Rechazan solicitud de la FGR para quitar del caso Lozoya al juez Gerardo Alarcón; podrá reanudar audiencia por AgroNitrogenados

Un tribunal federal rechazó la solicitud planteada por la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) para quitar del caso de Emilio Lozoya al juez de control Gerardo Genaro Alarcón López, del Reclusorio Norte, señalado por las autoridades por supuesta falta de imparcialidad.

Por unanimidad de votos, las y los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito rechazaron la solicitud, tras concluir que esta fue “notoriamente improcedente” debido a que fue presentada fuera de los tiempos que marca la ley.

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Dicha solicitud fue presentada durante la audiencia intermedia celebrada el pasado miércoles 8 de mayo de 2024, misma en la que la Fiscalía tenía previsto acusar formalmente a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lavado de dinero en el caso AgroNitrogenados, y en la que dio a conocer que formuló una denuncia contra el juez por la probable comisión del delito contra la administración de la justicia, cometida en el caso Odebrecht.

Alarcón ordenó reactivar medidas cautelares

En particular, en la denuncia, las autoridades acusaron a Alarcón y a diversos magistrados Primer Tribunal Colegiado de Apelación por supuestamente dictar resoluciones para favorecer a Lozoya tras excluir pruebas obtenidas por la Fiscalía de Brasil y Suiza, mediante tratados internacionales que México ha suscrito, que serían utilizadas durante el juicio que se le sigue por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

“Es un hecho notorio que existe una denuncia por el desarrollo de la diversa causa penal (por Odebrecht), su imparcialidad estaría un poquito cuestionada”, dijo Antonio López, representante de la UIF.

Por este motivo, aunque Alarcón López negó las acusaciones vertidas en su contra, decidió posponer la audiencia intermedia y abstenerse de llevarla a cabo hasta que un Tribunal Colegiado resolviera el asunto y confirmara que él no está impedido para continuar conociendo del caso.

Sin embargo, antes de levantar la diligencia, el juez ordenó reanudar las medidas cautelares que tenía Lozoya en 2021 antes de su encarcelamiento, es decir, el uso de brazalete electrónico, la prohibición de salir del país y acudir a firmar cada 15 días a la Unidad de Medidas Cautelares.

Dan luz verde para reanudar audiencia por AgroNitrogenados

Ahora, al resolver el asunto, el Tribunal de Apelación señaló que, desde la audiencia del 18 de abril de 2024, el fiscal formuló la petición de separar del caso al juez Genaro Alarcón en el caso Odebrecht, luego de dar a conocer que fiscal Kristian Javier Jiménez Hernández, desde el 27 de octubre de 2023 formuló una denuncia en su contra.

Lo anterior fue informado al Tribunal de Apelación en otro recurso de impedimento formulado en el caso Odebrecht, mismo que fue resuelto desde el pasado 9 de mayo de 2024 y en el que el Tribunal concluyó que la fiscalía también omitió la “formalidad como la temporalidad” para realizar tal solicitud.

“Lo anterior, dado que la propia fiscalía es la parte procesal que formuló tal denuncia el 27 de octubre de 2023, en contra de Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control adscrito al referido Centro de Justicia, por lo que desde ese momento, tenía el deber de informar tal cuestión para efectos de analizar la causa de impedimento; de lo contrario se traduce en un planteamiento notoriamente improcedente”, indica la sentencia que fue elaborada por el magistrado Manuel Bárcena Villanueva.

El Tribunal explicó que el artículo 40 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que esta solicitud debía realizarla por escrito y dentro de las 48 horas siguientes a que se tuvo conocimiento de la causa impedimento a las autoridades jurisdiccionales.

“Ahora bien, por lo que hace a los impedimentos planteados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por Petróleos Mexicanos, Pemex Transformación Industrial, también devienen extemporáneos, pues en la diversa audiencia de 18 de abril de 2024, tuvieron conocimiento de la denuncia contra el juez de control”, agregó el tribunal.

De esta forma, las y los magistrados del Tribunal de Apelación dieron luz verde para que el juez Genaro Alarcón pueda reanudar la audiencia intermedia del caso AgroNitrogenados.

Juez y magistrado también están denunciados por caso García Luna

El 3 de octubre de 2023 se dio a conocer que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito desechó una orden de aprehensión girada en contra del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, quien era señalado por la FGR por el delito de enriquecimiento ilícito cometido entre el año 2000 y 2012.

La resolución del tribunal colegiado se dio por unanimidad de votos luego de considerar que “no cualquier acto o hecho jurídico susceptible de ocasionar un aumento en el patrimonio del servidor público es sancionable, sino únicamente aquellos que en ejercicio de la función pública realice el servidor público para acrecentar el mismo y respecto de los cuales se consideré ilícito”.

Por esta razón, la FGR informó que iniciaría un procedimiento legal en contra del juez de distrito, Gerardo Genaro Alarcón López, quien inicialmente negó la orden de aprehensión contra García Luna  -y a quien ahora busca quitar del caso Lozoya-, y de los magistrados que confirmaron dicha negativa, entre ellos el magistrado Manuel Bárcena Villanueva, toda vez que a consideración de la Fiscalía “actuaron contra la administración de la justicia”.

Esta situación llevó incluso a que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa celebrada un día después, se pronunciara en contra del Poder Judicial a quienes criticó por estar al “servicio de la mafia del poder económico y del poder político”.

“El Poder Judicial está podrido. Hay excepciones en jueces, en magistrados, en ministras, excepciones, pero la regla es de que ese poder está tomado, está secuestrado, está al servicio de la mafia del poder económico y del poder político y esto es una prueba más”, dijo justo antes de asegurar que “por eso hay que reformar al Poder Judicial y lo tiene que hacer el pueblo en la elección”.

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Por ello, al defenderse de la solicitud de la FGR para sacarlo también del caso Lozoya, el juez Genaro Alarcón aseguró que la sola presentación de la denuncia en su contra, de la que dijo desconocer su contenido, tiene un solo objetivo: “que la fiscalía busque jueces respecto a los cuales podrían compartir sus criterios o no, pero a mí me parece que todos los jueces dentro del propio sistema y al menos a nivel federal tienen la capacidad y están debidamente capacitados, como jueces”.

“Yo tengo más de 27 años dentro del Poder Judicial de la Federación y la mayoría de los jueces que estamos a nivel nacional tenemos una carrera judicial, tenemos una capacitación de muchos años, de mucho…, de mucho esfuerzo y de mucho estudio, entonces eso es bien importante porque eso garantiza, con independencia que no se compartan los criterios o no, que resolvamos de manera objetiva, podrá compartir el criterio o no, incluso podríamos estarnos equivocando en algún tipo de determinación, pero para eso están los recursos, yo no tengo la verdad absoluta, yo resuelvo con base a mi criterio y con base en la observancia de lo que ha dicho la Corte, ni más ni menos”.