Puerto Rico fue refugio para las americanas buscando abortar. La historia podría repetirse

En 1963, el New York Daily News publicó una serie de historias sobre una red clandestina de médicos en Puerto Rico que realizaba abortos a mujeres estadounidenses, desde “matronas de la sociedad suburbana” hasta “universitarias solteras”, que viajaban a la isla para terminar con sus embarazos.

“La soleada isla del Caribe se ha convertido en la capital del aborto en el hemisferio”, leían las historias.

Sesenta años después, luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos revocara el derecho constitucional al aborto, Puerto Rico podría convertirse nuevamente en un destino para mujeres de estados donde el procedimiento está restringido o prohibido, según expertos que favorecen el derecho al aborto en la isla.

“A mi no me sorprendería que volviéramos a ver que muchas mujeres opten por venir a Puerto Rico. Habría que abrirle las puertas…[para] que tengan acceso al aborto seguro,” dijo la senadora estatal de Puerto Rico Ana Irma Rivera Lassén al Miami Herald, “Pero me preocupa aquellas mujeres y personas que no tienen el dinero para pagar el aborto… van a volver al pasado de sangre y de perdida de vida.”

El secretario de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli, dijo en un comunicado que la decisión del tribunal superior no afecta las leyes estatales y que las mujeres y los médicos no serán procesados por buscar o practicar abortos.

“La decisión del Supremo de Estados Unidos no revoca ningún precedente puertorriqueño, ni revoca tampoco la legislación o la reglamentación de las clínicas de aborto,” dijo Patricia Otón, abogada a favor del derecho al aborto que se especializa en derechos sexuales y reproductivos.

Pero los puertorriqueños a favor del derecho a decidir temen que los políticos conservadores de la isla y un creciente movimiento contra el aborto, envalentonados por la anulación de Roe vs. Wade, puedan amenazar el acceso legal de la isla al procedimiento.

Días antes de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, se aprobó en el Senado de la isla una medida que limita los abortos después de las 22 semanas. La senadora Joanne Rodríguez Veve, la autora conservadora del proyecto de ley, celebró el fallo del tribunal superior.

“La revocación de Roe vs Wade…marca un antes y un después para la legislatura puertorriqueña, dijo Rodríguez Veve en una transmisión en vivo reciente,” “Los tiempos de las excusas se acabaron. Ya nadie podrá escudarse detrás de la jurisprudencia federal.”

Más de 100 años de aborto legal

Cuatro años después de que Estados Unidos invadiera Puerto Rico, en 1902, las autoridades estadounidenses prohibieron los abortos a través del código penal de la isla y castigaron con penas de cárcel a quienes los practicaban, a menos que la terminación fuera “necesaria” para salvar la vida de una mujer.

En 1937, la legislatura de Puerto Rico mantuvo la prohibición pero autorizó a los médicos a interrumpir los embarazos para proteger la vida o la salud de la mujer. La ley promovió la eugenesia — una teoría incorrecta y racista que apunta a “mejorar” la raza humana a través de la genética — en el sistema de salud de la isla. Junto con otra legislación, permitió el uso sistémico de esterilizaciones masivas como anticonceptivos durante las décadas siguientes, según los académicos.

La ley también facilitó el acceso a la capacitación en aborto, así como “el establecimiento de una red de abortos clandestinos [seguros]”, dijo Yamila Azize Vargas, profesora investigadora que ha estudiado el aborto en Puerto Rico durante más de 25 años.

Las mujeres estadounidenses, especialmente aquellas que eran blancas y podían pagarlo, acudieron en masa a Puerto Rico en lo que se conoció como el “fin de semana en San Juan” buscando un médico que interrumpiría su embarazo.

A pesar de los cambios a la ley de 1937, el procedimiento siguió siendo ilegal en términos prácticos. Los legisladores y la asociación médica de la isla pidieron el enjuiciamiento de los proveedores de servicios de aborto.

El fenómeno del fin de semana de San Juan estuvo en su auge desde fines de la década de 1950 y disminuyó a principios de los 1970, después de que Nueva York y otros estados permitieron y relajaron las restricciones al aborto, dijo Azize Vargas.

Pero “ese servicio de aborto seguro que tenían las norteamericanas, la mayoría de las puertorriqueñas no lo tenían”, agregó.

Los medios locales documentaron las muertes o las complicaciones graves de los abortos inseguros de las mujeres puertorriqueñas, escribió la académica Rosa Marchand, quien analizó el aborto en Puerto Rico entre 1937 y 1970.

Algunos de los médicos que realizaron abortos clandestinos durante los fines de semana en San Juan se convirtieron en los primeros en abrir clínicas de aborto después del fallo Roe v. Wade de 1973, según Azize Vargas.

