Punto por punto: Así ha torpedeado el chavismo a la Asamblea Nacional de Venezuela, electa con votos

La oposición venezolana obtuvo una victoria histórica en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015. Tres años y cinco meses después, la Asamblea Nacional de Venezuela es un organismo diezmado por la persecución política, con al menos 25% de sus diputados presos, exiliados, asilados en embajadas o escondidos en la clandestinidad.

Un poco de historia

Hace 41 meses, los diputados electos tenían sobradas razones para celebrar. No sólo era la primera vez que el chavismo perdía el control de la Asamblea Nacional en 16 años, sino que los partidos agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática lograron la mayoría calificada al obtener 112 escaños de los 167 que posee la legislatura venezolana.

Los resultados electorales mostraban un profundo malestar en la población luego de varios años de inestabilidad económica y política.

El primer hito fue el oscuro manejo de la enfermedad de Hugo Chávez y su posterior muerte en una fecha poco clara, que el oficialismo anunció el 5 de marzo de 2013. Nicolás Maduro asumió la presidencia interina tres días después con el respaldo de los seguidores del fundador de la revolución bolivariana, quien lo designó como su sucesor antes de morir.

Luego el mandato de Maduro fue ratificado en las elecciones generales de 14 de abril del 2013, con un ajustado triunfo de 2 puntos porcentuales sobre el candidato Henrique Capriles Radonsky, que muchos opositores se negaban a aceptar. Pero aún en el caso de que Maduro ganara de buena lid, la mínima diferencia de votos mostraba una Venezuela divida que distaba mucho del abrumador respaldo obtenido por Chávez al comienzo de la revolución.

El desplome de los precios del petróleo, la corrupción y las desacertadas políticas económicas afectaron de manera directa el bolsillo de los venezolanos. La delincuencia catapultó a Venezuela como uno de los países más peligrosos del mundo, mientras la mano dura del gobierno castigaba con más fuerza a los disidentes.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró entre enero y diciembre de 2014 al menos 9.286 protestas, cifra inédita en las últimas décadas, equivalente a 26 protestas diarias en todo el país. Los episodios más violentos ocurrieron entre febrero y marzo, cuando la represión de los efectivos policiales, militares y paramilitares dejó un saldo de 43 muertos.

En ese contexto, el triunfo parlamentario opositor representaba la posibilidad de frenar la hegemonía revolucionaria que había gobernado a Venezuela desde 1999 con un parlamento que permitiera un equilibrio en el poder.

Pero eso nunca llegó a suceder.

A continuación explicamos la manera en que el gobierno chavista ha desmantelado el Legislativo:

1. Designación de un Tribunal Supremo leal a Maduro

La primera medida del chavismo para frenar la actuación de los opositores fue tomada antes del receso de la Navidad del 2015, cuando el hombre fuerte de la revolución y entonces presidente saliente de la AN, Diosdado Cabello, aprobó y publicó el nombramiento de 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

La mayoría de los magistrados eran conocidos por su vinculación directa con el proceso revolucionario, como Mikael Moreno, quien es actualmente presidente del TSJ, y que fue nombrado tras una corta carrera en el poder judicial, que comenzó no como abogado sino como acusado en dos casos de homicidio.

Otra decisión muy cuestionada y apresurada del bloque parlamentario chavista fue la designación de Susana Barrieros como directora de la Defensoría Pública. La decisión fue percibida como un premio por haber condenado al fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, a 13 años de cárcel por hechos relacionados con las protestas del 2014.

2. El poder judicial aplasta al legislativo

Los magistrados designados por Cabello actuaron con rapidez en defensa de la revolución. Tres meses después de asumir sus funciones, el Tribunal Supremo decidió que la Asamblea no podía revisar la designación de los magistrados, limitó su potestad de acción sobre el gobierno y la administración pública pero excluyó la posibilidad de legislar los poderes ciudadano, judicial y electoral.

El tribunal estableció que la Asamblea debía coordinar con el vicepresidente ejecutivo cualquier actividad referente a su administración, como la interpelación de funcionarios investigados por irregularidades.

3. Una Asamblea Nacional sin derecho a legislar

La Sala electoral del Tribunal Supremo impugnó los resultados electorales y suspendió la proclamación de tres diputados opositores y uno oficialista. Con esta decisión la oposición pasaba de 112 a 109 diputados, borrando de un zarpazo la mayoría calificada para aprobar leyes de fondo sin el respaldo revolucionario.

El bloque opositor hizo caso omiso a los magistrados leales a Maduro y juramentó de manera simbólica a los diputados indígenas Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Romel Guzamana, electos por el selvático estado Amazonas.

Pero el acto de rebeldía fue castigado con fuerza, cuando el Tribunal Supremo declaró a la Asamblea en desacato, anuló todas las leyes aprobadas en el 2016 y le restó aún más poder de acción al prohibirle cualquier tipo de injerencia sobre los presupuestos del Estado. Al estar en desacato, los diputados opositores tampoco pueden recibir su sueldo.

4. La asamblea paralela a la medida de Maduro

Maduro llamó a sus partidarios a elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, un nuevo ente legislativo formado exclusivamente por revolucionarios que tendría la responsabilidad de reescribir la Constitución aprobada durante el primer mandato de Chávez.

Aunque la ANC no fue reconocida por la oposición por considerarla fraudulenta, sus integrantes se atribuyeron las facultades que le habían sido arrebatadas a los diputados electos en el 2015, como aprobar leyes y tomar decisiones trascendentales como la reforma del Estado.

