Yahoo Noticias Proyecto de ley que facilita la demolición de edificios históricos de la Florida se dirige a escritorio de DeSantis
La legislación que da a los urbanizadores más poder para derribar edificios históricos cerca de la costa de la Florida sin la interferencia de los gobiernos locales se dirige al escritorio del gobernador Ron DeSantis.
La Cámara de Representantes de la Florida aprobó la medida en una votación 86-29 el miércoles, a pesar de las objeciones de funcionarios municipales y conservacionistas históricos en Miami Beach que dijeron que el proyecto de ley amenaza con acabar con parte de la arquitectura Art Decó icónica de la ciudad. Legisladores de la zona de Tampa Bay también expresaron su preocupación por el impacto que los urbanizadores potenciales tendrían en las comunidades costeras vulnerables.
La propuesta fue modificada desde el año pasado, cuando una legislación similar fue aprobada en el Senado antes de ser rechazada en la Cámara en medio de la protesta de los residentes de Miami Beach y otras comunidades costeras.
La propuesta que pronto pudiera ser firmada por el gobernador ahora eximiría a St. Augustine, Cayo Hueso, la ciudad de Palm Beach y los edificios a lo largo de Ocean Drive en South Beach, dijo el martes 5 de marzo el patrocinador de la Cámara Spencer Roach, republicano de North Fort Myers, durante el debate sobre el proyecto de ley.
Pero muchos edificios de los barrios de Mid-Beach y North Beach de Miami Beach pudieran verse afectados. Entre ellos están los hoteles Art Decó de Collins Avenue, como el Faena, el Sherry Frontenac, el Casablanca y el Carillon.
La legislación también limitaría el poder de las juntas locales de conservación histórica, como la de Miami Beach, que tiene autoridad para decidir si las estructuras históricas pueden demolerse y exigir que se conserven ciertos elementos cuando se reconstruyan. Unos 2,600 edificios de Miami Beach forman parte de distritos históricos designados localmente.
Los proponentes del proyecto de ley dicen que los cambios son cruciales para garantizar la seguridad de los edificios y la resiliencia contra las inundaciones cerca de la costa de la Florida, y que los gobiernos locales a veces pueden frustrar ese objetivo al impedir que las viejas estructuras sean derribadas.
“El problema que estamos tratando de resolver es que tenemos algunas jurisdicciones locales donde el órgano de gobierno –y a veces es incluso subcontratando a una junta histórica local, que en algunos casos actúa como una comisión de zonificación de facto– [está] negando arbitrariamente el permiso de alguien para demoler una estructura y reconstruir una nueva estructura”, dijo Roach durante el debate del martes. “Lo que estamos intentando eliminar es la injusticia de que una comisión de gobierno incumpla su propio estándar de zonificación de forma arbitraria y caprichosa”.
Roach subrayó que su legislación no anula los requisitos locales de zonificación y que cualquier estructura nueva que se construya en lugar de una que se derribe tendría que ajustarse a la normativa local. (Otra legislación conocida como Ley Vive Local, que entró en vigor el año pasado y fue revisada durante el período de sesiones legislativas de este año, sí permite a los urbanizadores eludir la zonificación local si aceptan construir viviendas para la fuerza laboral).
Cuatro republicanos de la Cámara votaron en contra del proyecto, entre ellos Fabián Basabe de Miami Beach y Linda Chaney de St. Pete Beach. Varios demócratas de Miami-Dade y Tampa también votaron en contra: Christopher Benjamin y Felicia Robinson de Miami Gardens, Kevin Chambliss de Homestead, Ashley Gantt de Miami, Dotie Joseph de North Miami, Michele Rayner y Lindsay Cross de St. Petersburg, así como Susan Valdés, Dianne Hart y Fentrice Driskell de Tampa.
Cross dijo el miércoles que le preocupa que el proyecto de ley de Roach tenga un impacto negativo en las comunidades costeras y obligue injustamente a los gobiernos locales a permitir la máxima altura y densidad permitidas para las nuevas estructuras después de derribar un edificio antiguo. Dijo que se debería dar a las ciudades más flexibilidad y la oportunidad de demostrar que están adoptando “medidas de sentido común” para protegerse de las tormentas y las inundaciones.
“Elevar los estándares de edificación para las nuevas construcciones es realmente lo correcto, pero no todo tiene que construirse con la altura y el tamaño máximos”, dijo Cross.
