Yahoo Noticias “Es realmente horrible”: denuncian la violencia que se enfrentan los migrantes en Juárez
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JUÁREZ.- Su delgado cuerpo sin vida fue descubierto abandonado en una cañada de la fronteriza colonia Lomas de Poleo, una zona frecuentemente usada por migrantes indocumentados para cruzar desde Ciudad Juárez a Sunland Park, Nuevo México, ubicado a una milla hacia el norte.
De piel morena y cabello negro, vestida con ropa deportiva, calcetines azules y sin tenis, la joven mujer -de unos veintitantos años- tenía una importante cantidad de sangre corriendo de su nariz a la parte baja de su cara, además de heridas en su brazo derecho, visibles a través de su sudadera rota.
“Estaba buscando su bolsa o mochila, zapatos, una identificación, pero no traía. Esta es una ruta común hacia Estados Unidos”, dijo una agente ministerial en la escena.
La mujer se sumó a un total de 69 posibles migrantes - 68 extranjeros y un mexicano- fallecidos en Ciudad Juárez, documentados por una investigación de El Paso Times entre el 1 de enero y el 7 de noviembre del 2023, incluyendo a 40 extranjeros fallecidos en el incendio de la estación migratoria el 27 de marzo.
De estas 69 muertes, 14 migrantes aún están sin identificar. Las autoridades dijeron que la mujer de Lomas de Poleo era guatemalteca, pero en otros casos ni siquiera se puede determinar cuál es el país de origen.
Para gestionar una tras otra crisis migratoria, las administraciones del Presidente Joe Biden y de Donald Trump han recurrido, en gran medida, a políticas que empujan a los migrantes de regreso a México. El resultado ha sido la devolución de miles de migrantes a Ciudad Juárez y otras comunidades fronterizas.
Los defensores de derechos humanos afirman que las políticas que obligan a los migrantes en condición vulnerable a estar en México para solicitar asilo en Estados Unidos exponen a los migrantes a ataques mientras esperan un recurso migratorio.
De estas 69 muertes, 14 migrantes aún están sin identificar. Las autoridades afirmaron que la mujer de Lomas de Poleo era guatemalteca, pero en otros casos ni siquiera se puede determinar cuál es el país de origen.
Los migrantes no solo se enfrentan a un clima inhóspito de la región durante el invierno y verano, sino a varios cárteles que controlan desde hace años el paso de personas indocumentadas entre Ciudad Juárez y Estados Unidos.
La dimensión del problema se refleja a nivel nacional: Hay más de 52 mil personas fallecidas sin identificación, y más de 110 mil personas desaparecidas, entre ellas muchas víctimas migrantes que quedan en medio de esas “guerras” comunes en la frontera norte de México entre bandas del crimen organizado.
En Ciudad Juárez, el 87.8 por ciento de los eventos violentos tienen relación con el crimen organizado, reconoció César Gustavo Jáuregui, Fiscal General de Chihuahua, en conferencia de prensa el pasado 10 de noviembre.
Los migrantes incluso pueden morir a manos de “polleros”, secuestradores o incluso de las fuerzas armadas. El Fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, confirmó que dos migrantes fallecieron y otros cuatro resultaron heridos por disparos de elementos del Ejército Mexicano el 9 de octubre, en el desierto de Santa Teresa, el caso lo investiga la Fiscalía federal.
Cuando un migrante muere en México, el proceso de identificar, recuperar su cuerpo y, en caso de extranjeros, repatriar sus restos, depende casi en su totalidad de cómo falleció: Si fue en un accidente, el trámite es en coordinación con Fiscalía y los cuerpos consulares, aunque aún con bastantes retos.
Pero si el migrante fue asesinado, víctima de la delincuencia organizada, los criminales generalmente borrarán todo indicio que lleve a la identidad de la persona, incluso usando químicos sobre el cuerpo, o inhumando los restos en parajes abandonados, llamados fosas clandestinas.
Entre el 2007 y el 2021, la Fiscalía General documentó en Chihuahua 350 fosas clandestinas, con al menos 643 restos óseos, osamentas o cuerpos completos de personas.
Ambas problemáticas -desapariciones y restos localizados sin identificar- incluyen a los migrantes mexicanos y extranjeros en tránsito hacia Estados Unidos.
La situación se complica cuando las propias autoridades locales o federales participan en el delito de desaparición, legalmente llamado en México “desaparición forzada”.
