Fue una bomba, tanto para los padres como para los colegios. Los números que anticipaban la cuota del año próximo generaron la semana pasada una ola de protestas en los establecimientos de jornada doble del corredor norte del Gran Buenos Aires y de los barrios más exclusivos de la Capital. En algunos casos, los aumentos significarán que el año próximo algunas familias de cuatro hijos tengan que afrontar mensualidades que, en total, suman más de $2,6 millones. Y que, en ese contexto, aún encontrándose en posiciones laborales muy calificadas y con sueldos que superan ampliamente el límite del Impuesto a las Ganancias, hoy varios padres estén evaluando cambiar a sus hijos de escuela. En muchos casos, según denunciaron algunas familias, esta crisis se tradujo en una presión desmedida sobre los alumnos por parte de los establecimientos para que les digan a los padres que firmen el acuerdo escolar.

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“Mi hija vino muy angustiada. Está en tercer grado. La docente le dijo a ella y a otros chicos que si no presentaban el acuerdo escolar firmado no iban a poder seguir asistiendo. Me pareció extorsivo frente a una crisis enorme que no se puede resolver sólo así”, señala María, la madre de una alumna de nueve años que asiste a un colegio de Belgrano.

Este conflicto quedó de manifiesto en la rebelión transversal que organizaron muchos padres que decidieron no firmar el documento como una manera de forzar a las escuelas a sentarse a negociar el número del año que viene. Sin embargo, lejos de acercar posiciones la medida generó más ruido y antagonismo al interior de los colegios. Es por eso que, la Secretaría de Comercio de la Nación, que es el organismo que regula los aumentos de las cuotas de los establecimientos privados, decidió prorrogar el vencimiento de la resolución que establece que las escuelas deben presentar antes del 31 de octubre el acuerdo con la firma de más del 50% de los padres para poder avanzar hacia un incremento de las mensualidades del año siguiente. Porque si no lo lograban hacer para esa fecha, los padres podrían exigir que se respetara el valor de la última cuota del año, como buscaban las familias.

En el nuevo texto, que será publicado en el Boletín Oficial en los próximos días, se establece que los colegios tendrán tiempo hasta el 18 de noviembre para volver a mandarle a los padres los términos del acuerdo escolar, para presentar ante la Secretaría de Comercio el acuerdo con la firma de más de la mitad de ellos hasta el 18 de diciembre.

Desde la Secretaría de Comercio se explicó que esto responde a un pedido que se elevó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires, (Aiepba), cuyo secretario ejecutivo es Martín Zurita, y la Junta Nacional de Educación Privada, para que se prorrogue o suspenda los artículos del decreto presidencial que habilitaría un mecanismo capaz de bloquear los aumentos. La nota llevaba la fecha de 7 de septiembre, aunque desde el organismo estatal afirman que tiene fecha de ingreso el 29 del mes pasado.

La idea, explican, es generar un tiempo para que las escuelas se sienten a negociar con la comunidad de padres un número posible para el año próximo: “De ninguna manera la Secretaría de Comercio se constituirá en un tribunal de alzada. Las cuotas tienen la característica de ser un acuerdo entre privados y nosotros intervenimos para garantizar que ambas partes estén informadas de las condiciones y las acepten”.

Declaración jurada

No se han recibido por el momento en esa institución reclamos de los padres, aunque sí por parte de la Junta Nacional de Educación Privada y de Aiepba. ¿Qué ocurriría si las partes no logran ponerse de acuerdo en los montos ? ¿O si las escuelas presentaran un acuerdo que en la realidad no refleja lo que manifestaron los padres?

Se explica que lo que llega a la Secretaría de Comercio es una declaración jurada y que si los establecimientos no respetaran la condición de la firma de más del 50% de los padres en el acuerdo podrían caberles sanciones.

Desde las escuelas miran con preocupación las novedades. Por un lado, muchas afirman que la prórroga llega tarde y se preguntan qué deben hacer con las cartas ya firmadas. Otros sienten que es una forma de ceder ante la presión de los padres, aunque también hay instituciones que creen que la mejor salida será encontrar un punto de acuerdo con las familias, ya que si muchas deciden cambiar a sus hijos a otros colegios, el impacto económico sería enorme.

“Hay que hacer magia para saber cuánto será la cuota el año que viene”, explica Raúl Sanguinetti, tesorero del Villa Devoto School. “Somos una asociación civil sin fines de lucro. Todos los que manejamos el colegio dedicamos nuestro tiempo y no cobramos. Muchos somos padres y otros exalumnos. No estamos con el cuchillo entre los dientes intentando recaudar. Todo lo que se recauda va a la educación. Básicamente, al pago de sueldos. No cobramos adicionales fuera de la cuota. No hay mucha posibilidad de rever el número, porque lo que no estamos dispuestos es a bajar la calidad educativa”, plantea Sanguinetti ante la consulta de LA NACIÓN. “No es cierto que la cuota haya aumentado un 230%. Hay que comparar de agosto a agosto, no de marzo a marzo, y ahí te da que, según el nivel, como mucho fue del 120%, por debajo de las paritarias. El problema es que este decreto de la época de Carlos Menem, el objetivo era que los padres supieran cuál iba a ser la cuota en un entorno de estabilidad. Eso hoy no existe”, indica.

Ante la consulta de si van a mantener reuniones con los padres para analizar y llegar a un número posible, Sanguinetti dice que recibieron pedidos puntuales e individuales y que no van a abordar el tema de forma colectiva. “Tuvimos una familia que planteó que no podía pagar la cuota, que en el caso de la secundaria llegará a unos $330.000. Le mandamos la asistente social y nos encontramos con que en la cochera tenían una Ferrari y un Audi. Literal. No es para beca. De todas formas vamos a analizar caso por caso”, completa Sanguinetti. El problema es que justamente se trata de un segmento de población, que no va a calificar para una beca porque no se trata de que hubiera perdido el empleo o atraviese dificultades económicas, sino que se le hace muy difícil sostener esos números, sobre todo cuando hay varios hijos en edad escolar.

“Yo soy madre de una hija que concurre a un colegio de Belgrano, con mi marido somos profesionales, pero en este contexto, estamos muy preocupados en pensar en si vamos a poder darle continuidad en esa escuela y eso que es solo una. Venimos sufriendo aumentos por arriba de la inflación”, relató una madre. Y completa: “Solamente a modo de solidarizarse con la situación, nos envían una propuesta de pago en dos cuotas. Muchas familias están estimando el cambio de sus chicos, con todo el dolor que implica”.

“Ya no se puede pagar estos montos”, escribió un padre de un alumno de un colegio de zona norte. “En 2022 pagamos por los chicos $150.000. Este año, pagamos cada cuota $420.000, ya nos avisaron que el año que viene superará los $900.000. Con tres hijos van a ser $2,6 millones al mes. Y eso sin el comedor”, relató.

Los padres de un colegio de San Isidro están atravesando una situación similar. Ante la decisión de organizarse y enviar cartas para advertir que no aceptaban la propuesta de acuerdo escolar, pero que solicitaban que se mantuviera la vacante, la respuesta, indican las familias, fue promover respuestas particulares. “Sin embargo, esta tarde, finalmente, nos convocaron a una reunión de la que participarán los delegados de cada curso. Allí esperamos que nos escuchen y poder avanzar hacia un número posible”, dice un padre de ese colegio.