5. La violencia como arma política

Los diputados de la MUD seguían sesionando en el Hemiciclo, a pesar de haber sido despojados de todo poder real y del asedio constante de los colectivos, como se le conoce en Venezuela a los cuerpos paramilitares que actúa al margen de la ley a favor de la revolución.

Un grupo armado ingresó a la Comisión de Contraloría para sustraer a la fuerza los archivos de los casos de corrupción.

Los empujones, gritos y amedrentamientos a políticos y periodistas alrededor del Palacio Legislativo eran comunes, y grupos violentos lograron entrar en las instalaciones en al menos dos oportunidades en el 2016.

Pero el 5 de julio de 2017, el día en que se conmemora la independencia de Venezuela de España, chavistas enardecidos y armados con palos, tubos, cuchillos y armas de fuego asaltaron la sede parlamentaria, dejando 5 diputados y 7 trabajadores heridos.

6. El comodín de las inhabilitaciones

Una de las acciones más efectivas para desarticular al liderazgo opositor en Venezuela han sido las inhabilitaciones políticas. Los políticos con mayor aceptación popular han quedado excluidos de la posibilidad de optar por cualquier cargo de elección popular.

El primero en ser inhabilitado en 2006 es el político que aún hoy tiene un importante liderazgo popular: Leopoldo López. Otro prominente opositor y líder del partido Primero Justicia, Henrique Capriles Radonski ,fue inhabilitado por 15 años, lo que significa que tiene prohibición de participar en elecciones hasta el año 2031.

La lista de dirigentes inhabilitados políticamente es larga e incluye a la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, el ex alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, el diputado Freddy Guevara, el ex alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, el ex gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, el dirigente del partido Copei y ex gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, el ex alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, y el ex alcalde del municipio San Diego del estado Carabobo, Enzo Scarano, entre otros.

7. El TSJ insiste: la Asamblea es “nula e inconstitucional”

Nicolás Maduro volvió a ganar las elecciones presidenciales de Venezuela en mayo de 2018, que fueron calificadas como ilegales y fraudulentas por los partidos opositores y decenas de países, entre ellos los miembros de la Unión Europea y Estados Unidos.

Por eso al asumir el nuevo mandato el 10 de enero del 2019, la Asamblea Nacional declaró a Maduro como un usurpador de la presidencia de la república y proclamó a Juan Guaidó como jefe del poder ejecutivo en un cabildo abierto realizado en una plaza de Caracas.

El Tribunal Supremo actuó nuevamente con premura al declarar inconstitucionales y “nulos” todos los actos de la Asamblea. Seguidamente el poder judicial solicitó revocar la inmunidad parlamentaria a Guaidó, orden que fue acatada por la Asamblea Nacional Constituyente chavista, que es presidida por Cabello. Paralelamente, el contralor general leal al chavista, Elvis Amoroso, ordenó la inhabilitación política de Guaidó por 15 años.

8. El dilema de la cárcel, la clandestinidad, el asilo o el exilio

Los venezolanos amanecieron el 30 de abril sorprendidos al ver a Leopoldo López libre junto a Guaidó frente a una base aérea en el este de Caracas. Llamaron a los generales de las Fuerzas Armadas a unirse a lo que llamaron “La Operación Libertad” para poner fin a 20 años de gobierno chavista.

Una centena de soldados, algunos diputados y decenas de ciudadanos se acercaron hasta la zona de La Carlota para apoyar el llamado del presidente encargado y del recién liberado dirigente político. Pero el llamamiento a un alzamiento popular no tuvo el resultado esperado. Y en pocas horas, López se hospedó en la embajada de España y Guaidó volvió a la clandestinidad.

El tribunal Supremo volvió a la carga y ordenó enjuiciar a los diputados Henry Ramos Allup, Luis Germán Florido, Marianela Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza, Américo De Grazia y Richard José Blanco Delgado.

La solidaridad con Guaidó les costó ser imputados por traición a la patria, conspiración, instigación a la Insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y al odio continuada.

Algunos de los perseguidos optaron por refugiarse en sedes diplomáticas como la diputada Magallanes quien se encuentra en la embajada de Italia, mientras que el diputado Blanco Delgado permanece en la embajada de Argentina.

El diputado Gilber Caro, quien fue detenido por el gobierno de Maduro en 2017 y liberado en el 2018, se encuentra desparecido desde el 26 de abril del 2019. “Pedimos al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) que proporcione sin demora información sobre la suerte y el paradero de Gilber Caro y lo ponga en libertad inmediatamente”, insistió Amnistía Internacional.

9. ¡Detengan a los hombres del presidente!

Todos los políticos cercanos a Guaidó han sido encarcelados. El primero en ser detenido fue Roberto Marrero el 22 de marzo cuando 10 vehículos y 15 hombres encapuchados con armas largas del Sebin tumbaron la puerta de su vivienda para apresarlo sin orden de captura en plena madrugada. Marrero se desempeñaba como jefe su gabinete.

Luego le llegó el turno al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien fue capturado de noche por la policía política. Al negarse a bajar de su vehículo, los funcionarios se lo llevaron en una grúa encerrado dentro del coche hacia el Helicoide, el mayor centro de reclusión de presos políticos en el país, donde se encuentra el diputado Juan Requesens desde agosto de 2018, acusado de atentar contra Maduro.

En la noche del 9 de mayo, sus abogadas alertaron que Zambrano fue sorpresivamente trasladado a los tribunales. Este viernes se conoció que Zambrano fue enviado a prisión preventiva.

Un tribunal competente en casos de terrorismo dictó “medida judicial privativa de libertad a Edgar Zambrano por la comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración, rebelión civil”, indicó un comunicado del oficialista Tribunal Supremo.