Los proyectos de ley sobre el aborto tienen una nueva meta: castigar o proteger a los médicos

Por primera vez desde que la lucha por el acceso al aborto quedó en manos de los estados después de que la Corte Suprema revocó la sentencia del caso de Roe contra Wade, las legislaturas recién electas en todo el país están iniciando sesiones y han colocado este controvertido asunto en el primer lugar de sus agendas. Hasta ahora se han propuesto cerca de 300 proyectos de ley, la mayoría de los cuales busca limitar el acceso al aborto, así como algunos que tratan de fortalecerlo.

La mayoría de los proyectos de ley se encuentran en etapas iniciales y es probable que muchos no lleguen a convertirse en ley en estados políticamente divididos. Pero es evidente que el frenesí legislativo demuestra que ambos lados del debate concuerdan en algo: los médicos son el eslabón crítico y eso los ha hecho mucho más vulnerables al castigo. Al menos tres decenas de proyectos de ley se concentran en médicos y otro personal sanitario con la finalidad de regular el aborto.

En un proyecto de ley de Wyoming, los médicos y enfermeras que practiquen abortos o receten medicamentos para abortar podrían enfrentarse a cinco años de prisión.

En Nebraska, donde por el momento el aborto es legal hasta las 22 semanas después del último periodo menstrual de la mujer, un proyecto de ley para volverlo ilegal en torno a las seis semanas privaría a los médicos que practiquen abortos de sus licencias médicas si lo hacen después de detectar actividad cardiaca en un ultrasonido, o incluso si no realizan uno antes de practicar un aborto.

“Nuestra meta no es meter a muchos médicos a la cárcel; nuestra meta es hacerlos responsables”, comentó Sue Liebel, directora de asuntos estatales de Susan B. Anthony Pro-Life America, un grupo antiaborto que cabildea para implementar restricciones y prohibiciones.

Más de una decena de estados ya prohíben la mayoría de los abortos y esas leyes castigan a los médicos con encarcelamiento y multas elevadas. En general, esta táctica ha funcionado: los proveedores de abortos han cerrado en los estados con prohibiciones y los médicos y hospitales se resisten a practicar abortos sino hasta que las mujeres están lo bastante enfermas como para acogerse a las excepciones que dicen que el procedimiento es legal cuando la vida de la mujer está en peligro.

En los estados que prohíben el aborto, las píldoras abortivas se han convertido en un recurso fundamental. Aunque las leyes prohíben el aborto por cualquier método, incluidos los medicamentos, las píldoras son más difíciles de regular. Antes de la anulación de la sentencia de Roe contra Wade, ya se utilizaban medicamentos en más de la mitad de los abortos en Estados Unidos. Las píldoras y sus proveedores se están convirtiendo cada vez más en el blanco de los intentos de restringir el aborto. Una demanda presentada por grupos antiabortistas ante un tribunal federal de Texas pretende anular la aprobación federal de un medicamento clave para el aborto.

En Iowa, donde el aborto sigue siendo legal hasta las 22 semanas después de la última menstruación de la mujer, un nuevo proyecto de ley tipificaría como delito la distribución de píldoras abortivas por parte de médicos o cualquier otra persona, con penas de hasta 10 años de cárcel. El proyecto de ley no criminalizaría a las mujeres que tomen u obtengan las píldoras.

Los defensores del derecho al aborto son optimistas, aunque con cierta cautela, en cuanto a que varios estados con asambleas legislativas demócratas mantendrán o reforzarán los decretos firmados por los gobernadores actuales o anteriores, lo que dificultará que quienes lleguen a los cargos en el futuro modifiquen la ley si cambia la dinámica política.

En Hawái, un proyecto de ley permitiría a los asistentes médicos realizar abortos. Otra protegería a médicos y pacientes de órdenes de comparecencia de fuera del estado relacionadas con la salud reproductiva e impediría que los médicos que practiquen abortos pierdan su licencia médica, algo parecido a lo que ocurrió hace poco en Illinois, donde se promulgó una ley para tal fin, así como en Vermont, donde se presentó otra.

En Nuevo Hampshire, donde el aborto es legal hasta las 24 semanas, los médicos que lo practiquen más allá de ese plazo ya no podrán ser condenados a penas de prisión, según la nueva ley propuesta.

