Querétaro: la violencia ya echó raíces

La noche del sábado 9 de noviembre en el bar “Los Cantaritos”, ubicado en el centro de la ciudad de Querétaro, sufrió un ataque armado que dejó un saldo de 10 personas asesinadas y 13 heridas. El secretario de Seguridad Pública, Juan Luis Ferrusca Ortiza, informó que al menos 4 personas arribaron al lugar con rifles de asalto y en una camioneta que fue identificada con número de placa en el municipio de El Marqués; sin embargo, el vehículo se encontró calcinado. Hasta ahora se sabe que los atacantes iban en busca de Fernando González Núñez, ‘‘La Flaca’’, un hombre de 31 años al que fuentes del Gobierno Federal identificaron como miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación en Querétaro.

Aunque es un panorama muy doloroso para la sociedad, ya que no se habían visto ataques con ese nivel de violencia e impacto en la población queretana, las cifras de incidencia delictiva en el estado han ido a la alza desde el 2020. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024, la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes en Querétaro es de 40.8, ubicándolo como el cuarto estado de mayor incidencia.

“Había una especie de ‘pax narca’ en Querétaro, donde los grupos criminales operaban sin conflictos relevantes entre ellos”, explicó David Saucedo, especialista en seguridad, para el medio Infobae. Sin embargo, esta relativa calma se ha roto con el debilitamiento del Cartel de Santa Rosa de Lima y la expansión del CJNG hacia la región.

De acuerdo con datos actualizados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Familia Michoacana, el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y Los Hades han estado presentes en Querétaro desde hace varios años y, según Saucedo, el modus operandi de algunos de ellos coincide con los ataques a bares y centros nocturnos en el vecino estado de Guanajuato.

Frente a la creciente preocupación por la seguridad en Querétaro, distintos establecimientos han anunciado el cierre temporal de sus instalaciones, entre ellos Fauno, Despecho, Coyote House, Noble Bunny, Margarita Blue, The Normal y recientemente La Selva Taurina. Estos últimos han emitido comunicados en sus redes sociales informando sobre su decisión de suspender actividades para salvaguardar la seguridad de sus empleados y clientes, y señalando su compromiso de colaborar con las autoridades.

El subsecretario de gobierno, Carlos Hale Palacios, aseguró que se han clausurado e impuesto sanciones a 17 establecimientos a través de los operativos que realiza la Secretaría de Gobierno y municipios. Recalcó que la mayoría de los cierres se deben a que las licencias presentadas corresponden a otra razón social y otro giro comercial.

Además, se implementaron una serie de medidas para bares y centros nocturnos en la zona metropolitana y San Juan del Río, entre ellas un horario fijo para operación y venta de bebidas alcohólicas con límite hasta la 1:30 am; salidas de emergencia y puntos de reunión sin obstrucciones; personal de seguridad en los establecimientos; alarmas de seguridad funcionales y bien ubicadas; contar con equipos contra incendio en buen estado, y disponer de un directorio telefónico actualizado de los cuerpos de emergencia, entre otras.

Pese a las acciones tomadas por las autoridades y el gobernador de la entidad, se han registrado otros hechos criminales en diferentes lugares y municipios de Querétaro, como el hallazgo de los nueve cuerpos cerca de un ducto de Pemex en el municipio de San Juan del Río, ocurrido en enero del presente año.

El sábado 16 de septiembre familiares de las víctimas, activistas, académicas/os y población en general realizaron una ‘‘marcha por la paz’’ en las calles de la capital queretana exigiendo respuestas y un plan de acción frente al aumento de la violencia. Las familias de las víctimas del bar ‘‘Los Cantaritos’’ manifestaron que no han recibido ningún tipo de ayuda ni comunicación por parte del gobernador, Mauricio Kuri.

El huachicol alcanza las cifras más altas en la entidad

La masacre ocurrida en el estado de Querétaro encendió las alarmas no solo de las autoridades estatales y federales, sino también de la población en general. Aunque los niveles de violencia no son los mismos que se pueden observar en estados como Sinaloa, Jalisco, Michoacán o Guanajuato, la violencia ha estado ahí, al menos en los últimos años, arropada con un discurso de seguridad que no puede sostenerse más

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), existe una correlación en el aumento de violencia entre Querétaro y Guanajuato, es decir, que cuando la violencia va a la alza en Guanajuato, también se percibe en el estado vecino aunque no en las mismas proporciones. Esto se debe, según Saucedo, a que Querétaro funciona como una vía de enlace con Celaya, Salamanca y León.

La ruta carretera que conecta estos municipios (45-D) ha sido usada para el envío de droga desde el sur con destino a los Estados Unidos, además es habitual encontrar ventas informales de gasolina obtenida del ‘‘huachicoleo’’. Datos de la organización Cartocrítica, muestran que existen en el país 9,098.53 km de poliductos, de los cuales una parte importante atraviesa la frontera Querétaro – Guanajuato. Los poliductos transportan todo tipo de combustibles ya procesados, principalmente gasolinas y diésel; en estos ductos ocurren con mayor frecuencia las tomas clandestinas para el robo de combustibles. El ‘‘huachicoleo’’ es una de las muchas fuentes de ingreso de los cárteles en el país, por lo que no se puede ignorar lo que representa ese tramo carretero entre Querétaro y Guanajuato, ni pensar que la violencia solo ocurre en el estado vecino.

La información recabada por CartoCrítica muestra que por Querétaro atraviesan ductos de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y algunos ductos promovidos por empresas privadas, en los cuales se transporta gas natural y gas LP (gasoductos), petróleo crudo (poliductos y oleoductos), diésel, gasolina e hidrocarburo. Toda esta infraestructura atraviesa los municipios de San Juan del Río, Huimilpan, El Marqués, Pedro Escobedo, y Querétaro capital.

Un reporte publicado por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), muestra que, con registros indicados por PEMEX, de enero a septiembre de 2024 a nivel nacional se identificaron 8,038 tomas clandestinas en ductos de petrolíferos y/o hidrocarburo. Querétaro y Guanajuato están entre los 10 estados en los que más tomas clandestinas fueron localizadas, 448 y 615 respectivamente. Si comparamos los datos con el año anterior en el mismo periodo de tiempo, es decir, de enero a septiembre de 2023, en ambos estados hay un notable aumento: en Querétaro es del 61.15%, mientras que en Guanajuato el aumento es del 57.69%.

Según el mismo reporte, a nivel nacional a partir de julio de 2023 disminuyeron los registros manteniendo una tendencia a la baja hasta septiembre de 2024; sin embargo, entidades como Querétaro, Nuevo León y Baja California tienen una tendencia al alza en el tercer trimestre de 2024, siendo Querétaro la única entidad federativa que registró un incremento de manera preocupante en este periodo.

Aunque no es la primera vez que el gobernador del estado de Querétaro responsabiliza a personas de ‘‘fuera’’ cuando ocurren actos de violencia en la entidad. En esta ocasión lo hizo de forma más tajante al poner entre las medidas de prevención una revisión dirigida especialmente a negocios relacionados con operadores foráneos, así como operativos de seguridad instalados en los accesos a la capital, sin hacer mención de acciones específicas para el robo de combustible, aunque sea una de las posibles causas del aumento de la violencia en la entidad.

Sin embargo, el problema de Querétaro es que ‘‘ya no hay nada qué blindar”, en palabras de Saucedo. “No se trata de una amenaza que venga de fuera, sino de grupos que ya están dentro, que han echado raíces, que tienen bodegas, centros de distribución de drogas, bases de reclutamiento e incluso alianzas con autoridades”.