La ley actual de Puerto Rico

El Código Penal de Puerto Rico todavía penaliza los abortos, pero permite que los médicos realicen abortos terapéuticos para preservar la vida o la salud de la madre, que una decisión de la Corte Suprema de Puerto Rico de 1980 reconoció como salud física y mental.

El caso histórico, conocido como Pueblo v. Duarte, anuló la condena de un médico que realizó un aborto a una niña de 16 años y dictaminó que la legislatura de la isla no puede dar a los padres un veto absoluto en la decisión de aborto de una niña menor de edad. También interpretó que las terminaciones podrían ocurrir en cualquier etapa del embarazo y no reguló el aborto como el fallo Roe v. Wade le permitía a los estados hacer después del primer trimestre de embarazo.

“Eso pone a Puerto Rico, desde aquel momento, en uno de las jurisdicciones con mayor protección al derecho al aborto en toda la nación norteamericana,” diijo Yanira Reyes, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y experta en derecho constitucional.

La constitución de Puerto Rico garantiza expresamente el derecho a la intimidad. Las decisiones judiciales a lo largo de los años han ampliado el alcance del derecho y puede ser invocado no sólo contra el gobierno sino también contra ciudadanos privados. Y protege el derecho al aborto, dicen los abogados.

“Sería muy difícil pensar…que no incluye el derecho a decidir sobre tu cuerpo,” dijo Otón, la experta en derechos reproductivos y sexuales.

Podrían viajar de afuera para abortar

Hoy, tres de las cuatro clínicas que practican abortos en Puerto Rico lo hacen hasta las 14 semanas de embarazo. La mayoría de los abortos en la isla se realizan dentro de ese plazo, según una ponencia de abril del secretario de Salud de Puerto Rico, Carlos Mellado, a la senadora Rodríguez Veve. Solo un pequeño porcentaje, dijo más tarde en las vistas públicas del proyecto de ley de la senadora, sucede a las 22 semanas.

La Dra. Yari Vale Moreno, ginecóloga-obstetra, tiene la única práctica en la isla que realiza abortos hasta las 24 semanas. Después de ese período, los abortos por condiciones fetales letales se realizan en el principal hospital público de la isla, le dijo al Miami Herald.

Las clínicas de la isla también atienden pacientes de la República Dominicana, donde existe una prohibición total del aborto, y mujeres del Caribe de habla inglesa. En las Islas Vírgenes de Estados Unidos, por ejemplo, un cirujano o ginecólogo debe realizar abortos después de 12 semanas en un hospital. Después de las 24 semanas, los abortos solo se permiten si un médico tiene una “causa razonable” de que existe un “riesgo sustancial” para la vida o la salud de la mujer.

Algunos puertorriqueños a favor del derecho al aborto, incluidos abogados y activistas, creen que las clínicas de la isla pronto practicarán abortos en mujeres de estados donde el procedimiento está prohibido o restringido. Stephanie Vega Flores, integrante de la junta de la organización sin fines de lucro Profamilias, dijo que la clínica que administra su organización recibió llamadas de mujeres en Texas cuando el estado prohibió casi todos los abortos después de detectar actividad cardíaca.

“Si está más cerca tomar el carro e ir a un estado unas horas manejando ida y vuelta, ellas van para allá. Pero no hay duda de que aquí van a llegar mujeres de Estados Unidos”, dijo Otón, la abogada.

La isla también podría convertirse en un destino para las mujeres de la Florida que buscan abortos debido a la proximidad geográfica, dijeron proveedores de clínicas, abogados y activistas, especialmente si el estado toma medidas para restringir aún más los abortos. Una nueva ley que entró en vigor en la Florida el 1 de julio prohíbe la mayoría de los abortos después de 15 semanas, aunque se está impugnando la ley en un tribunal de apelaciones del estado.

Y en una reunión a fines de junio de republicanos y conservadores del sur de la Florida, la vicegobernadora Jeanette Núñez dijo a los periodistas que la administración está “buscando ver qué otras restricciones podrían existir más allá de lo que la Florida ya está haciendo”.

“Sobre todo los puertorriqueños que saben que aquí el aborto sigue siendo legal, y si tienen familiares, pues más todavía van a venir a buscar servicios aca”, dijo la doctora Vale Moreno.

Proyectos de ley buscan restringir el aborto

A los activistas y proveedores de servicios de aborto en la isla les preocupa que los políticos conservadores dificulten aún más abortar en una isla donde ya existen algunos obstáculos. No hay clínicas de aborto fuera del área metropolitana de San Juan. Las compañías de seguros no cubren el procedimiento. Los estigmas culturales, las normas religiosas y la desinformación también son obstáculos para algunas mujeres.