Bajo la presión de familiares, organizaciones civiles y agencias humanitarias internacionales, en los últimos años México ha tenido que avanzar en la creación de leyes y protocolos para buscar, localizar a personas y mejorar los procesos de antropología forense.
No obstante, los retos se vuelven mayúsculos cuando se analizan los salarios de los agentes investigadores, el reducido personal trabajando en el tema, la carga de trabajo rezagada por décadas, y la falta de peritos especializados en antropología forense en México. Sin contar la ausencia de historial clínico de la población mexicana y extranjera que ayudaría en la identificación de restos.
La localización sin vida de un migrante no significa que hubo justicia penal, tampoco implica que la familia recuperó los restos de su ser querido, pese a que se compruebe que fue inhumado en una fosa común a cargo de la propia autoridad.
“Nunca pensé que Juárez fuera así”
Beatriz Correa es originaria del estado mexicano de Morelos, donde también hay disputa de cárteles y violencia, pero a través del teléfono llora cuando recuerda la experiencia de ella y su familia en Ciudad Juárez.
Su hermano, Alejandro Correa, de 34 años, quiso intentar cruzar a Estados Unidos por Ciudad Juárez. Los “polleros” lo recogieron en el Aeropuerto.
El 5 de febrero del 2021, Alejandro llamó a su hermana y le encargó a su hijo de 12 años, ella intentó persuadirlo, pero él contestó: “Ya no tengo más que perder, tengo que intentarlo”.
Días después la familia del joven se enteró que el migrante fue secuestrado y llevado a una casa de seguridad. Los delincuentes pidieron 90 mil pesos a la familia, unos 5 mil dólares, para entregarlo. Al no tener esa cantidad, la familia solo pudo transferir 800 dólares por la liberación, sin embargo, Alejandro ya no fue localizado.
“Nunca pensé que Ciudad Juárez fuera así, es otro nivel (de violencia), en otros lugares también pasan cosas, pero ahí está muy feo la verdad, yo sinceramente llegué a creer que ahí todos eran malos”, expresó.
Beatriz comenzó un camino de frustración con las autoridades estatales en Ciudad Juárez para ubicar a su familiar.
“En mayo, les dije (a una Comisión Local de Búsqueda) que por favor me ayudaran a checar en el Servicio Médico Forense de Chihuahua, pero me dijeron que ahí no los dejaban entrar, o sea, ¡son del mismo Gobierno, y ni así tienen acceso!”, reclamó, “si ellos hubieran tenido acceso a esos datos, yo hubiera encontrado a mi hermano antes”.
La joven buscó el apoyo del Centro de Derechos Humanos El Paso del Norte, una organización civil en Juárez, a través de ellos comenzó a tener respuestas más rápidas y efectivas.
De la teoría a la práctica
En México, desde el 2017 se publicó la Ley General de Desaparición Forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con el apoyo de agencias internacionales y de organismos expertos en el fenómeno migratorio.
Iván Silva Arévalo, asociado senior del Programa de Protección en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que pertenece a la ONU, recordó que dicha ley nació por la desconfianza de las familias en las autoridades mexicanas para el tema de búsqueda y localización de personas.
“También (la ley) fue impulsada por las caravanas de madres que vienen de Centroamérica para hacer búsquedas de sus seres queridos (en México) y que buscaban el contacto con las autoridades encargadas”, añadió.
Varias leyes y un protocolo homologado de búsqueda en México establecen que el proceso de identificación es más eficaz si hay un trabajo multidisciplinario, con elementos físicos, como datos odontológicos, antropológicos, de historial clínico, así como información genética y dactiloscópica.
Subraya que también hay que aportar en los informes oficiales los datos del contexto de la desaparición, así como del hallazgo del cuerpo o los restos óseos.
El Gobierno federal publicó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con muy pocos datos, y la OIM se esforzó en una estadística de migrantes desaparecidos y muertos, llamado Missing Migrant (2014), sin embargo, la tarea es exhaustiva para un solo organismo.
No existe un dato preciso de cuántos migrantes han desaparecido o muerto en Ciudad Juárez.
“En la práctica, para intentar localizar a un migrante vivo o muerto, la situación pareciera ser más bien un círculo vicioso sin final”, advirtió Daniel Alejandro Durán Calderón, director del Centro de Derechos Humanos El Paso del Norte.
“Hay una crisis forense”, determinó, “en Chihuahua hay muchos fragmentos (de huesos) en el área del valle de Juárez. (Pero) No hay tecnología para identificarlos, no hay dinero suficiente”.
