SANTIAGO, Chile.- El plazo autoimpuesto se acaba y en los próximos días el gobierno de Gabriel Boric se jugará la última carta en el Senado para cumplir este año con una de sus principales promesas de campaña: la aprobación de una reforma tributaria que le permita financiar parte de su programa y empujar una agenda de políticas sociales -graduales- bajo el compromiso de “responsabilidad fiscal”.

La tarea, en todo caso, asoma llena de complejidades para un gobierno que ha sido salpicado en las últimas semanas por escándalos de corrupción y que ha puesto todas sus fichas en este mecanismo, que busca recaudar el 3,6% del PBI, algo así como 10.000 millones de dólares. En su última cuenta pública ante el Congreso en junio, el mandatario chileno aludió a la reforma en diez oportunidades y la posicionó como una suerte de llave maestra para solucionar problemáticas de salud, educación y seguridad, entre otras materias.

“Todos en este salón lo saben. Ni este gobierno ni ningún otro podrá avanzar responsablemente en materializar estos derechos si no es con una reforma tributaria”, dijo Boric frente al Congreso, en uno de sus intentos más elocuentes para sumar apoyos a su idea y en el mismo lugar donde en marzo sufrió una de sus derrotas más duras, cuando la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar el proyecto tributario.

Este lunes, en rigor, el Ejecutivo debería llegar con una propuesta al Senado que convoque mayor respaldo, pese al pesimismo que se ha instalado en las huestes oficialistas. Sin mayoría en la Cámara alta, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha desplegado una intensa ronda de reuniones con diversos gremios productivos y encabezó negociaciones de última hora con grupos de legisladores. “No tenemos los votos”, ha sido el mantra que se ha venido repitiendo desde hace días en el oficialismo que necesita el apoyo de dos tercios de los senadores.

Por lo demás, la tensión con la oposición también alimentó esa desesperanza en La Moneda, que se vio obligada a morigerar su ofensiva reformadora en medio de la baja a un 0,2% de las expectativas de crecimiento de Chile para el próximo año y de la desconfianza de los empresarios, cuyo presidente Ricardo Mewes señaló que “el plazo está muy acotado”.

De hecho, esta semana fue la propia Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) que le entregó un documento a Mario Marcel con 40 propuestas. “En lugar de aplicar alzas tributarias o nuevos impuestos, proponemos avanzar en un acuerdo por el crecimiento económico y la eficiencia del gasto público”, dijo Mewes. El gobierno, en tanto, busca sostener los ejes principales de su proyecto de pacto fiscal: evasión y elusión; gasto público y modernización del Estado; crecimiento y medidas pro inversión y aspectos generales para el incentivo al ahorro; y la reducción de los permisos para los proyectos de inversión.

Consecuencias del escándalo

El laberinto en que se encuentra el gobierno de Boric en estos días está directamente relacionado con las esquirlas provocadas por el caso “Convenios”. Ese escándalo, provocado por el supuesto traspaso de millonarios fondos del Estado a fundaciones sin fines de lucro ligadas al bloque, hoy tiene contra las cuerdas a su principal partido -Revolución Democrática- y a la pretensión generacional con la que surgió el movimiento de izquierda: la pureza de su comportamiento ético.

“Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, también de una generación que nos antecedió”, dijo hace casi exactamente un año Giorgio Jackson, amigo de Boric, hoy ministro de Desarrollo Social y Familia. Es el funcionario de gobierno más cuestionado tras el robo de 23 notebooks desde su oficina del centro de Santiago. Ese hecho alentó una durísima carta del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), que exigió su renuncia y le atribuyó haber orquestado “un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas” y estar “directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadoras y una caja fuerte desde su ministerio”.

“No habrá contestación por ser una carta calumniosa, injuriosa e infame”, dijo la vocera de gobierno, Camila Vallejo, mientras Jackson estudia una querella contra la UDI, dando pie al momento de mayor tensión con la oposición en los dos años y cuatro meses de Gabriel Boric en el poder, y justo en el instante en el que se necesita negociar para encauzar el pacto fiscal y el futuro de la reforma que busca mejorar las jubilaciones.

“Para el gobierno, estas dos reformas son claves pensando en su continuidad. Las reformas tributarias suelen hacerse en los primeros años de mandato, pensando en los efectos perjudiciales que tienen para la ciudadanía en esa primera etapa de implementación y que los beneficios, que son todas las políticas públicas que se derivan de una mayor recaudación, se alcancen a ver antes del próximo ciclo electoral y ahí Boric está completamente contra el tiempo. Además todo el escándalo de las fundaciones le ha dado argumentos a la derecha para que se cuestione el mal uso de recursos públicos”, dijo a LA NACION Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca.

Reforma previsional

Precisamente, el quiebre con sus rivales políticos significó que el otro gran proyecto del gobierno, la reforma previsional, también se haya ido aplazando. De hecho, ya se tomó la decisión de no renovar, transitoriamente, la suma urgencia de su discusión en el Parlamento. “Tiene el objetivo de dar espacio a un acuerdo político amplio”, explicaron en el Ministerio del Trabajo, consciente de que su propuesta muestra mayores apoyos en los partidos de centroderecha, pese a la baja de la mesa técnica de la UDI y el Partido Republicanos, que exigen la salida del ministro Giorgio Jackson.

“El gobierno debe entender que, en el escenario actual, sus proyectos deben incorporar las sugerencias de la mayor cantidad de actores para que sean aprobadas”, indicó Raúl Burgos, experto en historia política chilena y académico del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

La ley de reforma de pensiones pretende, entre otras cosas, aumentar el aporte previsional en un 6% a cargo del empleador, crear un “sistema mixto” de pensiones y eliminar las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), las polémicas instituciones privadas encargadas de recolectar y reinvertir la capitalización individual de cada trabajador y que desde 1981 se han transformado en la base del sistema chileno.