Algunos quieren que jueza se recuse en el caso Trump. ¿Puede y debería hacerlo?

Las exhortaciones para que se recusara ocurrieron casi de inmediato después que a la jueza federal de distrito Aileen Cannon le asignaron el histórico caso penal que acusa al ex presidente Donald Trump de ocultar documentos secretos en Mar-a-Lago.

Procedían en gran medida de la izquierda política, pero también de algunos expertos legales, todos citando las controversiales decisiones de Cannon a favor de Trump en una disputa civil el año pasado sobre la incautación por parte del FBI de registros gubernamentales de su mansión de Palm Beach.

Esos fallos anteriores suscitaron especulaciones sobre si la jueza superior del Distrito Sur de la Florida, Cecilia Altonaga, podría sugerir a Cannon que se recusara, tanto para aislar a Cannon de este caso que acapara la atención como al poder judicial federal, que ya está sometido a un intenso escrutinio sobre cuestiones éticas en los niveles más altos.

Pero más de una semana después de la comparecencia de Trump ante el tribunal federal de Miami, la evidencia sugiere claramente que Cannon no tiene intención de recusarse, y expertos legales dicen que que es muy complicado sacar de un caso a un juez que quiere seguirlo.

La jueza nominada por Trump envió un mensaje ella misma esta semana, ejerciendo su autoridad al ordenar una fecha de juicio para el 14 de agosto en su sala en Fort Pierce, un lugar favorable a los republicanos para los posibles jurados, en lugar de West Palm Beach o Miami.

La decisión de Cannon parece cerrar la posibilidad de que otro juez federal ocupe su lugar, dijo Stephen Gillers, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y experto en ética jurídica.

Hay varias razones por las que Gillers y otros juristas consideran que el asunto de la recusación de Cannon es “discutible”.

Para empezar, el protocolo vigente desde hace tiempo permite a los jueces federales decidir por sí mismos si se retiran de un caso, normalmente porque tienen un claro interés personal o financiero en el resultado. Según él y otros juristas, los motivos para destituir a un juez son limitados y no incluyen sus fallos judiciales anteriores.

También hay un número selecto de partes que podrían solicitar la recusación de un juez. El juez principal de un tribunal de distrito —en este caso Altonaga, quien presenció la lectura de cargos a Trump en su Trump en su sala— tiene un poder limitado para hacerlo y, según los expertos, podría llegar en forma de una conversación de “tómelo en cuenta” en lugar de una sugerencia o solicitud. Aunque todavía es pronto en el caso penal de Trump, ahora parece que las únicas partes que pudieran pedir a Cannon que se recuse son los abogados del Departamento de Justicia federal y los abogados defensores del ex presidente. Ninguna de las partes ha hecho ningún movimiento y, si lo hicieran, necesitarían presentar un argumento que demostrara un conflicto de interés convincente.

“La regla es muy clara: hay que actuar con rapidez”, dijo Gillers el jueves. “No se puede esperar a que la jueza emita algunas resoluciones y luego decidir si es conveniente o no”.

“El asunto está cerrado a menos que surja algo inusual en el futuro”, añadió.

Aún no está claro si Altonaga u otros jueces de distrito discutieron alguna vez el tema con Cannon. Ninguno de los jueces quiso responder a preguntas debido a la causa penal pendiente contra Trump, según el administrador judicial del Distrito Sur de la Florida.

Pero Cannon pareció responder al clamor de los expertos y críticos externos con una simple acción, comenzando con su emisión el martes de un calendario de juicios con instrucciones para ambas partes. En su orden que fija el juicio rápido en un plazo de 70 días a partir de la comparecencia del 13 de junio, Cannon señala la probabilidad de retrasos debido a la “complejidad del caso”, que incluye autorizaciones de seguridad nacional y el manejo de documentos sensibles sobre las estrategias de defensa, los sistemas de armamento y los programas nucleares del país. En la práctica, expertos jurídicos afirman que pudieran pasar muchos meses, incluso un par de años, antes que se celebre el juicio.

Los jueces suelen tomar la decisión ellos mismos

Hay jueces que han sido destituidos porque los abogados defensores o los fiscales federales argumentan que existe un conflicto de interés o la incapacidad para ser imparciales. Eso pudiera incluso incluir comentarios frívolos desde el estrado que delaten parcialidad. Pero no es habitual.

Un ejemplo memorable y emotivo: en 1995, un tribunal federal de apelaciones apartó al juez de distrito Wayne Alley del caso del atentado de Oklahoma City, señalando que el juzgado federal estaba enfrente del edificio federal en que una explosión mató a 168 personas e hirió a muchas otras, entre ellas un miembro del personal del juez y otros empleados.

En el caso de Cannon, las preguntas sobre la ex fiscal federal de 42 años del área de Miami —nominada por Trump que se unió a la magistratura del Distrito Sur a finales de 2020— no tienen nada que ver con una conexión personal o interés financiero. Las preocupaciones de parcialidad se centran principalmente en su supervisión de la impugnación legal de Trump a la incautación por parte del FBI de más de 100 documentos clasificados y otros materiales de su residencia de Mar-a-Lago en agosto pasado. Cannon también ha sido integrante de la Federalist Society, un grupo conservador que ejerció una enorme influencia sobre el poder judicial, especialmente durante el mandato de Trump como presidente.

Inicialmente, los fallos de Cannon paralizaron la investigación del Departamento de Justicia cuando aceptó nombrar a un “maestro especial” —un ex juez federal de Nueva York— para que examinara los documentos y determinara si alguno era correspondencia privilegiada que implicara a Trump como presidente. Pero luego la investigación sobre los documentos volvió a cobrar impulso después que un panel de apelaciones formado por tres jueces nombrados por los republicanos emitió un fallo mordaz diciendo que Cannon no tenía autoridad para nombrar al maestro especial antes que se presentara algún cargo contra Trump.

