, reconocer y fomentar la libertad de expresión y el pluralismo (esa molesta pero esencial idea de que todos tenemos derecho a ser distintos); vii) rendir cuenta de sus actos, del uso de recursos públicos y de los resultados de su gestión; viii) garantizar la procuración y administración de justicia para que no haya criminales sin sanción ni inocentes con ella.

Todos estos principios están detrás de la idea de la cosa pública, de la república. Y no nos engañemos: en México todos ellos están fracturados. Ya no es, creo, que nos hallemos en un proceso de descomposición sino que ésta ya ocurrió.

Los embates contra el INE, contra la SCJN, la brutal paralización del INAI y la cascada de modificaciones legales al vapor promovidas por Morena, desapareciendo instituciones, militarizando al país, cancelando libertades y lesionando derechos humanos, no dejan lugar a duda de que nuestra república está rota.

Mucho se ha deteriorado antes, pero la SCJN, el INE, el TEPJF y el INAI son los pilares, los últimos reductos de la democracia y de la república. Sin ellos o con ellos cooptados por el poder político (hoy Morena, pero mañana por cualquier otro), sencillamente desaparecerá la posibilidad de que exista un país para todos, decidido por todos.

Las amenazas fascistas en contra de los ministros de la Suprema Corte, en especial contra su presidenta la Ministra Norma Piña, vertidas por el propio presidente López Obrador y por sus huestes en el Zócalo y a las puertas de la Corte; las amenazas contra los hoy exconsejeros del INE Lorenzo Córdova y Ciro Murayama; la cancelación del diálogo como mecanismo de resolución de conflictos entre el presidente y todo actor institucional que no se pliegue a sus deseos; el malhadado Plan B con la intención de desbaratar el árbitro electoral y la posibilidad de certeza de los procesos electorales; la supresión de facto del derecho de acceso a la información y de la protección de datos personales -dos derechos humanos consagrados por nuestra Constitución- al paralizar al INAI; las constantes amenazas y presiones contra los magistrados del TEPJF y un largúisimo, oscurísimo etcétera, dan cuenta de que desde el gobierno de la república y desde el Congreso de la Unión con mayoría de Morena y aliados, se ha roto la república, el valor esencial de cómo deben formarse los gobiernos, de cuál es su función, de cuáles son sus límites y de qué tipo de convivencia social deben generar con su actuación.

Mucha de la acción legislativa de las últimas semanas tiene la intención de poner a la Suprema Corte contra las cuerdas y doblegarla. Llegará a ella el rosario inédito de modificaciones legales inconstitucionales y será ella el centro de los ataques de quienes llegaron al poder democráticamente y se dedican a destruir el edificio democrático que tanto esfuerzo ha dado construir.

Defender las instituciones no es defender personas, sino las funciones que esas instituciones están llamadas  a cumplir. Y esas funciones son nuestros derechos. Al final de este bestial camino de destrucción institucional y de formas de operación de un gobierno democrático (con división de poderes, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, sistema de pesos y contrapesos, pluralismo, elecciones confiables), sólo queda la fuerza, la prevalencia del más fuerte. Es a través de las instituciones la única forma de garantizar derechos y libertades; sin ellas, sólo quedan el mercado y la ley de la selva y de las balas.

* Sergio López Menéndez (@serlomen) es egresado de la UNAM (Ciencia Política). Consultor  interesado en derechos humanos, instituciones y política. Actualmente estudio la licenciatura en derecho en la UNAM.