El propio hermano de Durán, César Gonzalo, fue desaparecido el 19 de Julio del 2011, en Cuauhtémoc, Chihuahua. Desde entonces, Daniel se concentró en buscar a víctimas de desaparición hecha por particulares y por autoridades, la desaparición forzada.
“México tiene los protocolos, a la ONU le dijeron (el Gobierno) que los siguen mejorando, pero este 2023 visitó los Estados, incluyendo a Chihuahua, se entrevistó con las familias y con las organizaciones, (la ONU) se dio cuenta que (la supuesta mejora) no es cierta, que el problema es la coordinación, el recurso económico, y que muchas autoridades están involucradas (en el delito), entonces, ponen trabas y ocultan información”, subrayó.“(Porque) Esto significa que la autoridad tendría que investigarse a sí misma, en cambio, la investigación recae en las familias porque las autoridades los impulsan a eso, las familias terminan enfrentando cuestiones de seguridad, hacen la investigación, con dolor y con un desgaste emocional crónico”, lamentó Durán.
Incluso, dijo, en ocasiones se ha documentado una falta de comunicación entre los consulados acreditados en México y las autoridades locales.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, con 20 años de experiencia en análisis de feminicidios y procesos migratorios, coincidió con Durán.
“Generalmente si las familias no están asesoradas (por abogados u organizaciones), es muy difícil que recorran todo este camino solas (para localizar a sus familiares, vivos o muertos)”, destacó.
Tras la visita a México para verificar los avances en investigación de la desaparición, el Comité de Naciones Unidas concluyó en septiembre que hay un alarmante número de desapariciones registradas en el País y una deficiente investigación de ellas, por lo que “la impunidad es casi absoluta”.
OSCs, los imprescindibles
Algunas organizaciones civiles locales, grupos de buscadores conformados por familiares de víctimas, y las asociaciones internacionales, van más adelantadas que las autoridades: Establecen comunicación y apoyo no solo en México, sino a nivel internacional, se coordinan y, juntas, buscan a migrantes vivos o, incluso, tratan de ubicar sus restos.
El Centro de Derechos Humanos El Paso del Norte y la Casa del Migrante acompañan a familias que ya localizaron a un ser querido sin vida en Ciudad Juárez y quieren recuperar el cuerpo, casi es la única manera de lograrlo con éxito.
En el caso de Beatriz Correa, la organización El Paso del Norte tuvo que solicitar información al Gobierno mediante Transparencia acerca de todos los cuerpos no identificados en Ciudad Juárez, y así ubicaron al migrante Alejandro unos 13 meses después de la desaparición.
Beatriz aún no puede recuperar el cuerpo de su hermano, porque fue llevado a la fosa común, y en el 2022 la Fiscalía le informó que debía esperar cinco años para la exhumación.
Ivonne López, Trabajadora Social con nueve años de experiencia en la Casa del Migrante, explicó que para ayudar a familias de otros países ella misma ha obtenido documentación legal, apoyo económico con funerarias, e incluso brinda ayuda psicológica a familias.
Charles Duverger, ex representante de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), responsable del programa de atención a migrantes hasta hace un año y medio, resumió así la actual realidad en México sobre la desaparición y muerte de migrantes:
“Una de las instituciones más importantes, al alcance de la ciudadanía, es el Poder Judicial, y con ello las Fiscalías, la investigación judicial, y las instituciones de derechos humanos, ¿pero en la actualidad existe esa vigilancia de los derechos humanos en el tema migratorio?”, cuestionó.
La realidad es que aún hay un gran pendiente, refirió, el acceso a la justicia penal, es decir, la investigación y resolución de esos homicidios.
En ese sentido, Beatriz, hermana de Alejandro, migrante desaparecido, secuestrado y asesinado, hizo un llamado a las autoridades.
“Lo que pido es que el Gobierno ya no encubra todo esto”, exaltó, “ellos saben lo que pasa en Ciudad Juárez, que desaparecen a mucha gente, supongo que no es fácil controlarlo, pero algo pueden hacer, al menos poner letreros en el Aeropuerto, porque es increíble, no sé por qué ocultan (el problema), lamento mucho no haber sabido cómo era Ciudad Juárez”.
EL PASO TIMES realizó peticiones de entrevista con la Fiscalía de Chihuahua y la Comisión Local de Búsqueda en Ciudad Juárez, sin obtener respuesta.
This article originally appeared on El Paso Times: Muertes y desapariciones, casi imposible rastrearlas en El Paso-Juárez
