Proyecto de ley otorgaría a la Comisión de Servicios Públicos de la Florida más poder y menos responsabilidad | Opinión

Los floridanos enfrentan facturas de electricidad desorbitadas. Las implicaciones para la justicia energética y nuestro clima son enormes. La nueva legislación presentada pudiera empeorar las cosas.

El Proyecto de Ley 229 de la Cámara, presentado por el representante estatal Bobby Payne, republicano de Palatka, propone modificar la estructura de la Comisión de Servicios Públicos (PSC) de la Florida. La PSC es el organismo encargado de decidir cuánto cobran las empresas de servicios públicos a los floridanos por su electricidad.

El proyecto de ley elimina las designaciones específicas de tiempo limitado, lo que permite a la PSC operar año tras año sin tener que solicitar de nuevo la aprobación cada año fiscal, y elimina un control sobre la elaboración de reglas por parte de la PSC. Si se aprueba, el HB 229 pudiera conducir a una menor supervisión pública de las decisiones de la comisión, aumentando la carga energética para millones de personas y engrasando los engranes para un mayor uso de combustibles fósiles.

La carga energética –el porcentaje de los ingresos propios que se destina a las facturas de electricidad– es un componente fundamental de la justicia energética y una forma de medir la equidad en la transición hacia energías limpias que abandonen los combustibles fósiles. En Miami, uno de cada cuatro hogares con bajos ingresos tiene una carga energética superior al 11%, más de 3.5 veces superior al promedio nacional.

Una mayor supervisión de la PSC es necesaria para proteger a los floridanos que pasan apuros con la alta carga de energía; la HB 229 nos lleva en la dirección equivocada.

El incremento en las facturas está directamente relacionado con el ascenso del nivel del mar. El gas producido mediante fracking, que contribuye al cambio climático, representa una sorprendente cifra del 74% en la mezcla energética de la Florida. Para obtener beneficios, las empresas de servicios públicos trasladan sus costos de infraestructura y combustible a los hogares y empresas de la Florida, que tienen muy pocas oportunidades de influir en las decisiones energéticas que toman estas empresas. El HB 229 tiene el potencial de eliminar la revisión fiscal y la supervisión anual de la elaboración de reglas por parte de la PSC y amenaza con aumentar las barreras para la participación pública, sofocando la tan necesaria acción para abandonar los combustibles fósiles.

La PSC ha trabajado históricamente en interés de las empresas de servicios públicos propiedad de inversionistas, cediendo a la codicia corporativa a expensas de los floridanos. El lenguaje del proyecto de ley y sus implicaciones son turbias; mientras que el lenguaje del proyecto de ley implica una menor supervisión de cómo la PSC se gobierna internamente, existe la posibilidad de que las exenciones pudieran impedir el activismo, proporcionando a la PSC más vías para evitar la transparencia.

Los cabilderos detrás del proyecto de ley también representan a los mayores actores de las compañías eléctricas de la Florida: cuatro de TECO, tres de Florida Power & Light, y dos de Peoples Gas System. Dadas las incesantes peticiones corporativas de tarifas energéticas más altas, cualquier proyecto de ley respaldado por nuestras empresas de servicios públicos propiedad de inversionistas merece un mayor escrutinio.

Por desgracia, este tipo de legislación es habitual en Tallahassee. En los últimos años se ha visto una avalancha de proyectos de ley a favor de las empresas de servicios públicos en la Legislatura estatal.

Mientras tanto, la PSC se ha convertido en un simple autorizador de los aumentos de tarifas solicitados por las compañías eléctricas, concediendo, por ejemplo, a FPL un aumento de tarifas de $4,868 millones en 2021. Aunque los tribunales ordenaron a la PSC que actúe con la debida diligencia en casos futuros, el organismo sigue bajo la supervisión y el control del gobernador Ron DeSantis, favorable a las empresas de servicios públicos, y su Legislatura estatal con supermayoría.

A falta de liderazgo estatal, grupos de base de todo el estado han recurrido a los gobiernos locales para aliviar la carga energética. En respuesta a la presión de los activistas, la ciudad de Tampa publicó un Plan de Acción Climática y Equidad que traza una línea clara entre la eliminación de los combustibles fósiles y la reducción de la carga energética.

El activismo está cambiando el rumbo. A medida que seguimos ejerciendo presión desde las bases, estamos construyendo en última instancia el poder político para luchar contra leyes en Tallahassee como el HB 229, que refuerza el dominio de las empresas de servicios públicos sobre la justicia energética y el progreso climático. Los floridanos están preparados para dar la batalla.

La Dra. Chelsea Rivera es organizadora de políticas en Central Florida Jobs with Justice y miembro de la Florida Climate Equity Cohort. Brooke Ward es organizadora principal en la Florida de Food & Water Watch. Este artículo de opinión fue distribuido por The Invading Sea (www.theinvadingsea.com).