Se vio obligada a desestimar la impugnación de Trump a la incautación por el FBI de los documentos secretos de su casa y la investigación del Departamento de Justicia se reanudó a todo ritmo, lo que llevó a la decisión del fiscal especial Jack Smith de solicitar el encausamiento del jurado de instrucción en el tribunal federal de Miami a principios de este mes. La semana pasada, Trump se declaró inocente en el encausamiento de 37 cargos por retener voluntariamente documentos secretos, una infracción a la Ley de Espionaje, confabularse para obstruir la justicia y hacer una declaración falsa.

Expertos legales dijeron que haber sido revocada en los fallos anteriores de la orden de registro de Trump no es suficiente para descalificarla para escuchar el caso penal.

“El hecho que ella nombrara a un maestro especial en el caso anterior de Trump fue un error, pero no es una razón para recusarla”, dijo el abogado de Miami Dennis Kainen, ex presidente del Colegio de Abogados de Miami-Dade y ex miembro de la Junta de Gobernación del Colegio de Abogados de la Florida.

“Si los jueces fueran recusados simplemente porque son revocados por el Tribunal de Apelaciones del 11no. Circuito, no podrían presidir muchos casos”, dijo Kainen. “Cuando los jueces son revocados, normalmente lo son para un nuevo juicio”.

Es imposible, por supuesto, pronosticar cómo manejará Cannon otro caso sin precedentes y altamente politizado.

“Se pudiera argumentar que le han dado una segunda oportunidad, va a intentar demostrar al país que, aunque se equivocó la primera vez, ‘lo logró’ a la segunda”, dijo Jan Jacobowitz, abogada del sur de la Florida especializada en ética legal que durante más de una década fue directora del Programa de Ética y Responsabilidad Profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami.

“Por otra parte, esto crea la tormenta perfecta que pudiera hacer que un observador objetivo entre el público cuestionara su imparcialidad”, dijo Jacobowitz.

Gillers, el especialista en ética jurídica de NYU, señaló que para Cannon, la oportunidad de presidir el caso penal de más alto perfil y más cuidadosamente observado del país “sería irresistible”.

“Por otro lado, no es un paseo”, dijo. “Pudiera encontrarse con críticas de quienes apoyan a la defensa o de quienes apoyan a los fiscales. Si yo fuera su mejor amiga, le diría que no lo necesita. Que no lo vea como una ventaja segura para su carrera”.

Lo que se puede decir que suscitó más críticas de los expertos jurídicos en el caso de la orden de registro es que la propia Cannon reconoció que estaba haciendo excepciones para Trump, concluyendo que la naturaleza sin precedentes de una investigación de un ex presidente merecía un trato especial.

En una orden de septiembre de 2022 en ese litigio civil, señaló que concordaba con los abogados del Departamento de Justicia en que los agentes del FBI que presentaron una orden de registro en Mar-a-Lago no habían mostrado un “desprecio cruel por [sus] derechos constitucionales”, concluyendo que “este factor va contra el ejercicio de la jurisdicción equitativa”. Pero en lugar de seguir su propio análisis, Cannon extendió a Trump protecciones que no se ofrecen a los ciudadanos comunes al nombrar al maestro especial para que revisara la evidencia del FBI, citando las “circunstancias sin precedentes” que el gobierno federal allanó la casa de un ex presidente.

Pero el panel del tribunal de apelaciones en Atlanta, al fallar en diciembre pasado, dijo que el momento adecuado para que Trump o cualquier otro sospechoso en una investigación penal impugne la incautación de bienes por parte del gobierno sería después que un jurado de instrucción presente un encausamiento. El panel señaló que es “ciertamente extraordinario que se ejecute una orden en la casa de un ex presidente”, pero “la ley es clara”, concluyó el panel de tres jueces.

“No podemos escribir una regla que permita a cualquier sujeto de una orden de registro bloquear las investigaciones del gobierno tras la ejecución de una orden. Tampoco podemos redactar una regla que solo permita hacerlo a los ex presidentes”.

Una prueba de confianza pública

Una cosa es cierta. La supervisión de Cannon del caso de Trump será escrutada y criticada, perfilándose como otra prueba de la dividida confianza del público en el sistema judicial federal. La Corte Suprema federal, en particular, ha tenido que defenderse repetidamente en los últimos años porque la mayoría conservadora ha tomado varias decisiones trascendentales sobre el aborto, las regulaciones ambientales, los derechos de armas y religiosos, y otros asuntos divisivos.

El brusco giro a la derecha ocurre al mismo tiempo que dos jueces conservadores de la Corte Suprema federal, Clarence Thomas y Samuel Alito, han sido objeto de escrutinio por no revelar regalos, incluidos viajes caros, de ricos empresarios republicanos que han tenido asuntos legales ante el tribunal, según varios artículos investigativos de ProPublica.

Thomas ha guardado silencio sobre las revelaciones de los regalos de Harlan Crow, un rico donante republicano. El presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr., rechazó una invitación del Congreso para testificar sobre las prácticas éticas del tribunal y dijo que las abordaría, sin dar más detalles.

Esta semana, Alito escribió un ensayo en The Wall Street Journal defendiendo su decisión de no revelar un viaje de pesca a Alaska en 2008 en el jet privado de Paul Singer, administrador de fondos de cobertura y donante republicano. Posteriormente, las empresas de Singer fueron parte en varios casos ante la Corte Suprema en los que participó Alito.

“ProPublica sugiere que mi falta de recusación en estos casos creó una apariencia de impropiedad”, escribió Alito en un artículo de opinión con tono legalista, “pero eso es incorrecto”.