Según la organización New Hampshire Right to Life, que se opone al aborto, se han presentado nueve proyectos de ley relacionados con el aborto. Un proyecto de ley prohibiría los abortos si se detecta actividad cardiaca, lo que suele ocurrir en torno a las seis semanas. Otro exigiría a los profesionales de la salud que proporcionen instrucciones y advertencias por escrito sobre los fármacos para abortar y exigiría el derecho a ver las imágenes de ultrasonidos.

Otro proyecto de ley, que presentó el representante republicano moderado Daniel Wolf, revocaría las penas que se impongan a los médicos que violen las leyes existentes que regulan el aborto: sentencia de prisión de hasta siete años y multa de hasta 100.000 dólares.

Wolf comentó que había escuchado a médicos y hospitales, que ya cuentan con poco personal, preocupados por el reclutamiento y la retención.

“No vas a prisión por una apendicectomía que salió mal, eso es lo que me sorprende. Si alguien me muestra dónde hay otro tipo de cirugías que un médico pueda hacer y que puedan mandarlo a la cárcel, que me lo diga”, comentó.

Aunque un puñado de legislaturas, como la de Florida, aún no han iniciado sesiones, la mayoría de los nuevos proyectos de ley relacionados con los médicos buscan castigar a quienes realicen los abortos y se proponen en estados donde todavía están en vigor o se están litigando algunos límites a este procedimiento para endurecer la legislación. Incluso los proyectos de ley que no están dirigidos directamente a los médicos incluyen mecanismos para obligarlos a rendir cuentas.

En Idaho, un proyecto de ley que tipificaría como tráfico de personas que se transporte a menores que busquen practicarse un aborto estipula que los médicos son quienes deben probar ante los tribunales que no violaron la ley.

Como parte de la ley que establece que “la vida es un derecho humano” en Wyoming, practicar un aborto o suministrar medicamentos abortivos se consideraría un delito grave y los médicos y profesionales implicados perderían su licencia. Las mujeres que hayan abortado podrían interponer una demanda civil por daños y perjuicios. La actual prohibición del aborto en Wyoming está paralizada debido a un recurso judicial. El nuevo proyecto de ley, que se aprobó sin problemas en la Cámara de Representantes la semana pasada, entraría en vigor si la prohibición vigente se declara inconstitucional.

En una audiencia que se celebró el 1.° de febrero, la principal promotora del proyecto de ley, la diputada republicana del noroeste de Wyoming Rachel Rodriguez-Williams, mencionó “la integridad de la profesión médica”.

En respuesta a preguntas por correo electrónico para saber más sobre el impacto punitivo en los médicos, Rodriguez-Williams escribió que el proyecto de ley “define con claridad lo que se prohíbe y convierte en delito el aborto como lo define el proyecto de ley con las penas correspondientes”.

La representante agregó que creía que la industria del aborto anteponía las ganancias a las personas, causando daños físicos y emocionales a las mujeres y niñas que se enfrentan a embarazos no deseados.

El mismo día que se celebró esa audiencia, cerca de 100 personas testificaron durante ocho horas en la audiencia de la comisión de salud en Lincoln, Nebraska, donde los médicos también fueron protagonistas.

Conforme a la Ley del latido del corazón de Nebraska, el aborto estaría prohibido cuando se detectara cualquier actividad cardiaca fetal. El proyecto de ley revocaría la licencia de cualquier médico que practique un aborto, con excepciones en caso de violación, incesto o si la mujer embarazada estuviera en peligro de muerte.

Pero durante la audiencia, los opositores dijeron que los legisladores podrían exponer a los médicos a cargos penales.

“No necesito que ustedes crean que el aborto está bien; lo que necesito de todos ustedes es que me permitan ejercer mi profesión médica”, declaró Abigail Delaney, endocrinóloga reproductiva. “Necesito que salgan de nuestros consultorios. Necesito que me permitan asumir las cargas éticas de la profesión que elegí”.

La comisión levantó la sesión sin proceder a la votación.

Jamila Perritt, ginecoobstetra y presidenta de Physicians for Reproductive Health, que defiende el derecho al aborto, dijo que la ola de nuevas legislaciones debería ser “un llamado a la acción” para los médicos que no se habían involucrado antes.

“No hay ningún estado, no hay ningún lugar, seguro. Todo está en riesgo en este momento”, afirmó.

c.2023 The New York Times Company