Yahoo Noticias Reforma al Poder Judicial de AMLO amenaza a su independencia y es contraria a estándares internacionales, dicen expertos
La iniciativa de reforma constitucional sobre el Poder Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador constituye una amenaza directa a la independencia judicial, pone en peligro los derechos de las minorías y son contrarias a los estándares internacionales sobre su independencia e imparcialidad, de acuerdo con un informe del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados.
Además, su aprobación afectaría el principio de separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos, ambos cruciales para una democracia.
El informe señala que el Gobierno ha intentado alterar la composición de la Suprema Corte a su favor, ha recortado el presupuesto del Poder Judicial federal en un 30% y ha utilizado las conferencias para criticar públicamente a este poder, en especial por aquellas decisiones que protegen de abusos cometidos por el Poder Ejecutivo.
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Iniciativa contraria a estándares internacionales
El documento detalla las razones del porque la iniciativa es contraria a los estándares internacionales. En primer lugar, la elección de ministros y ministras para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces y juezas federales, y magistrados y magistradas federales mediante votación popular puede incentivar decisiones judiciales orientadas a obtener votos para la satisfacción de ciertos grupos de interés o políticos, en lugar de juicios imparciales basados en los hechos y el derecho.
Esto contraviene las normas internacionales que reconocen que la selección de jueces debe ser ajena a presiones políticas y fundamentarse en los méritos y competencias de los candidatos y candidatas a ocupar esos cargos.
“La institución de elecciones judiciales en México incrementaría la influencia de intereses económicos en la toma de decisiones judiciales, incluyendo potenciales contribuciones a las campañas por parte del crimen organizado”, señala.
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En segundo lugar, la modificación de ciertos plazos de mandato judicial para alinearlos con el período presidencial de seis años, así como el establecimiento del requisito de renuncia de magistrados y magistradas en ejercicio al momento de asumir sus cargos aquellos electos por voto popular, infringe las normas internacionales.
“Sincronizar el período de mandato del Tribunal Federal Electoral con el presidencial podría afectar aún más su autonomía, al hacerlo vulnerable a presiones políticas”.
En tercer lugar, indica el informe, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial elegido mediante votación popular cuyas decisiones serían finales y sin posibilidad de apelación, contraviene los estándares internacionales.
“Este mecanismo podría ser utilizado para ejercer presión sobre jueces, juezas, magistrados y magistradas, incluidos los ministros y ministras de la SCJN, especialmente en aquellos casos en que decidieran en contra de los intereses gubernamentales”.
Poder Judicial: sobre salarios y capacidades
Como cuarto punto, el informe aborda los salarios judiciales en función al del presidente. Al respecto, indica que relacionar la remuneración judicial al salario del Presidente, se le otorgaría implícitamente al Ejecutivo la capacidad de modificar el sueldo judicial según su criterio, vulnerando los estándares que reconocen que es necesario que el financiamiento judicial sea estable y suficiente, así como independiente de las dinámicas políticas.
Finalmente, el informe señala que para garantizar el Estado de derecho y cumplir con las obligaciones internacionales sobre independencia judicial es necesario garantizar que la selección de jueces y juezas se base en méritos y capacidades, y no en votaciones populares.
Así como garantizar que el método de selección de jueces y juezas posibilite la emisión de fallos imparciales, fundamentados exclusivamente en hechos y normas jurídicas, y que dichas decisiones se encuentren resguardadas contra influencias externas.
