Protestas del 11J atrajeron atención mundial sobre Cuba pero la crisis de derechos humanos continúa

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Un año después de las mayores manifestaciones antigubernamentales en Cuba en varias décadas, cientos de personas seguían detenidas en espera de juicio o en prisión por gritar “Patria y Vida” y “Libertad”.

Pero las protestas del 11 de julio, y la feroz represión que siguió, arrojaron luz sobre la lucha del pueblo cubano por la libertad, llamaron la atención internacional sobre la crisis de derechos humanos en la isla y movilizaron a los cubanos de todo el mundo en apoyo de los esfuerzos de democratización.

“Las protestas en todo el país del 11J marcaron un antes y un después en la historia de Cuba, demostrando a la comunidad internacional que los cubanos quieren la libertad, el fin de la dictadura, y estaban dispuestos a arriesgar la vida para obtenerla”, dijo John Suárez, el director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre, una organización de derechos humanos con sede en Washington.

“Al mismo tiempo, La Habana mostró que estaba dispuesta a usar la violencia, incluida la fuerza letal, para silenciar a todos estos ciudadanos que pedían cambios”, dijo.

Hasta el día de hoy, la muerte de Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, un hombre negro baleado por la policía y la única víctima oficial reportada por el gobierno, sigue sin resolverse, y el oficial infractor no ha sido sancionado.

En un detallado informe, Justicia 11J y Cubalex, dos grupos que han verificado los arrestos y juicios de los manifestantes, dijeron que confirmaron las identidades de otras cuatro personas que fueron baleadas y heridas por la policía durante la protesta, incluido un adolescente de 16 años.

El gobierno cubano no ha dicho cuántas personas arrestó la policía en relación con el estallido social. Aún así, los dos grupos independientes han documentado al menos 1,484 detenciones, incluidas las de 57 adolescentes menores de 18 años. Unas 700 personas permanecen en la cárcel, y otras 622 ya habían sido juzgadas, en procesos judiciales sin el debido proceso, según testimonio de familiares y varios documentos legales obtenidos por los activistas.

Pero la violencia estatal no terminó con los arrestos. Según el informe, los presos sufrieron represalias y palizas mientras estaban en prisión y se les negó tratamiento médico, mientras que sus familias sufrieron hostigamiento e intimidación.

“Hemos registrado formas de represalia como traslados repentinos, desapariciones forzadas temporales, aislamiento, aislamiento, incomunicación, golpizas y violencia física con fines coercitivos y otras formas sistemáticas de tortura que realizan contra la población reclusa en general”, dijo la abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex en un evento la semana pasada organizado por Freedom House para presentar el informe.

Los datos recopilados por Justicia 11J y Cubalex han ayudado a organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Freedom House a realizar sus propias investigaciones y amplificar la denuncia de la represión del gobierno.

“Estos patrones de represión que hemos visto a partir del 11J del año pasado son parte de una política sistemática y generalizada de represión que ha violentado masivamente los derechos humanos del pueblo cubano por décadas y que en los últimos años se ha venido a profundizar precisamente por el silencio cómplice de la comunidad internacional,” dijo Erika Guevara, directora para América Latina de Amnistía Internacional, en el evento.

Golpe a la oposición

El severo castigo a los manifestantes y las leyes y regulaciones recientes aprobadas por el gobierno para sofocar la disidencia han creado una crisis de derechos humanos que ayudó a desencadenar uno de los mayores éxodos de cubanos desde que Fidel Castro asumió el poder en 1959, concluyó un informe de Human Rights Watch.

Más de 140.000 cubanos han sido detenidos en las fronteras terrestres de Estados Unidos desde octubre del año pasado y otros 3.067 en el mar, un éxodo masivo en proporciones no vistas en varias décadas.

Entre los obligados a exiliarse se encuentran muchos de los disidentes, artistas, empresarios, académicos y periodistas que habían contribuido en los últimos años a organizar a la sociedad civil en defensa de las libertades civiles y políticas en el país.

Las protestas del 11 de julio no pueden verse de manera aislada, sino en el contexto de hechos anteriores que contribuyeron a este estallido popular, dijo Suárez.

“La escalada de protestas no violentas del Movimiento San Isidro en noviembre de 2020 condujo a la manifestación masiva frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre de 2020”, recordó. “La canción Patria y Vida, que denunciaba el carácter dictatorial del régimen cubano y fue cantada por los cubanos por las calles de la isla durante las protestas de julio, demuestra también la fuerza y profundidad del anhelo de libertad”.

Otra iniciativa de la sociedad civil posterior a las manifestaciones de julio, una marcha por la libertad propuesta por el grupo Archipiélago en noviembre pasado, atrajo una importante atención internacional, pero fue frustrada por una extensa operación de las fuerzas de seguridad cubanas. Aún así, los debates en torno a la marcha propuesta ayudaron a muchos cubanos a darse cuenta de que “manifestarse es un derecho”, dijo una de sus organizadoras, la activista Saily González.

La propuesta de marcha fue recibida con una feroz represión. Diversent dijo que 103 personas fueron arrestadas y 11 aún estaban detenidas o fueron enviadas a prisión después de juicios sumarios.

Las autoridades cubanas también utilizaron las protestas del 11 de julio para encarcelar a muchas figuras destacadas de la disidencia, como los líderes del Movimiento San Isidro, el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero ganador del premio Grammy Maykel ‘Osorbo’ Castillo, así como el líder de la Unión Patriótica Cubana, el disidente de larga data José Daniel Ferrer.