Daniel Ciraldo, director ejecutivo de la Miami Design Preservation League, que aboga por la conservación de las estructuras Art Decó en Miami Beach, dijo que el proyecto de ley es el ejemplo más reciente de cómo los legisladores de Tallahassee impiden a los gobiernos locales tomar decisiones sobre sus propias comunidades.
“Creemos que la planificación comunitaria local y la creación de consenso es la mejor manera de hacer que una comunidad sea resiliente”, dijo Ciraldo en una entrevista el miércoles. “Esta gente de Tallahassee está redactando leyes que afectan a lugares de todo el estado en los que no viven”.
¿Qué zonas se verán afectadas?
La legislación aplicaría a los edificios que están al menos parcialmente en el lado del mar de la línea de control de la construcción costera del estado, un límite que abarca la costa y está destinado a restringir la construcción cerca de las playas. Esos edificios pudieran ser objeto de demolición en tres casos: si no cumplen los códigos de inundación de la FEMA, si son considerados inseguros por un funcionario local de construcción o si un gobierno local ordena su demolición.
Quedan exentos de la nueva normativa las viviendas unifamiliares; los edificios inscritos individualmente en el Registro Nacional de Lugares Históricos, como el Fontainbleau de Miami Beach; los edificios situados en distritos históricos inscritos en el Registro Nacional de Lugares Históricos antes de 2000, como el Distrito Arquitectónico de Miami Beach en South Beach, y los edificios situados en islas barrera con menos de 10,000 habitantes.
La semana pasada, el Senado de la Florida aprobó el proyecto de ley con solo dos votos en contra: Shevrin Jones, demócrata de West Park, cuyo distrito incluye partes de Miami Beach, y Lori Berman, demócrata de Boynton Beach. El senador Jason Pizzo, demócrata de Miami, y la senadora Tracie Davis, demócrata de Jacksonville, no votaron.
Jones había propuesto una enmienda solicitada por la Miami Design Preservation League que habría eliminado la disposición que dice que los edificios costeros pudieran ser demolidos si no cumplen con los estándares de la FEMA para materiales resistentes a las inundaciones y estructuras elevadas en zonas vulnerables. Los conservacionistas afirman que pocos edificios históricos cumplen esas normas.
El patrocinador del proyecto de ley del Senado, Bryan Ávila, republicano de Miami Springs, calificó la enmienda de “poco amistosa” antes de que fracasara.
Líderes de Miami Beach contraatacan
En una audiencia de comité el mes pasado, el comisionado municipal de Miami Beach Alex Fernández dijo que el sistema vigente en la ciudad no necesita ser cambiado. Las autoridades de Miami Beach han colaborado con los propietarios de edificios históricos para revitalizar varias joyas del Art Decó, como la renovación de $500 millones de The Raleigh y la de $85 millones del Shelborne.
El martes se rechazó una enmienda que habría permitido a los gobiernos locales considerar el impacto de una nueva urbanización en una determinada zona costera. Johns, dijo que la demolición de las estructuras costeras no es siempre el mejor enfoque.
“Construir de nuevo más grande y más fuerte no es la mejor solución en todos los lugares en nuestras zonas costeras de alto riesgo, pero es sin duda un paso adelante en algunas áreas”, dijo Stevenson. “La construcción intensiva en nuestra costa vulnerable es una de las razones por las que estamos experimentando [altos] costos de los seguros”.
Ciraldo, director de la Miami Design Preservation League, reconoció que la legislación es “mucho más limitada” que una versión propuesta originalmente por Ávila, que habría afectado a los edificios situados a media milla de la costa en lugar de solo a los situados al este de la línea de control de la construcción costera.
Aun así, Ciraldo se mostró preocupado por la “arbitrariedad” de las excepciones y especificaciones del proyecto de ley, o por la posibilidad de que su objetivo sea beneficiar a determinados urbanizadores. Un grupo sin ánimo de lucro llamado A Resilient Future Florida ayudó a redactar la legislación el año pasado, según los registros obtenidos por el reportero Jason García, y ha contratado a una empresa de cabildeo y donado $40,000 a comités políticos que apoyan a legisladores republicanos.
No está claro quién financia al grupo, que fue constituido en marzo pasado por la abogada de Tallahassee especializada en elecciones Natalie Kato y que tiene como directivos a dos residentes de Jacksonville, Joey McKinnon y Casey Hendershot. Los tres se han negado a responder a preguntas sobre la entidad.
