Renovables justas e incluyentes para la siguiente administración

Afortunadamente, ambas candidatas prometen desplegar las energías renovables. La diferencia se encuentra entre Claudia Sheinbaum queriendo mantener un 54 % de generación para la CFE y Xóchitl Gálvez reabriendo competencia para el sector privado. Personalmente, y con mi experiencia profesional internacional, abogaría por la segunda opción. Si el sector privado puede suministrar electricidad renovable a un menor costo, hogares, negocios e industrias se beneficiarían. La segunda opción también liberaría recursos fiscales –tanto en subsidios, como en inversiones astronómicas, no solo en plantas de generación, sino también en líneas de transmisión y distribución–  para programas sociales con mayor impacto.

Pero reabrir esta discusión no nos llevaría lejos. Ambas posturas están definidas. Prefiero introducir un tema que debería ser apartidista: ¿cómo podemos asegurar una transición justa e incluyente?

Primero, aprendamos del pasado. Proyectos eólicos en Oaxaca han enfrentado conflictos sociales desde los 90. Las causas son distintas. Desarrolladores extranjeros no entendiendo la particularidad de los ejidos en México, los usos y costumbres de las comunidades, así como procesos de negociación injustos en los que los desarrolladores cuentan con más información que las comunidades, o en los que se negocia con un par de representantes quienes concentran los beneficios que no llegan a toda la comunidad.

Resulta fácil culpar al sector privado y al neoliberalismo por estas negligencias y fallas. Sin embargo, la literatura en México y en el mundo muestra que las comunidades no se oponen generalmente a los proyectos renovables, sino a la manera que se les involucra y limita su participación. Y el Estado también es y ha sido culpable en esto.

Como parte de las reformas del sexenio de Enrique Peña Nieto, se requirió un trámite de impacto social para proyectos renovables (y otros proyectos energéticos). Sin embargo, el trámite lo resuelve la SENER, que está poco equipada para entender complejidades sociales. Así, en lugar de realmente evaluar el impacto social de determinado proyecto, el trámite se ha convertido en burocracia y papeleo adicional para los desarrolladores.

De igual manera, tanto Estado como sector privado han ignorado la figura de consulta previa (libre e informada) a pueblos indígenas, de la cual México es signatario ante la Organización Internacional del Trabajo desde principios de los 90. Por ejemplo, las subastas del sexenio anterior, sobre las cuales ya escribí en 2018 y 2019, asignaron proyectos sin la participación ni consulta previa a comunidades. Muchos de esos proyectos fueron asignados en Yucatán, un recinto de la cultura y comunidad maya. Siendo justos, alrededor del mundo y no solo en México, desarrolladores llegan a las comunidades en etapas ya avanzadas del proyecto, lo que normalmente las obliga a aceptar en lugar de influir el desarrollo. Esta dinámica se debe revertir. La aceptación social del proyecto debe ser uno de los primeros pasos, incluso quizá por encima de los técnicos.

El camino para asegurar una transición justa e incluyente será largo y complejo. Dicho eso, la siguiente administración debe tomar acciones tempranas para encaminarla. Primero, deberá integrar a comunidades impactadas en el diseño e implementación de proyectos renovables. Para ello, tendrá que realizar talleres en las comunidades sobre los tipos de beneficios a los que pueden acceder. Estos son diversos y van desde ser dueños (o co-dueños) de los proyectos hasta el mejoramiento de infraestructura básica en la comunidad como caminos o agua potable. Comunidades más informadas nivelarán las negociaciones con desarrolladores, ya sean públicos o privados. La siguiente administración también tendrá que monitorear, a largo plazo, que los beneficios lleguen a toda la comunidad y no se queden en manos de unos cuantos.

El trámite de impacto social debe cimentar el debido cumplimiento de lo anterior. Si el trámite se queda en la SENER, se deberá capacitar y contratar más personal en este tema. También se deberá entablar mejor comunicación con otras dependencias como el Instituto Nacional de Desarrollo Social o la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, sin que esto aumente la carga burocrática para el desarrollador.

Como amante de las subastas, no puedo dejar pasar la oportunidad para pedir su regreso. Las subastas se pueden diseñar de tal manera que promuevan el desarrollo comunitario e industrial, además de crear empleos y empresas locales. Ese fue el tema que promulgué en mi paso por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA, por sus siglas en inglés). Uno de mis reportes ha servido a varios países para diseñar subastas que promuevan transiciones justas e incluyentes. Ahora más que nunca, serviría en México. No podemos pasar otra administración sin desplegar nuestro potencial en renovables. Ya sea impulsada por el Estado o los privados, la transición no debe dejar a nadie atrás.

* Carlos Guadarrama (@ca_guadarrama) es un experto internacional en política energética. Se especializa en el diseño y análisis de políticas para energías renovables y para transiciones energéticas justas e inclusivas. Ha enfocado su trabajo en África, Asia y Latinoamérica, desde organizaciones internacionales como en Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía Renovable. Su opinión no refleja la de los organismos donde ha trabajado. Es egresado del ITAM y de Harvard (y está por comenzar el doctorado en Oxford).