El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas envió una carta la semana pasada al gobierno cubano instándolo a informar a la familia de Ferrer sobre su paradero. Su última comunicación, una llamada telefónica desde una prisión de Santiago de Cuba, fue el 4 de junio y sus familiares no saben nada de él desde ese día.

Activistas cercanos a Otero Alcántara dijeron que está nuevamente en huelga de hambre y que él y Castillo se han negado a apelar sus condenas a cinco y nueve años de prisión, respectivamente.

Reconocido artista cubano y músico ganador del Grammy sentenciados a prisión en Cuba

Las detenciones, los exilios forzados y el constante hostigamiento de la seguridad del Estado han debilitado el movimiento de oposición interna en Cuba. Pero el potencial de una mayor inestabilidad permanece en la isla, ya que los cubanos siguen teniendo muchos dificultades para obtener alimentos y electricidad y satisfacer las necesidades más básicas.

“La situación en Cuba es insostenible”, dijo González. “Hay apagones, escasez de alimentos, inflación, y eso no se arreglará en los próximos meses ni en el próximo año, lo que abre la posibilidad de un nuevo estallido social. Pero lo que mucha gente en Cuba quiere ahora es emigrar, salir del país. Estamos en medio de un éxodo masivo”.

González, una emprendedora cubana convertida en activista, también se vio obligada a exiliarse después de meses de hostigamiento del gobierno que incluyó un llamado “acto de repudio” frente a su casa en Santa Clara.

Ahora vive en Miami pero se resiste a la idea de que “este sea otro ciclo de activismo en Cuba que se ha cerrado”.

“Yo personalmente creo que este es el momento de seguir, de empoderar a la gente que todavía está adentro pero también de seguir haciendo desde el exilio”, dijo.

Mayor escrutinio

A pesar del golpe al movimiento disidente, los titulares sobre las protestas, los juicios y las largas condenas impuestas a los manifestantes han suscitado la condena internacional y renovado la atención sobre la situación de los derechos humanos en la isla.

Los gobiernos europeos reacios en el pasado a criticar a La Habana han emitido fuertes declaraciones condenando la represión. Los cubanos que viven en Estados Unidos y otros países se han involucrado en discusiones sobre cómo apoyar a los que permanecen en la isla. Incluso en las Naciones Unidas, donde décadas de diplomacia del gobierno cubano han frustrado la condena a la falta de libertades en la isla, algunos comités han emitido raras críticas al trato del gobierno a los menores y otros presos políticos.

El presidente Joe Biden ha sancionado a varias agencias de seguridad, funcionarios y jueces cubanos involucrados en la represión y ha anunciado algunas medidas para aumentar la migración legal desde Cuba. Pero el senador cubanoamericano Bob Menéndez de Nuevo Jersey, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que Estados Unidos debería hacer más para apoyar “el deseo de libertad del pueblo cubano”.

“Desde julio de 2021, el régimen ha llevado a cabo cientos de juicios falsos, endureció las restricciones de Internet y aprobó un nuevo código penal draconiano”, dijo Menéndez. “El pueblo cubano ha respondido a las tácticas intimidatorias y opresivas del régimen abandonando la isla en cifras históricas, una tendencia que subraya la gravedad de la crisis en Cuba. Aunque la administración de Biden hizo bien en imponer cuatro rondas de sanciones dirigidas a los malos actores del régimen, se necesitan mayores esfuerzos dada la absoluta falta de justicia y libertad en Cuba”.

Menéndez dijo que la administración debería tomar medidas adicionales, incluida la ayuda al pueblo cubano para asegurar el acceso sin restricciones a Internet, “aumentar la presión internacional sobre el régimen para que libere a los presos políticos y trabajar para romper el dominio de los oligarcas militares sobre la economía cubana”.

En Estados Unidos, la Asociación Cubano Americana de Abogados presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un brazo independiente de la Organización de los Estados Americanos, en nombre de 42 disidentes, incluidos Ferrer y Otero Alcátara. Actualmente están trabajando para incluir otros once, dijeron representantes de la organización al Herald.

La petición de CABA “en apoyo a estos valientes hombres y mujeres que salieron a las calles para reclamar sus derechos a la libertad de expresión, libre asociación y autodeterminación tiene como objetivo confirmar al régimen cubano que su continua represión de sus ciudadanos será expuesta y denunciada ante la comunidad internacional y que su carácter brutal y criminal no debe ser tolerado por las naciones democráticas”, dijo la organización.

Si bien este tipo de iniciativas en su mayoría tienen un peso simbólico, dado que el gobierno cubano generalmente rechaza o ignora las solicitudes de las organizaciones internacionales, tal defensa impide que el gobierno cubano “borre” las voces de los disidentes cubanos del discurso público, dijo el comunicado de CABA.

Pero las actividades de derechos humanos creen que la respuesta de la comunidad internacional no ha estado a la altura del momento y que se necesitan acciones más fuertes, no declaraciones.

“Creo que América Latina y la comunidad internacional le deben un mea culpa a los cubanos”, dijo Juan Pappier, investigador principal para América Latina de la Fundación de Derechos Humanos. “La respuesta de la comunidad internacional hasta ahora ha sido un fracaso y ha permitido que estos manifestantes se sientan abandonados y ha permitido que una dictadura prospere y continúe durante décadas”.

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