Rodríguez Veve y la representante Lisie Burgos, legisladoras novatas de un nuevo partido conservador llamado Proyecto Dignidad, han presentado varios proyectos de ley que regulan y restringen el aborto desde que asumieron el cargo.

Un proyecto de ley de Rodríguez Veve, patrocinado y respaldado por miembros de los dos partidos principales de la isla, fue aprobado recientemente en el Senado de Puerto Rico. Restringe los abortos después de las 22 semanas a menos que la madre corra el riesgo de morir o quedar incapacitada gravemente. Las otras excepciones son si un médico considera que un feto no sobreviviría fuera del útero o si hay un diagnóstico de anomalía incompatible con la vida. La legislación no menciona el aborto en casos de violación o incesto.

“Si luego de estar 5 meses y medio embarazada, es decir, a partir de ese momento, la mujer decidiera que no desea o no puede asumir la maternidad nadie la obligará a asumirla, pues continuará teniendo la opción, que actualmente tiene, de dar en adopción al bebé. Lo que dejará de existir es la opción de matar al bebé,” dijo Rodríguez Veve.

La Cámara de Representantes de Puerto Rico considerará la medida en agosto. El gobernador Pedro Pierluisi dijo que siempre ha defendido a Roe. v. Wade en una declaración reciente, pero no aclaró su posición sobre el proyecto de ley. Días después, le dijo al periódico local el Nuevo Día que la legislatura de la isla debería aprobar una legislación similar a lo que establece Roe v. Wade.

“Decir que puede ocurrir un aborto en cualquier momento durante un embarazo, sería un extremo. Otro extremo sería prohibir el aborto en cualquier momento del embarazo”, dijo.

El proyecto de ley de Rodríguez Veve ha causado consternación tanto entre activistas como entre expertos. Los médicos que se especializan en embarazos de alto riesgo dijeron en audiencias públicas que la capacidad de un feto para sobrevivir fuera del útero está determinada por algo más que la edad gestacional.

“Se le pasó por encima a todas las recomendaciones médicas que dimos,” dijo la Dra. Vale Moreno, que afirmó que bebés prematuros con problemas de salud serios pasarán meses en las máquinas de la unidad de cuidados intensivos si el proyecto de ley se convierte en ley.

Alondra Hernández, miembro de la organización por el derecho al aborto Aborto Libre Puerto Rico, calificó el proyecto de ley como “innecesario” y dijo que “crearía una crisis de salud pública sin precedentes en la isla”.

El día de la reversión de Roe v. Wade, la Senadora Rivera Lassén y otros legisladores presentaron proyectos de ley idénticos en la Cámara y el Senado para reconocer el aborto como un servicio de salud pública esencial y prohibir que el estado castigue a alguien por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

Al día siguiente, la representante Burgos, quien presentó un proyecto de ley por separado en noviembre que prohibiría los abortos cuando se detecta actividad cardíaca a menos que la salud o la vida de una mujer esté en peligro, presentó una legislación para castigar a las mujeres que abortan con una pena fija de prisión de 99 años. Retiró el proyecto horas después. El presidente de Proyecto Dignidad dijo en un comunicado que el partido no cree en criminalizar a una mujer que interrumpe un embarazo.

Un chaleco antibalas

A raíz de los proyectos de ley contra el aborto en la isla, se han intensificado las manifestaciones en las clínicas. A principios de este año, alguien vandalizó las oficinas ejecutivas de Profamilias, una organización local sin fines de lucro, con grafitis anti-aborto. Y se presentó un grupo de manifestantes recientemente en su centro donde se realizan abortos.

Los proveedores de servicios de aborto y los activistas ya eran víctimas de de amenazas de muerte e intimidación. Ahora, creen que el reciente fallo de la Corte Suprema podría llevar a más violencia y persecución.

“Anticipamos que esta decisión alentó muchísimo más a los grupos que ya estaban siendo más agresivos”, dijo Frances Collazo Cáceres, directora ejecutiva de Profamilias.

Las clínicas, que formaron una coalición el año pasado, van aumentando la seguridad. La Dra. Vale Moreno usa un chaleco antibalas y tiene seguridad afuera de su oficina. Los centros ahora requieren que los clientes firmen un nuevo formulario de consentimiento para que haya un registro en papel de que los abortos cumplen con la ley.

Y, a medida que se difunde la información errónea de que los abortos ahora están prohibidos, las clínicas de aborto de la isla y los puertorriqueños que defienden el derecho a decidir quieren que la gente sepa que las interrupciones seguras y legales todavía están disponibles en Puerto Rico.

“Es una decisión de cada mujer’‘, dijo Collazo Cáceres.