Basta que un candidato a presidente declame sobre la ciencia en el país para que se organicen movilizaciones o se enciendan cruces durante días en redes sociales, aunque con escaso fundamento sobre la gestión de un área estratégica que administra un presupuesto de $215.966,51 millones. A propósito de esos debates, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Austral se planteó algunas preguntas —¿es realmente productiva la tarea de los investigadores locales? ¿Son “demasiados” o nos faltan expertos? ¿Deberíamos reenfocar los esfuerzos y la inversión hacia otros tipos de investigaciones?— y utilizó datos oficiales para responderlas.

“Es evidente el retroceso de nuestra capacidad innovadora: en 1980 duplicábamos a Corea en la cantidad de patentes por millón de habitantes. Después de 40 años, retrocedimos y ellos multiplicaron sus patentes por 170. Esto no fue casualidad, sino el resultado de una política coordinada y coherente”, señala Luis Dambra, en diálogo con LA NACIÓN.

“Discutimos mucho cómo distribuir riqueza, pero nos olvidamos de reflexionar sobre cómo generarla. No hemos sabido entender que la solución de fondo es ciencia y tecnología aplicada a los negocios, para generar y exportar valor agregado”, agrega.

En las 21 páginas que tiene el informe que elaboró describe el estado de situación y el resultado de las políticas científicas. Una de sus primeras conclusiones es que el sistema científico local no es productivo. Lo mide a partir de las patentes, que aunque puede ser un indicador relativo, para Dambra “permite conocer la capacidad de innovación” disponible.

“El problema argentino es sistémico. Y no solo los científicos son parte del problema y la solución. El mundo empresarial no ha sabido reconocer en la ciencia y la tecnología el valor para generar competitividad, para innovar. Por eso, no invierte lo suficiente en investigación y desarrollo ni contrata suficientes científicos”, plantea Dambra, profesor del Área de Operaciones y Tecnología del IAE Business School, que es la escuela de administración y negocios de la Austral.

La inversión total del país en actividades de investigación y desarrollo (a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación con sus organismos, las universidades públicas y privadas y las empresas) se traduce en el 0,52% del PBI o $239.573 millones (un 16,1% menos que en 2010), de acuerdo con los datos oficiales a 2021, que son los últimos disponibles. En la región, solo Paraguay, Colombia, Perú y Uruguay superaron en esa década el porcentaje de inversión, según compara Dambra. Brasil mantuvo una inversión relativamente estable por encima del 1% de su PBI, aunque por debajo de países como Israel (5,44%), Corea (4,81%) o Estados Unidos (3,45%).

Más de la mitad (58%) de los fondos los provee el sector público, mientras que el resto lo aporta el privado. En 2010, el Estado financiaba el 73% de las actividades de investigación y desarrollo.

¿A qué se destinan esos fondos? El 22% a proyectos de investigación básica, el 39% a investigaciones aplicadas y el 38% a desarrollos experimentales, lo que es casi un 50% más que en 2010. “Esto es un avance porque el desarrollo experimental es el paso previo ya a la comercialización –señala Dambra–. Sin aplicación práctica, la ciencia y la tecnología no tienen sentido en un país como la Argentina, que sigue dependiendo de la actividad agropecuaria. Todavía hay que mejorar esas proporciones, con más peso al desarrollo experimental”.

Propone dedicar un 10% a investigaciones básicas, un 40% a aplicadas y elevar al 50% los desarrollos experimentales con menos objetivos estratégicos para un uso más eficiente de los recursos científicos disponibles que “no son tantos como parece”, según señala. En 11 años –entre 2010 y 2021–, la cantidad de científicos y técnicos dedicados a la investigación y el desarrollo creció un 5% (de 2,60 a 2,73 por cada 1000 personas en la población económicamente activa), con apenas un 1,6% más de aumento en la cantidad incorporada a empresas.

“Sobre el total de investigadores es realmente muy escaso”, estima Dambra. Nueve de cada 10 trabaja en organismos públicos, con casi la mitad con 45 años o más, mientras que hace una década el 70% tenía menos de 50 años. “Esto describe una comunidad que está envejeciendo, sin renovación del recurso humano. No es una buena noticia”, apunta.

Una explicación sería la pérdida de atractivo de la carrera de investigador desde el punto de vista de cuánto se invierte por investigador: US$95.790 en la Argentina, comparado con US$394.978 en Colombia, US$225.142 en Brasil, US$162.139 en Chile, US$157.602 en Paraguay o US$130.237 en Uruguay. En España, esa inversión es de US$172.769 y, en Corea, alcanza los US$252.649.

Resultados concretos

Solo un 15,1% del conocimiento que se produce en organismos públicos llega a la etapa de desarrollo experimental, de acuerdo con el mismo análisis de la Austral. “Cuando esté la información disponible, veremos si, el año pasado, la proporción se mantiene, retrocede o aumenta con respecto de 2021, en el que pudo influir que tanto empresarios como científicos vieran durante la pandemia la necesidad de desarrollar productos concretos para la población”, aclara el autor.

Producción general del conocimiento, salud y agricultura –ordenados por cantidad de proyectos de investigación financiados– es a lo que más presupuesto se destina en los organismos (61%) como en las universidades públicas (45%), entre 13 objetivos con prioridad estatal que identificó Dambra. “Tenemos una alta dispersión en campos socioeconómicos estratégicos para un presupuesto escaso, dedicado a la investigación básica y aplicada, con pocos resultados concretos”, señala al respecto.

A la vez, mientras que la energía es otra de esas áreas en las que se invierte mayor presupuesto (12%) en los centros del sistema público, en las universidades se asignan más fondos a los proyectos sobre sistemas políticos y sociales (13%) que a la investigación asociada con el medio ambiente (7%), la producción y la tecnología industrial (9%), la educación (8%), la defensa o la exploración del espacio (1% cada área), la energía (3%) y el transporte, las telecomunicaciones y la infraestructura (6%). En los organismos públicos, estas áreas reciben entre el 1 y 8% de sus fondos.

“Cuando se tiene bajo presupuesto, hay que focalizar en las prioridades estratégicas para obtener resultados aplicables y comercializables. Acá, son muchos los objetivos socioeconómicos para un país con pobreza –dice Dambra–. Asignar así el presupuesto es no tener centro de gravedad en la producción científica. Esto demuestra, una vez más, la necesidad de unir los ministerios de Ciencia y Producción para definir una matriz de investigación y desarrollo con participación del sector privado. Sobre más de 83.000 empresas, entre pymes y grandes compañías, de acuerdo con el mapa actualizado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que solo 1000 inviertan nos está diciendo que en el sector no se ve a la ciencia y la tecnología como clave para competir y tratar de exportar.”

Ante auditorios de empresarios, comprueba la falta de comunicación al sector privado sobre las líneas de subsidios del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Pone, como ejemplo, que en una última presentación a un grupo de más de 60 participantes, solo dos conocían esas asistencias disponibles.

“Sería más que oportuno preguntarles a los candidatos de cara a las próximas elecciones presidenciales cuál es la política de ciencia y tecnología que van a tener. ¿O será que dependerán de esperar que al campo le vaya bien con la cosecha? En los últimos 40 años no hemos combinado políticas efectivas de ciencia, tecnología e innovación –plantea Dambra–. La Argentina no se puede seguir dando el lujo de destinar un 0,52% del PBI para hacer ciencia básica y aplicada que, con tanta escasez, en un 80% de los proyectos no termina en un desarrollo concreto que atienda una necesidad. Se necesitan muchos más científicos, bien pagos y más orientados a resultados”.